El presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción, Raúl Soláres, explicó que factores como los elevados costos de transferencias internacionales, la escasez de combustible y los bloqueos han impactado directamente en el precio de los materiales importados, situación que se agravó aún más durante la gestión 2025 y que ahora también afecta a los insumos de producción nacional.
Fuente: ANF / La Paz
Constructores de distintos puntos del país se movilizaron este martes en el Prado de la ciudad de La Paz en demanda de un reajuste de precios en los contratos de obras públicas, ante el incremento sostenido de los costos de materiales, combustibles y servicios. El sector advirtió que, de no recibir una respuesta del Gobierno, radicalizará sus medidas de presión con la salida de maquinaria pesada a las calles.
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El presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción, Raúl Soláres, explicó que factores como los elevados costos de transferencias internacionales, la escasez de combustible y los bloqueos han impactado directamente en el precio de los materiales importados, situación que se agravó aún más durante la gestión 2025 y que ahora también afecta a los insumos de producción nacional.
“A partir del retiro de la subvención, se ha roto completamente la ecuación económica de los proyectos. En estas condiciones es imposible continuar, por lo que necesitamos una solución para equilibrar la situación”, señaló Soláres, al indicar que la inversión pública del Estado supera los 4.000 millones de dólares, lo que refleja la magnitud de las obras paralizadas a nivel nacional.
Desde el sector, la principal propuesta es la emisión de un decreto supremo de rentabilidad económica y adecuación de precios, que permita actualizar los costos de los contratos vigentes conforme a la realidad del mercado.
Por su parte, el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Pascual Velásquez Osorio, manifestó su preocupación por la situación crítica que atraviesa el sistema constructivo nacional. Indicó que los precios de los materiales se incrementaron entre un 25% y un 40%, haciendo insostenible la continuidad de numerosos proyectos y provocando la paralización de obras y el desempleo de ingenieros y trabajadores del sector.
Velásquez explicó que el decreto solicitado serviría como respaldo legal para que las entidades públicas autoricen el ajuste de precios en los contratos. Como ejemplo, mencionó que el precio del cemento pasó de 46 a cerca de 90 bolivianos en pocos meses, lo que representa un incremento cercano al 100% y genera un fuerte desequilibrio económico en los proyectos en ejecución.
Aunque no se cuenta con una cifra oficial de empresas cerradas, el dirigente estimó que cerca del 80% de las obras ya se encuentran paralizadas o en proceso de paralización, lo que pone en riesgo alrededor de un millón de fuentes laborales que dependen del sector de la construcción.
Finalmente, los constructores advirtieron que, si el Gobierno no brinda una respuesta inmediata, las movilizaciones se intensificarán en todos los departamentos del país, con la salida de equipos, maquinaria y herramientas de trabajo como medida de presión.