La autoprórroga de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) entre 2023 y 2025 no fue un “lapso desafortunado”: fue un golpe silencioso contra el corazón mismo del Estado democrático de derecho. En términos sencillos y contundentes, lo que sucedió no solo dañó la institucionalidad boliviana —lo desfiguró.
En un Estado de derecho, incluso el que se define como plurinacional y democrático, el poder no pertenece a quienes lo detentan hoy sino a las reglas que organizan su ejercicio y su recambio. El TCP, en lugar de custodiar esas reglas, decidió reescribirlas a su favor. Al autoprorrogar sus mandatos con la DCP 0049/2023, el tribunal dejó de ser árbitro para convertirse en actor. Y no un actor cualquiera: un actor que se adjudica funciones que la propia Constitución no le confiere.
Esto no es un debate académico: es un hecho político y jurídico de enorme gravedad. La norma suprema —la Constitución— fija plazos, procedimientos y límites. Los magistrados no están ahí para perpetuarse, sino para interpretar y aplicar la ley dentro de marcos temporales claros. Cuando un órgano judicial decide que esos límites no se aplican a sí mismo, el principio de supremacía constitucional deja de operar y se convierte en una ilusión retórica.
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La gravedad del fenómeno se hace aún más evidente cuando se coloca dentro del contexto boliviano plurinacional. En un sistema que reconoce la coexistencia de múltiples ordenamientos jurídicos —incluido el derecho indígena originario campesino—, la decisión de los “autoprorrogados” no solo violó textos constitucionales; ignoró por completo los principios culturales y democráticos que sustentan el pluralismo jurídico. No hubo debate intercultural, no se consultó a las organizaciones sociales ni se evaluó el impacto sobre las autonomías indígenas. Fue una decisión vertical, excluyente y profundamente autoritaria.
Más allá de la letra de la ley, el efecto real fue devastador:
- Se socavó la confianza pública en la justicia.
- Se rompió el equilibrio entre poderes.
- Se legitimó que una élite judicial decida sobre su propia continuidad sin control externo.
Esto no puede verse como “una mala interpretación técnica”. Fue una maniobra política disfrazada de decisión jurídica, que se instaló en la práctica como auténtica usurpación de funciones. En cualquier sistema serio de derecho constitucional, esta clase de conducta se traduce en censura, reformas profundas y mecanismos de rendición de cuentas.
Si Bolivia aspira a consolidar un constitucionalismo serio, plural y democrático, este episodio debe servir como alerta histórica: no hay Estado de derecho sin límites, ni justicia independiente sin responsabilidad. Y mucho menos puede haber supremacía constitucional cuando quienes deben interpretarla se convierten en sus primeros transgresores. Esto no solo fue nefasto: fue un atentado institucional que debe ser comprendido, criticado y, sobre todo, corregido y severamente sancionado
Autor: Carlos A. Pol Limpias, Abogado con Doctorado en Derecho con mención en Sistema Jurídico Plural