El condenado será trasladado de manera provisional a una celda policial, debido a que deberá comparecer nuevamente ante un juez por otro proceso de violencia familiar
Fuente: El Deber
Por Ariel Melgar Cabrera
Un procedimiento abreviado permitió que, en menos de 48 horas, la Justicia sentencie a 20 años de prisión al exreo que agredió sexualmente a una joven de 22 años en el centro de Santa Cruz de la Sierra. El fallo fue dictado tras la admisión de culpabilidad del acusado, quien atacó a su víctima cuando se dirigía a rendir un examen de admisión para ser profesora.
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La condena fue informada por el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, quien detalló que el Ministerio Público presentó pruebas documentales, entrevistas psicológicas, actas de inspección ocular y el certificado médico forense, elementos que fueron valorados por la autoridad judicial para dictar sentencia.
Según la fiscal de materia, Alejandra Ávalos, el hecho ocurrió la mañana del 18 de enero de 2026, cuando la víctima fue interceptada por detrás y forzada a trasladarse a un lugar apartado, desde donde logró escapar con ayuda de una transeúnte. En audiencia, el acusado reconoció su responsabilidad y solicitó acogerse al procedimiento abreviado, aceptando la pena de 20 años.
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) confirmó que la aprehensión se produjo una hora después del ataque, tras un patrullaje preventivo y la revisión de cámaras de seguridad. El jefe de la Felcv de Los Tusequis, Saúl Ayala, explicó que el sospechoso fue identificado por vestir la misma ropa que aparece en los registros fílmicos.
Ayala añadió que el sentenciado registraba antecedentes por violación, estafa, hurto y violencia familiar, y que estuvo recluido en el penal de Palmasola entre 2021 y 2024, de donde salió tras cumplir condena. También precisó que el hombre trabajaba como ayudante en trufis del tramo Santa Cruz–Warnes–Montero.
La fiscal Ávalos indicó que el condenado será trasladado de manera provisional a una celda policial, debido a que deberá comparecer nuevamente ante un juez por otro proceso de violencia familiar. El caso reabrió el debate sobre la reincidencia y la necesidad de controles más efectivos para proteger a las víctimas y prevenir nuevos ataques en espacios públicos.