Por Ronaldo Terrazas
Friedrich Nietzsche advertía, en Más allá del bien y del mal, que la voluntad no basta para transformar la realidad si no reconoce los límites que la estructuran. La acción sin comprensión de esos límites no produce orden, produce resistencia. Esta idea, formulada en otro contexto, resulta útil para entender lo ocurrido con el Decreto Supremo 5503. No fue la ausencia de voluntad política lo que precipitó su abrogación, sino la subestimación de los límites económicos, institucionales y sociales que condicionan cualquier intento de estabilización.
La economía boliviana enfrenta hoy restricciones que no admiten negación. La fragilidad del sector externo, el peso fiscal de los subsidios energéticos, las distorsiones persistentes de precios relativos y las presiones inflacionarias no son diagnósticos controversiales, son hechos que condicionan la política económica cotidiana. El DS 5503 intentó responder a ese escenario bajo la lógica de un ajuste integral y rápido, asumiendo que la urgencia económica podía sustituir el proceso de construcción institucional y política que este tipo de medidas exige.
La abrogación acordada esta tarde con la Central Obrera Boliviana confirma que el problema no estuvo en la necesidad de correcciones, sino en el instrumento utilizado para ejecutarlas. El decreto se elimina en su totalidad, pero el núcleo económico se preserva. Se mantienen la eliminación de la subvención a los combustibles, la reprogramación de créditos del sistema financiero, el ordenamiento de la política salarial y el fortalecimiento de los bonos sociales. El resto del articulado queda descartado. Esta separación es reveladora y permite distinguir entre medidas con respaldo técnico previo y disposiciones que nunca lograron legitimidad suficiente.
Las medidas que sobreviven no lo hacen por concesión política, sino porque han sido discutidas durante años en el ámbito académico y técnico. La eliminación del subsidio energético, en particular, cuenta con evidencia acumulada sobre su impacto fiscal, sus efectos distributivos y su relación con el contrabando. De igual forma, las compensaciones sociales han sido reconocidas como necesarias para preservar gobernabilidad en contextos de ajuste. En cambio, otros componentes del decreto, como el régimen extraordinario de inversiones, la ampliación de facultades del Banco Central o los mecanismos vinculados a cupos y controles sectoriales, no pasaron por un proceso equivalente de debate, evaluación ni consenso. Esa asimetría explica por qué unos artículos sobrevivieron y otros no.
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Lo que se derrumbó fue el diseño totalizante del decreto. Más de un centenar de artículos, amparados en una declaratoria de emergencia económica, concentraron facultades excepcionales del Ejecutivo y mezclaron reformas estructurales con medidas coyunturales. Desde la economía política, este enfoque es problemático. James Buchanan advirtió que cuando las reglas pierden centralidad y la discrecionalidad se expande, los incentivos de los decisores se acortan y los agentes anticipan revisiones futuras. En ese contexto, la política deja de ser un compromiso creíble y se convierte en una apuesta transitoria.
El desenlace también puede leerse desde la macroeconomía moderna. Kydland y Prescott (1977), Premio Nobel de Economía en 2004, demostraron que una política puede ser técnicamente correcta en el momento de su anuncio y aun así fracasar si los agentes anticipan que no será sostenida cuando los costos políticos se vuelvan visibles. El DS 5503 concentró costos inmediatos, especialmente en precios y expectativas inflacionarias, mientras prometía beneficios futuros. La sociedad, de manera racional, puso en duda la credibilidad de ese compromiso. La reacción social fue, en ese sentido, previsible.
La escena de esta tarde en El Alto refuerza esta lectura. Un reducido grupo de ministros negociando en un escenario claramente desfavorable, frente a una dirigencia sindical cohesionada y con alta capacidad de movilización. Desde el punto de vista económico, esa imagen comunica una señal clara. El poder de compromiso del Ejecutivo se debilitó. Cuando el diálogo ocurre después de publicada la norma y no antes, deja de ser construcción de legitimidad y se convierte en gestión de daños.
La responsabilidad, sin embargo, no es unilateral. La Central Obrera Boliviana demostró fuerza de veto y capacidad de presión, pero también reafirmó una lógica reactiva que no contribuye al diseño de políticas de largo plazo. El diálogo ex post puede corregir errores, pero no sustituye el trabajo técnico previo ni la deliberación institucional. En una economía con problemas estructurales persistentes, la ausencia de debate oportuno termina elevando los costos sociales de cada corrección necesaria.
El costo económico más relevante de este episodio no se limita a los días de bloqueo ni a las pérdidas inmediatas. Es un costo intertemporal. A partir de ahora, cualquier anuncio de política económica será evaluado bajo este precedente. Si la presión aumenta, la política retrocede. Esa expectativa modifica decisiones de inversión, consumo y ahorro, eleva la percepción de riesgo y reduce la efectividad futura de las medidas. La inconsistencia temporal no es un concepto abstracto, es una fuente concreta de pérdida de bienestar.
El anuncio de un nuevo decreto en un plazo de 48 horas profundiza este desafío. Desde la teoría del diseño de política económica, ese tiempo no permite estimaciones rigurosas de impacto inflacionario, evaluaciones fiscales ni calibraciones distributivas. Tampoco permite recomponer legitimidad. Lo máximo que puede lograrse es evitar un vacío normativo, no construir una estrategia integral de estabilización.
La lección es incómoda, pero necesaria. La estabilización no fracasa por falta de necesidad, fracasa por mala arquitectura institucional y por desconocer la economía política del ajuste. No se gobierna una crisis acumulando normas ni amparándose en la excepcionalidad permanente. Se gobierna secuenciando reformas, separando instrumentos y construyendo reglas que los agentes crean que se sostendrán en el tiempo.
Nietzsche insistía en que la voluntad que no reconoce sus límites termina negándose a sí misma. La economía confirma esa intuición. La estabilidad no se decreta, se construye. Y cuando se intenta imponer sin comprender los límites que la hacen posible, termina disipándose con rapidez.