La precariedad, la falta de seguridad y el trabajo infantil perpetúan una tragedia colonial que exige acción estatal. La Defensoría del Pueblo ha demandado en varias ocasiones generar mayores condiciones de seguridad, pero eso no se cumple
Fuente: El Deber
Por Arturo Choque Montaño
Desde mediados del siglo XVI, cuando comenzó su explotación colonial, el Cerro Rico de Potosí ha sido escenario de una tragedia humana ininterrumpida. Si se alinearan los cuerpos de los mineros que han muerto en sus entrañas, la fila fúnebre uniría Potosí con Madrid. La independencia y el nacimiento del Estado boliviano no detuvieron esa estela mortal: la montaña sigue tragando hombres hasta hoy.
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El año 2025 cerró con 123 fallecidos en el Cerro Rico, según la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). En 2024 ya se había superado el centenar de muertes, y las cifras continúan en ascenso pese a sentencias constitucionales y resoluciones ministeriales que prohíben la actividad minera por encima de la cota 4.400. Derrumbes, caídas desde altura, asfixia por gases tóxicos y la mala manipulación de explosivos siguen siendo causas recurrentes de muerte. A ello se suman las enfermedades crónicas del subsuelo, como la silicosis y la contaminación por metales pesados.
Durante la colonia, la fama del Sumaj Ork’o dio origen a la creencia de que la montaña devoraba personas. Los indígenas obligados a trabajar como mitayos ingresaban a los socavones con la certeza de que salir con vida era improbable. Crónicas del siglo XVII describen hospitales llenos de heridos y decenas de muertos cada año, víctimas del polvo, el frío, los derrumbes y el agotamiento extremo.
Más de tres siglos después, poco ha cambiado. La minería artesanal sigue siendo precaria y peligrosa, concentrándose principalmente en las cooperativas mineras, donde ocurre más del 95% de los accidentes fatales. Los testimonios actuales reflejan una resignación profunda: el riesgo es asumido como parte inevitable del oficio. El derroche del salario en un solo día —alcohol, fiesta y excesos— funciona como un ritual de despedida, similar a los antiguos ritos con los que los mitayos eran enviados al cerro.
Uno de los aspectos más alarmantes es la edad de las víctimas. La mayoría de los fallecidos tiene entre 20 y 22 años, e incluso menos. En los últimos meses murieron adolescentes de 14, 16 y 18 años, pese a que la legislación boliviana prohíbe de forma absoluta el trabajo infantil en yacimientos mineros. La Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Niñez denunciaron reiteradamente la contratación ilegal de menores sin que las cooperativas respondan.
En junio de 2025, cuando las muertes ya superaban las 50, el entonces Ministerio de Minería reconoció la gravedad del problema, pero se limitó a recomendar “tener más cuidado”. Tras esas declaraciones, las cifras se duplicaron. Las autoridades municipales potosinas advierten, además, un fuerte subregistro de fallecidos, lo que impide conocer el verdadero costo humano de la explotación minera.
Frente a esta situación, la Defensoría convocó en varias ocasiones a autoridades y operadores mineros a asumir compromisos concretos, dotar de equipos de protección y hacer cumplir la normativa vigente.
Más de 470 años después del descubrimiento del Cerro Rico, la riqueza mineral sigue teniendo un precio devastador: vidas jóvenes, precariedad y muerte que se repiten como herencia trágica del pasado que, sin embargo, sigue presente.
Apunte legal
Normativa. La Ley N° 548 (Código Niña, Niño y Adolescente) prohíbe estrictamente trabajos peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad para menores, incluyendo actividades en minas, canteras, fumigación, y trabajos pesados o nocturnos.
Sanciones. Esta misma norma establece sanciones a quienes contraten menores para estas labores prohibidas o no cumplan las normas de seguridad y registro.
Fuente: El Deber