Diésel sin subsidio: menos contrabando, pero precios de pasajes y alimentos suben


La eliminación de la subvención permite un ahorro de hasta $us 10 millones diarios a Bolivia y redujo la demanda interna de este combustible hasta en un 50%. La provisión de carburantes es normal.

Un militar vigila recipientes con diésel que era sacado de contrabando./ APG
Un militar vigila recipientes con diésel que era sacado de contrabando./ APG

 

Fuente: Opinión



Bolivia logró ahorrar 190 millones de dólares en 19 días, tras la aprobación del Decreto Supremo 5503 que, entre otros temas, elimina el subsidio a los combustibles, y en los últimos días el Gobierno reiteró que no abrogará esta norma por los beneficios que implica para el país.

La meta del gobierno es ahorrar al Estado boliviano unos 3.500 millones de dólares en la gestión 2026, recursos económicos que se iban a destinar a la compra de diésel y gasolina a precios internacionales en el exterior para vender a precios subvencionados en el país.

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El Decreto 5503, aprobado el 17 de diciembre de 2025, estableció nuevos precios de referencia: 6.96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1.58 dólares) para la gasolina premium y 9.80 bolivianos (1.40 dólares) para el diésel.

Los ministros de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, y de Economía y Finanzas, Gabriel Espinoza, señalaron esta semana que la puesta en vigencia de este decreto está logrando dos de sus principales objetivos: garantizar la provisión interna de diésel y gasolina y poner fin al contrabando de combustibles hacia países vecinos.

Medinaceli explicó que la eliminación del subsidio permitió desactivar una red de desvío ilícito de combustibles hacia países vecinos, lo que generaba pérdidas millonarias para el Estado boliviano.

Las autoridades calculan que el contrabando de carburantes generaba entre 2 y 3 millones de dólares diarios en ingresos ilegales y se sustentaba en un sistema de corrupción institucionalizado. Al vender el diésel y la gasolina a precios muy por debajo del valor internacional, Bolivia se convirtió en un mercado atractivo para el desvío hacia otras naciones, especialmente a través de las fronteras con Brasil, Argentina y Perú, reportó el portal Infobae.

Sin embargo, la eliminación del subsidio a los combustibles derivó, de manera inmediata, en la subida de las tarifas del transporte, además del incremento en el precio de los alimentos, ahondando la crisis económica de miles de familias en Bolivia.

MENOR DEMANDA

Un efecto colateral del Decreto 5503, según el gobierno, es la caída de hasta el 50% en el consumo interno de diésel por el retiro de la subvención a los combustibles hace casi tres semanas.

“El consumo de diésel cayó en aproximadamente un 50% y estimamos que se estabilice entre el 30 y el 40%”, afirmó el ministro Medinaceli, según Infobae, y atribuyó la reducción a que se quitó “el negocio a los contrabandistas”.

Las autoridades atribuyen la fuerte caída al combate contra el contrabando, uno de los principales problemas derivados de los precios artificialmente bajos en el mercado interno durante más de dos décadas, según un reporte del portal Infobae.

SUBIDA DE PRECIOS

La eliminación del subsidio a los combustibles elevó considerablemente el precio de las tarifas del transporte público urbano, llegando a duplicarse en varias ciudades capitales del país.

En diferentes municipios de Cochabamba, por ejemplo, los transportistas empezaron a cobrar, en forma arbitraria, hasta el doble del precio aprobado por las alcaldías, provocando la protesta de los usuarios.

Similar situación ocurrió en ciudades como La Paz, Santa Cruz, Oruro y Potosí, entre otras, donde los choferes cobraban a discreción, mientras las autoridades de las alcaldías no reaccionaban.

Tras varios días de conflictos entre usuarios y choferes, las alcaldías del país, tras reuniones con los dirigentes del transporte público, empezaron a fijar tarifas provisionales mientras se realiza un estudio de costos para determinar el precio oficial.

En el municipio de Cochabamba, por ejemplo, la tarifa provisional para adultos es de 3 bolivianos; adultos mayores y personas con discapacidad, 2.50 bolivianos; universitarios y estudiantes de secundaria, 2 bolivianos; y alumnos de primaria, 1 boliviano.

La tarifa entre Cochabamba y los municipios de Sacaba y Quillacollo es de 3.50 bolivianos.

La Alcaldía de Oruro fijó también tarifas transitorias para el transporte urbano, mediante el Decreto Municipal N° 408, que estarán vigentes por los próximos seis meses, según el diario La Patria.

El decreto municipal establece las siguientes tarifas transitorias: en minibuses, el pasaje para adultos es de 2.50 bolivianos y para adultos mayores de 2 bolivianos. En microbuses, la tarifa para adultos es de 2.20 bolivianos; para adultos mayores y universitarios, 1.50 bolivianos; y para estudiantes de secundaria y nivel escolar, 1 boliviano.

En la ciudad de La Paz, la Alcaldía fijó las tarifas provisionales en minibús en 3 bolivianos, para el tramo corto, y en 3.50 bolivianos para el tramo largo.

En la ciudad de El Alto, las tarifas transitorias son de 2 bolivianos en el tramo corto y de 2.50 bolivianos para el tramo largo.

Las tarifas de transporte interdepartamental tienen también nuevas tarifas, provisionales, que fueron fijadas tras una reunión entre los dirigentes de la Confederación de Choferes de Bolivia y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

En esta reunión se determinó un incremento del 40% transitorio, por seis meses, en las tarifas del transporte interdepartamental.

La vigencia de las nuevas tarifas será por un período de 180 días calendario computables a partir del 2 de enero de 2026. El ajuste se debe al incremento en los combustibles dispuesto en el Decreto Supremo 5503.

Entre ambas partes, se dispuso la conformación de una mesa técnica integrada por delegados técnicos, la cual desarrollará, de manera permanente e ininterrumpida, el análisis de la estructura de costos para establecer una tarifa definitiva de transporte interdepartamental dentro del plazo establecido de 180 días.

Fuente: Opinión