Fuente: ANF
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que la situación que atraviesa la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, del departamento de Tarija, refleja un preocupante escenario de criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, reiterando que la defensa de estos temas no puede ser tratada como un delito.
El Defensor recordó que el seguimiento a este caso no es reciente, “…desde la anterior gestión estamos haciendo un seguimiento a esta temática. Inicialmente habíamos incluso, participado en una audiencia con la Comisión Interamericana (CIDH) en ocasión de un primer incidente que ha provocado un proceso contra 12 personas, justamente de la comunidad de Chiquiacá y parte de Tariquía. Y se había denunciado la necesidad de respetar la condición de defensores ambientales”.
Callisaya explicó que el pasado 5 de enero se produjo un nuevo ingreso a la zona por parte de la Policía Boliviana quienes han generado un campamento en una cantidad de 40 efectivos policiales, acompañados también de personal de Petrobras para desarrollar una actividad ya de exploración petrolera, hecho que —remarcó— resulta preocupante debido a que no se habría cumplido adecuadamente el proceso de consulta pública.
En ese sentido, precisó que “llama la atención el hecho de que anteriormente no se hubiese cumplido a cabalidad un proceso de Consulta Pública en el cual no se ha presentado ni el plan de trabajo, ni el estudio de impacto ambiental en forma adecuada, de tal manera que se permita a los comunarios, a la población de Chiquiacá, adoptar una posición informada a este respecto”.
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El Defensor del Pueblo recordó que Bolivia es parte del Acuerdo de Escazú, por lo que obliga a que la población tenga la información necesaria, suficiente, para que pueda adoptar una posición. “Esto no se ha cumplido y por eso surgen algunas posturas, reacciones de la propia población”, indicó, subrayando que estas acciones no pueden ser criminalizadas.
Callisaya alertó además, sobre el inicio de un segundo proceso penal a los comunarios de la zona. “Se ha iniciado un segundo proceso penal por diferentes delitos, asociación delictuosa, atentado contra la libertad de trabajo, atribuirse la representación del pueblo”, afirmó, advirtiendo que esta situación contradice los estándares internacionales de protección.
“El inicio de un segundo proceso penal contra defensores en asuntos ambientales es una muestra negativa acerca del accionar del Estado respecto del estatus que tienen estos defensores”, sostuvo, enfatizando que “no se puede criminalizar la defensa de los Derechos Humanos porque es una defensa por toda la sociedad, por las futuras generaciones también”.
Informó que la institución ya desplegó acciones en el territorio como la verificación de los hechos, además de un acompañamiento también en el lugar a través de la delegación departamental de Tarija, se está haciendo en estos momentos un monitoreo también a las actuaciones dentro de este nuevo proceso penal.
Finalmente, Callisaya reiteró que la salida al conflicto pasa por el respeto a la normativa vigente. “Nosotros lo que recomendamos es el cumplimiento de un proceso de Consulta Pública que tenga respeto por los estándares internacionales”, subrayó, recordando que la Ley 1333 de Medio Ambiente y sus reglamentos exigen la presentación de un plan de trabajo y un estudio de impacto ambiental debidamente informados.
“Si no hay ese proceso de consulta ciudadana en ese estándar no se puede ir avanzando en otro tipo de situaciones”, concluyó, reafirmando que la defensa del medio ambiente, del territorio y de los derechos humanos es un compromiso con la vida y con las futuras generaciones.