El siglo XXI heredó un aparato normativo internacional que enfatiza en principios universales basados en la paz, los derechos humanos y la soberanía de los pueblos, pero opera con una arquitectura sofisticada diplomática altamente ineficaz, vinculada a la administración del poder por quienes detentan los mecanismos excepcionales para activarlos cuando decidan, y el ius cogens (principios fundamentales e imperativos del derecho internacional) solo sirve los más demás , o sea, la ley del más fuerte. Los acuerdos internacionales, las declaraciones legales y los organismos multilaterales no han fracasan por ausencia de normas o acuerdos generales, sino por algo más profundo, el poder nunca ha sido regulado por valores universales, como pregona el neoconstitucionalismo, pero tampoco por la razón, como diría el normativismo clásico moderno, sino por la correlación de las fuerzas económicas y políticas en cada momento histórico.
La historia de la humanidad no es la historia del consenso moral, sino la de quién impone qué es racional, justo o necesario para todos. En ese sentido, el derecho internacional no escapa a su origen, es una suerte de proclamas redactadas por los vencedores, armonizada con lenguaje jurídico y legitimada con retórica humanista y justiciera. Es que las normas no son justas, son necesarias, lo que no se dice es, para quién son necesarias.
Es consenso general que las dictaduras y el autoritarismo son las peores formas de gobierno, nadie sensato lo discute. Pero reducir el problema a una patología política de “otros” pueblos es intelectualmente deshonesto. No existe sociedad sin un pasado autoritario, ni Estado moderno que no haya sido “fundado, consolidado o salvado”, por lo menos una vez, por la suspensión de la legalidad, a eso llamamos estado de excepción. Se trata de coyunturas o que consolidan poderes o definen controles territoriales o simplemente declaran guerras unilateralmente, así perdimos el mar en el campo de batalla, en acuerdos internacionales y en tribunales impuestos, basados en reglas establecidas en función de la lógica de los que ganan las guerras. Normas aparentemente justas y racionales hechas por expertos en victorias bélicas.
Es que históricamente, Egipto tuvo su Ramses II, Macedonia a Alejando Magno, Roma a Augusto, Neron, Calígula y finalmente a Mussolini, Francia a Napoleón, Inglaterra a la Reina Victoria, Alemania no solo tuvo a Hitler sino a su Canciller Otto Bisrmarck, para unificar alemania bajo el imperio de Prusia; todos, a su tiempo legitimaron sus imperios desde sus propias perspectivas de legalidad y poder circunstancial. Cambian los contextos, cambian los discursos, cambian las justificaciones; pero no cambia la lógica, cuando el orden existente colapsa o se percibe como insuficiente, los más fuertes asumen poderes extraordinarios que prometen restaurar, engrandecer o ordenar.
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El autoritarismo no es una anomalía externa al sistema internacional, es una de sus condiciones recurrentes. Porque el autoritarismo tiene su expresión consecuente, en el imperio, en sus diversas formas. Es aquí donde el derecho internacional revela su mayor hipocresía, condena el autoritarismo de poca monta, como el de: Maduro, Castro, Hussein, Ortega, entre otros, tristes célebres personajes, pero normaliza el autoritarismo imperial. Es que el poder decanta en la impostura y invasión; en esa lógica, no se libra ningún orden civilizatorio, ni el de América: Aztecas, Mayas, Incas, todos gobernaron sobre las formas clásicas de imperialismo, a saber: imponiendo la fuerza, apoderarse de territorios, ocupar pueblos, imponer sistemas administrativos. Irónicamente, esta forma de imperio quiso ser superada tras la Segunda Guerra Mundial, pero ni Europa, ni Rusia y menos Estados Unidos han podido prescindir de esta forma de mantener su poder en el orden internacional. Además, sofisticaron sus métodos ahora se llaman intervenciones “humanitarias”, protegiendo a los vulnerables, guerras preventivas, cambios de régimen. Legalmente excepcionales; políticamente frecuentes. Pero los mecanismos de impostura no quedan ahí, someten a las naciones y a su organismos multilaterales al control económico-financiero. A causa de estos mecanismos Naciones Unidas, las Cortes internacionales y los organismos financieros tienen limitadas sus acciones, y viven distraídos sacando de las crisis coyunturales a los países más débiles, imponiendo modelos económicos y endeudando a través de políticas de desarrollo elegidas por los propios imperios como paradigmas de progreso. Aquí el poder no ocupa territorios, administra dependencia. Quizás el más eficaz es el que menos se ve, pero se vive, y es el que define qué es bueno y qué es malo, qué es democracia, qué es racionalidad económica. Exporta modelos, métricas, indicadores y “buenas prácticas” como si fueran universales. Es este imperio que coloniza el pensamiento, y todos, como en Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia en coro vociferan libertad económica y libre competencia sin resolver las históricas desigualdades estructurales.
