La biblia nos enseña: “…, porque de la abundancia del corazón habla la boca”. En estos últimos tiempos las agresiones verbales en las redes sociales se han convertido en el pan de cada día, cientos de personas se dedican a crear contenidos en busca de identidad, pero sobre todo para validar sus ideas y acciones ante la comunidad y así alcanzar un reconocimiento que se traduce en la cantidad de seguidores que tienen. El problema es que en muchos casos los contenidos son cuestionables porque con la finalidad de alcanzar popularidad se dedican a insultar, denigrar, difamar e injuriar, a título de libertad de expresión e inclusive algunos se arrogan la representación del conjunto de la sociedad y sin ninguna legitimidad se auto denominan “control social”.
Gracias al avance de la tecnología, miles de ciudadanos han encontrado un espacio para poder expresar con libertad sus opiniones, ideas y necesidades sin mayor restricción, en especial en los países democráticos y libres, producto de ello los medios masivos de comunicación ya no tienen el monopolio de la información, en gran parte han sido sustituidos por el Internet y los periodistas por los “influencer”, que ahora, son quienes tienen la capacidad de influir en las decisiones, opiniones y comportamientos de quienes consumen sus contenidos, en muchos casos sin sentido crítico o hasta cierta ingenuidad al creer todo lo que ven, leen o escuchan en el ciberespacio.
Millones de personas acuden al Internet para informarse y tomar decisiones que afectan a su vida personal y familiar; pero, también hay repercusiones que afectan en la construcción de las sociedades y la vida en democracia; muchos políticos han tomado las redes sociales para buscar el apoyo y la adhesión de los potenciales votantes para la realización de sus fines. Ya lo dijo Castells (citado por Andrés Gómez Vela, el 2006, en un texto titulado “MEDIOPODER. Libertad de expresión y derecho a la comunicación de la Sociedad de la Información”), al referirse al poder del internet: “… la mayor parte de los movimientos sociales y políticos del mundo en todas las tendencias utilizan Internet como una forma privilegiada de acción y organización, pero más que todo, de comunicación de valores y códigos culturales para llevar a cabo un reclutamiento de apoyos y de estímulos mediante esa llamada a los valores, a los principios y a las ideas”.
En el último proceso electoral, en Bolivia, se ha constatado el poder de las redes sociales, uno de los efectos más notables se encuentra en el ámbito económico, no necesariamente las campañas con mayor presupuesto y presencia en los medios tradicionales de comunicación obtienen los mejores resultados, sino quienes han gestionado bien su imagen y sabido explotar las redes sociales, logran alcanzar resultados por demás sorpresivos. Hoy ante la cercanía de las elecciones subnacionales el mercado electoral está abierto a los creadores de contenidos, es más, muchos “influencer” sin mayor formación técnica o profesional, pero que han alcanzado reconocimiento social, se han lanzado a la contienda electoral, no interesa sus credenciales, lo importante es la cantidad de seguidores que tienen, como potenciales votantes.
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La delgada línea entre la libertad de expresión y la comisión de un delito.
Si bien el Internet ha reconfigurado la forma que tenemos de interactuar, comunicar e informar, convirtiéndose en un infinito espacio de transmisión de cultura, conocimiento científico, aprendizaje, entretenimiento, educación y activismo político, también es cierto que una de las consecuencias del mal uso de las redes sociales es que se puede vulnerar una serie de derechos como son la honra, la intimidad, la privacidad y la imagen.
Por ejemplo, en política se ha utilizado el TikTok para atacar y denigrar a los oponentes, inclusive atentando contra la vida privada del entorno familiar, sin medir las consecuencias que ello puede acarrear; el fin último es desacreditar al contrincante y alcanzar el poder, luego de ello que importa lo que haya pasado con la vida de los que han quedado atrás.
Por otro lado, muchos periodistas han optado por crear contenidos en las redes sociales y así, alcanzar notoriedad a través de la cantidad de like que reciben, lo negativo es que en muchos casos se ha optado por un camino menos profesional pero al parecer más efectivo, porque han recuperado audiencia a través del insulto, la utilización de palabras soeces, adjetivos calificativos y en muchos casos lanzando infundadas acusaciones, pareciera ser que esos contenidos se venden mejor.
La Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1262/2025-S3, del 14 de octubre, en respuesta a una acción de protección a la privacidad, marca un límite entre el ejercicio de la libertad de expresión, como derecho reconocido por la Constitución Política del Estado, y la protección de otros derechos constitucionales que pueden ser vulnerados, estableciendo con claridad que existen consecuencias cuando se cruzan ciertos límites. Como se diría coloquialmente “tampoco es chairo”.
Como parte de la jurisprudencia que desarrolla esta Sentencia, si bien la libertad de expresión, información y opinión están reconocidos y garantizados por nuestra Constitución, también es importante comprender que la persona en el ejercicio de estos derechos, está sujeta a las consecuencias que conlleve la afectación a terceros.
De manera clara está SCP establece: “Conforme lo referido en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, debe tenerse claro que ninguna persona puede inferir acusaciones difamatorias contra terceros, amparándose en el derecho de libertad expresión, opinión e información, dado que los mismos, si bien gozan de protección reforzada por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad, encuentran su límite, cuando la información divulgada contenga expresiones insultantes e hirientes que exterioricen menosprecio o animosidad contra la reputación de la parte ofendida; en cuyo mérito quien ejerza este derecho se encuentra sujeto a las consecuencias que conlleven la afectación a terceros, debiendo abstenerse de utilizar frases injuriosas, insultos o insinuaciones insidiosas tendientes a dañar la imagen, honra y dignidad de las personas involucradas”.
Por tanto, todo aquel que utilice las redes sociales para afectar los derechos de terceros, deben saber que hay consecuencias e inclusive son pasibles a procesos penales, desde el común de la gente hasta las altas autoridades de gobierno como el presidente, vicepresidente, diputados, senadores, ministros de Estado, periodistas, tiktokers, en fin todos tienen los mismos derechos y obligaciones con la sociedad y el mantenimiento de la paz social.