El financiamiento sindical en Bolivia ha transitado, a lo largo de más de ocho décadas, desde un esquema basado en aportes voluntarios de los trabajadores hacia un sistema de descuentos obligatorios por planilla, respaldado y ejecutado por el Estado.
Fuente: ANF
Este modelo, hoy cuestionado, volvió al centro del debate público luego de que el presidente Rodrigo Paz anunciara cambios normativos para que los aportes sindicales sean voluntarios y estén sujetos a rendición de cuentas.
El origen de este sistema se remonta a la Ley General del Trabajo de 1942, que reconoció el derecho a la organización sindical y permitió que los sindicatos cuenten con patrimonio propio financiado por sus afiliados. Nueve años después, el Decreto Ley 2762 de 1951 dio un paso clave al obligar a las empresas a descontar por planilla las cuotas voluntarias destinadas a la “Caja Social del Sindicato”, bajo la condición de que estos recursos sean depositados en el Banco Central de Bolivia o en entidades financieras cercanas.
La institucionalización de la cuota llegó en 1965 con el Decreto Ley 07204, que estableció la obligación de todos los afiliados de aportar una cuota mensual de hasta el 0,5% de su salario, descontada directamente por el empleador. Cualquier contribución adicional debía ser aprobada en asamblea general, reforzando formalmente la decisión colectiva, aunque consolidando la retención obligatoria.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El esquema no estuvo exento de retrocesos. A partir de 1995 se prohibieron los descuentos por planilla para sindicatos, aunque en 1997 se restablecieron de manera temporal para el magisterio tras intensas negociaciones derivadas de huelgas. Finalmente, en 2009, el Decreto Supremo 106 formalizó nuevamente el descuento permanente del 1% del haber básico para los docentes, sistema que continúa vigente.
En la actualidad, el financiamiento sindical se sostiene en una red de decretos —como los DS 106, 4500 y 4710— que respaldan los recursos de la Central Obrera Boliviana (COB) y sus organizaciones afiliadas. Entre ellos figura un aporte anual obligatorio de Bs 2 para todos los afiliados a la COB, distribuido entre la dirección nacional y las instancias regionales.
Estos recursos se recaudan principalmente mediante descuentos por planilla, donde empleadores públicos y privados actúan como agentes de retención. A ello se suman mecanismos internos como la caja de resistencia y capacitación —a la que la COB destina el 30% y 20% de sus ingresos, respectivamente— y la declaratoria en comisión, que permite a dirigentes sindicales percibir el 100% de su salario sin desempeñar su función laboral habitual.
Esta estructura revela una relación estrecha entre sindicatos y Estado. El aparato estatal no solo ejecuta los descuentos mediante decretos, sino que también ejerce funciones de fiscalización a través del Ministerio de Trabajo. Si bien los sindicatos conservan autonomía relativa para definir el uso de los fondos, el respaldo normativo estatal ha sido clave para su sostenimiento.
En este contexto, el presidente Rodrigo Paz anunció este lunes, durante la inauguración del año judicial en Sucre, que impulsará modificaciones legales para eliminar la obligatoriedad de los aportes sindicales. “Si usted aporta, después le tienen que rendir cuentas. ¿Dónde se han gastado esos dirigentes la platita que alguien ha aportado de su salario?”, cuestionó.
Paz sostuvo que estos recursos “son utilizados para atacar a la democracia” y reveló que al menos 50 dirigentes sindicales perciben ingresos anuales que alcanzarían los 18 millones de dólares, amparados en fueros sindicales. Según afirmó, esos fondos financian movilizaciones que afectan la estabilidad y la tranquilidad del país.
Las declaraciones se producen en medio de las protestas de la COB contra el Decreto Supremo 5503 de Emergencia Económica. La organización, liderada por Mario Argollo, marchó desde Calamarca hasta La Paz y mantiene movilizaciones, piquetes y huelgas de hambre.
/FC/