En este sentido, el rol de la Organización de las Naciones Unidas merece una reflexión muy simple, ya que este organismo multilateral nació para evitar la guerra y limitar a los Estados y a la supuesta soberanía de estos a sus gobiernos violen los derecho fundamentales y democráticos de las personas. Pero su diseño institucional consagra el problema que pretende resolver. El Consejo de Seguridad y sus instancias especializadas, no representan a la comunidad internacional, sino al equilibrio de poder de la Segunda Guerra Mundial y de la OTAN, a los países que los financian. El derecho de veto no protege la paz, protege a los poderosos de la legalidad que ellos mismos crearon y que ellos la pueden violar. ¿Qué mecanismo democrático efectivo tiene la ONU para frenar el autoritarismo de Trump o Putin o de Maduro o Ortega? Ninguno.
Desde el derecho internacional clásico, toda intervención a un territorio nacional por otro país es ilegal, toda régimen no democrático no debe ser tolerado. Sin embargo, desde la práctica política, esas prácticas son cotidianas y no existe instancia que las pueda evitar. De este modo el discurso moral y principista, se convierte altamente sofisticado jurídicamente y prácticamente selectivo. Medio Oriente, Asia y África, principalmente, sufren crisis periódicas porque el orden internacional imperial dibujó sobre estos pueblos, culturas, religiones e historias, mapas de poder e intereses del mundo occidental. Hoy quienes se rebelan son juzgados como bárbaros y autoritarios, por quienes provocaron el desorden por intereses económicos y políticos.
¿Es legítimo intervenir para sacar a Maduro? Es que la pregunta correcta no es esa, sino otra ¿por qué algunas dictaduras justifican intervención y otras no?
La respuesta no está en los derechos humanos, sino en los intereses estratégicos. El derecho internacional no opera como límite del poder, sino como lenguaje de las razones que impone el que tiene capacidad de atribuirse por la fuerza y la alienación lo que considere mejor para todos.
El fracaso del derecho internacional público no radica en la ausencia de tratados, sino en una imposibilidad más profunda, no puede haber un orden jurídico justo en un sistema internacional radicalmente desigual. Mientras el poder económico, militar y tecnológico esté concentrado; mientras la soberanía sea formal pero no material; mientras la legalidad dependa de quién viola la norma; la paz será contingente y la justicia, retórica.
No se trata de defender dictaduras ni de relativizar el autoritarismo. Se trata de abandonar la ficción de que el derecho internacional es neutral, universal y moralmente superior.
La humanidad no ha resuelto su problema central a través de su historia, cómo limitar el poder sin reproducir dominación. Hasta entonces, el derecho internacional seguirá siendo un sofisticado arte de administrar la desigualdad global, sobre mecanismo de excepción inaceptables.
El fracaso del derecho internacional no es que no puede garantizar la paz porque sean sus mecanismos son poco efectivos, sino porque se propone domesticar lo indomesticable, el poder de los que se creen mejor que los otros. El mito civilizatorio del orden global sostiene que la humanidad ha superado la ley del más fuerte. La realidad jurídica demuestra lo contrario, solo la ha sofisticado.
Mientras el derecho internacional no enfrente su contradicción fundante, regular un mundo sin condiciones mínimas de igualdad, la paz seguirá siendo limitada, la soberanía negociable y la justicia internacional una aspiración retórica que limita el orden civilizatorio mundial.
PhD. José Luis Laguna Quiroga. Sociólogo de profesión con Doctorado en Psicología Educativa por la Universidad de Barcelona y Máster en Antropología Social por la FLACSO del Ecuador.