La pasada semana el sobrevuelo del helicóptero con el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, personeros de organismos internacionales y autoridades de la FELCN, sobre el espacio aéreo del Trópico de Cochabamba durante tres horas y medio, ha tenido el objetivo de detectar plantaciones de coca, ilegal, sembradíos no autorizados, laboratorios de cocaína incinerados y pistas clandestinas destruidas.
El operativo calificado de vigilancia y responsabilidad del Estado, sobrevoló las regiones de Chimoré, Lauca “´Ñ” y otras comunidades, donde las seis federaciones de cocaleros liderizadas por el expresidente Evo Morales, ejercen intensa actividad en la producción de coca, que según el viceministro Ernesto Justiniano Urenda, entre el 90 al 95% de la producción está destinada al narcotráfico.
La producción de la coca en el Trópico de Cochabamba se calcula que de 7.000 hectáreas se ha incrementado a 14.000, esa ilegalidad representa la producción de 400 toneladas de cocaína base o clorhidrato de cocaína. La cantidad incontrolada desde la expulsión de la DEA de Bolivia por disposición de Evo Morales en ejercicio de la presidencia, constituye una amenaza para la salud de los bolivianos, y atrae la presencia de carteles con estructuras y rutas internacionales de comercialización y lavado de dinero.
La sombra del narcotráfico en Bolivia ha cobrado el aumento de ajustes de cuenta entre el poder narcoterrorista y sus tentáculos han penetrado hasta esferas de decisión del poder central del Gobierno del MAS. El despliegue de seguridad que ofrecía el exzar de Bolivia, Maximiliano Dávila, a los carteles de Marset y otros, constituye la afrenta superlativa a la dignidad del pueblo boliviano y al Estado de derecho. Como si no hubiera fiscales y jueces en Bolivia, el exzar enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos y se conoce que se ha abierto a negociar la pena comprometiéndose a colaborar, lo que supone que podrían verse involucrados personeros del Ejecutivo de 2019.
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El patrón de tolerancia de la justicia hacia miembros y autoridades del `poder de los 20 años, recrudece con el caso de Felipe Cáceres, exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Evo Morales desde 2006 hasta 19 de octubre de 2019, que pese a ser encontrado en su propiedad con un laboratorio de cristalización de cocaína que producía 2 toneladas por semana, continua en libertad sin que se haya ordenado una auditoría al proceso por el Consejo de la Magistratura o del Tribunal Supremo de Justicia.
En noviembre del 205 en el Departamento del Rosario de la Frontera en Argentina, como consecuencia del siniestro de una avioneta con matrícula boliviana dos personas fueron detenidas por las autoridades policiales, incautando 136 kilos de droga, más la cantidad de droga acopiada en paquetes de forma de ladrillo bajo la tierra, hizo un total de 364 kilos de cocaína, lo que llama la atención que el terreno convertido en el infierno de la droga, no haya sido descubierto ni en origen ni en destino de no haberse producido el infortunio aéreo. Está demostrado que los sistemas de inteligencia especial y lucha contra el narcotráfico están fallando, probablemente por la falta de medios y cooperación para acabar con el narcotráfico.
El viceministro de Defensa Social y Lucha Contra el Narcotráfico, Ernesto Justiniano, afirmó el viernes que el sobrevuelo en el Trópico de Cochabamba permitió identificar lo que falta por realizar, la necesidad de coordinar con distintas instituciones, buscar acuerdos de cooperación internacional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, así como atender las necesidades de la policía boliviana, para que su rol sea más determinante y eficaz en las zonas de control de la droga. Sin duda que la cooperación internacional, sea de EE.UU. o de la Unión Europea, permitirá contar con más equipos y tecnología para autotransportes y sobrevuelos en la región del Chapare.
Otro detalle significativo, que probablemente agita al Chapare, fue la aclaración que hizo el viceministro, ante la insistencia de la prensa si la DEA está operando en Bolivia, dijo que, “está y no está” en el país, pero que se continúa trabajando para evaluar el apoyo que requiere la institución policial en tareas de erradicación.
Se conoce que no existe un acuerdo formal con la DEA, sin embargo, existen áreas de estudio importantes con referencia a UMOPAR, servicio de inteligencia, control aeroportuarias y otras asociadas al tema para decidir como podemos complementarnos para situaciones extremadamente difíciles, reafirmó el viceministro.
Las operaciones especiales conjuntas contra el narcoterrorismo con equipos de la cooperación internacional responden a objetivos concretos y dada la capacidad de desarrollo en escenarios peligrosos, sin duda que las estrategias y ejecuciones en zonas rojas de la droga, no necesitan ser anunciadas o comunicadas. El sistema de alertas que funcionaba como práctica de protección a los narcotraficantes y financiadores, parece haber llegado al descarte final, lo que importa en los hechos sentar soberanía allí donde se refugia el discípulo de Nicolás Maduro y que quería convertir a Bolivia en la nueva Cuba. Su claudicación de Morales Ayma a la justicia, no le descarga de otras responsabilidades que no quiere imaginarse, y apuesta por el desastre del bloqueo al país.
El poder del narcotráfico ha incursionado en los bloqueos y en medio de comunicación exclusiva del cocalero y cada vez se extiende en negocios de inmuebles y operaciones oscuras. Estas acciones vulneran el sistema constitucional, dañan el ecosistema con el uso de químicos y residuos tóxicos que se vierten en las riberas de ríos, lagunas y vertientes de agua canalizada para la producción de cocaína y, a su vez, explosiona con amenazas a la unidad y seguridad del Estado (Art. 124.I numerales 2 y 3 de la CPE). Los dinamitazos en ciudades y cerros obstruyendo el derecho a la libre transitabilidad, poniendo en riesgo la integridad física de madres y niños en rutas, configuran la Comisión de delitos como: Daños y destrucción de bienes públicos, conspiración, terrorismo y traición a la patria, al pretender por la fuerza y violencia revertir políticas públicas económicas, sociales dentro del sistema democrático de gobierno (DS. 5503).
Ante este panorama de terror e irracionalidad desmedida, al margen de lo que puede ayudar la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno debe hacer uso de las potestades constituciones para contener el sismo de la violencia minoritaria, articulada y activada por sectores masistas de la región del polvo blanco y, el viceministro de Defensa Social y Lucha contra el narcotráfico en coordinación con los órganos del ministerio público, Tribunal Supremo de Justicia y la ASFI deben proceder a confiscar los activos y eliminar cualquier fuente de financiación ilícita en desarrollo desde hace 20 años, como forma eficaz y contundente de luchar contra los visibles que saquearon y derrumbaron al país.
Kristi Noem, Secretaria de la Seguridad Interior de Estados Unidos, dice: “No hay refugio seguro para los criminales”. Cuando hay esfuerzos y seguridad en los Estados, las aeronaves y flotas fantasmas no se pueden ocultar bajo falsas matrículas y banderas.
Pedro Gareca Perales