Según informó la organización, a 13 años de su promulgación, ningún departamento adecuó plenamente su normativa interna contra la violencia política hacia mujeres
Fuente: correodelsur.com
Un boletín informativo difundido por la Coordinadora de la Mujer revela que, a más de 13 años de la promulgación de la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, ningún gobierno autónomo departamental del país ha cumplido plenamente con la adecuación de su normativa interna, una obligación clave para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres en el ámbito subnacional.
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El documento señala que la mayor vulneración de estos derechos se concentra precisamente en los niveles departamental y municipal, donde persisten vacíos institucionales y la ausencia de mecanismos internos claros para prevenir, atender y sancionar hechos de acoso y violencia política.
De acuerdo con los datos incluidos en el boletín, entre 2012 y 2025 el Ministerio Público procesó 928 denuncias por violencia política; sin embargo, solo ocho casos llegaron a sentencia, mientras que el 91 % fue cerrado, según información difundida por la Defensoría del Pueblo en octubre de 2025.
El estado de situación fue analizado en una reunión de alto nivel realizada en noviembre pasado, convocada por la Coordinadora de la Mujer junto a AMADBOL, ACOBOL, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En ese encuentro, autoridades de los gobiernos autónomos departamentales, principalmente de los órganos legislativos, asumieron el compromiso de acelerar la adecuación de sus reglamentos internos y códigos de ética conforme a la Ley 243 antes de concluir su gestión.
El boletín detalla que solo Chuquisaca y Cochabamba cuentan con procedimientos específicos para la atención de casos de acoso y violencia política contra mujeres asambleístas. Asimismo, únicamente cinco departamentos —Potosí, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija— disponen de comisiones de ética en sus asambleas legislativas.
En materia de adecuación normativa, Chuquisaca es el único departamento que incorporó la Ley 243 en su normativa legislativa, mientras que solo Chuquisaca y Santa Cruz realizaron esta adecuación en el órgano ejecutivo departamental, posicionando a Chuquisaca como el departamento con mayores avances.
A nivel nacional, el boletín también reporta que la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) registró 1.050 denuncias de acoso y/o violencia política entre 2015 y noviembre de 2025, mientras que el TSE contabilizó 386 denuncias entre 2016 y septiembre de 2025, principalmente en La Paz y Cochabamba.
Finalmente, la Coordinadora de la Mujer remarca que la articulación interinstitucional, con apoyo de la cooperación internacional, busca fortalecer la aplicación efectiva de la Ley 243 desde los gobiernos subnacionales y avanzar hacia órganos legislativos y ejecutivos libres de violencia política contra las mujeres.
