En Bolivia ya no hay espacio para “expertos” que ayudaron a consolidar la dictadura y hoy se disfrazan de víctimas cuando se les pide rendir cuentas.
José Luis Exeni. Foto RRSS.
Javier Torres
Ahora, más que nunca, Bolivia enfrenta el reto de hacer coherente su transición: desmontar 20 años de dictadura narcovinculada y, al mismo tiempo, consolidar una democracia plena que respete la dignidad del Estado y de sus autoridades legítimas. Esa reconstrucción no es lineal ni pacífica; implica choques con viejas estructuras, actores que añoran el pasado y una ciudadanía que exige que la voluntad popular no vuelva a ser burlada.
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Un episodio que desnuda el viejo poder
La figura de José Luis Exeni no es neutra en la memoria política boliviana. Fue presidente del Tribunal Supremo Electoral en tiempos en que el MAS consolidaba su hegemonía y se acumularon serias irregularidades y cuestionamientos sobre la transparencia del sistema electoral. No se trata solo de opiniones personales; Exeni forma parte de la arquitectura política que permitió a una dictadura narco vinculada alargar su permanencia en el poder bajo el ropaje de la “democracia formal”.
Que hoy, desde un espacio vinculado a la cooperación internacional, se permita insultar a miembros del gobierno boliviano y descalificarlos como “cipayos” revela algo más profundo: el desprecio de ciertos cuadros del viejo régimen por las nuevas autoridades emanadas de la voluntad popular. Y pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto, actores que facilitaron el fraude y la manipulación institucional pueden seguir operando en Bolivia como si nada hubiera pasado?
Exeni y la COB: dos caras de la misma intransigencia
La reacción de Exeni no es un hecho aislado; es el rostro “técnico” y “académico” de la misma intransigencia con la que hoy algunos dirigentes de la COB intentan arrinconar al nuevo gobierno. El expresidente del Órgano Electoral que apuntaló al MAS descalifica a las nuevas autoridades como “cipayos”, mientras una dirigencia sindical, aún capturada por el masismo, responde al ajuste del subsidio a los combustibles con paros, bloqueos y la consigna del “todo o nada”.
En ambos casos, el patrón es idéntico: desconocer en los hechos el mandato de un pueblo que derrotó a la dictadura narco vinculada y bloquear cualquier intento de reforma que toque los privilegios construidos durante los últimos 20 años. Exeni lo hace desde el discurso, usando el insulto para colocar al gobierno como “entregado” frente al viejo relato “antiimperialista”; la COB lo hace desde la calle, usando la amenaza de paralizar el país si antes no se abroga completamente el decreto que ajusta un subsidio fiscalmente insostenible heredado del modelo Morales–Arce.
Responsabilidad de la cooperación extranjera
La cooperación alemana, en sus distintas agencias y fundaciones, trabaja en Bolivia bajo marcos bilaterales claros y con el mandato explícito de contribuir al desarrollo y al fortalecimiento institucional, no de intervenir en la política interna ni mucho menos de proteger a operadores del pasado autoritario.
Cuando uno de sus funcionarios —o exautoridades electorales que ahora orbitan en esos espacios— se dedica a agraviar al gobierno boliviano y a alinearse discursivamente con la dictadura derrotada, ya no es un problema de “libertad de expresión individual”, sino de coherencia institucional.
No se pide censura, se exige responsabilidad. La mínima respuesta de cualquier institución seria debería ser una revisión inmediata de la relación contractual, del estatus migratorio del funcionario y de la compatibilidad de su conducta con los principios de neutralidad y respeto al Estado receptor. La cooperación que insulta a Bolivia, a su gobierno legítimo y al pueblo que derrotó sin ayuda militar ni externa a una dictadura narco vinculada deja de ser cooperación y se convierte en interferencia.
De la indignación a las vías legales
Sin embargo, la salida no puede ser la del linchamiento verbal ni la inflación de figuras penales usadas como adjetivo. Hablar de “traición a la patria” exige anclar la acusación en hechos concretos, tipificación clara y respeto a las garantías del debido proceso; de lo contrario, se cae en el mismo abuso discursivo que caracterizó al Estado Plurinacional cuando usaba la justicia como arma política.
Lo responsable en una transición que quiere ser distinta es documentar antecedentes, abrir investigaciones formales, cuando corresponda, y exigir que la diplomacia y las instituciones bolivianas actúen con firmeza y seriedad.
Más que repetir los vicios del pasado, Bolivia tiene la oportunidad de marcar un estándar nuevo: ningún actor que haya contribuido a fraudes electorales o a la manipulación institucional podrá esconderse detrás del escudo cómodo de la cooperación internacional. Y ninguna agencia de cooperación podrá seguir operando en el país si tolera en sus filas a quienes desprecian abiertamente la decisión soberana del pueblo boliviano.
Bolivia ya decidió su rumbo
El fondo de este debate es sencillo y contundente: Bolivia decidió, con voluntad popular y sin ayuda militar ni externa, poner punto final a 20 años de dictadura narco vinculada. Esa decisión no solo obliga al desmontaje interno de estructuras corruptas; obliga también a poner en su sitio a los actores externos y a sus operadores locales que aún se creen con licencia para tutelar la democracia boliviana.
Defender al gobierno actual frente a insultos y operaciones del viejo régimen no es adhesión incondicional; es defensa de la soberanía y del mandato popular que abrió un nuevo ciclo. En esa defensa, la indignación ciudadana es legítima, pero solo será eficaz si se traduce en acciones legales bien fundadas, en exigencias claras a la cooperación extranjera y en una narrativa firme: en Bolivia ya no hay espacio para “expertos” que ayudaron a consolidar la dictadura y hoy se disfrazan de víctimas cuando se les pide rendir cuentas.
Javier Torres fue Ministro de Salud y Deportes.