El proyecto de “ley antibloqueos” de Unidad plantea penas sumatorias contra bloqueadores hasta de 30 años. El PDC que respalda esa propuesta sugiere un bono para los policías.
Por Yolanda Mamani Cayo
Fuente: El Deber
Bolivia es el único país en la región donde bloquear una carretera, autopista, avenida o calle, como una forma de protesta social, no es considerado un delito penal. Es por eso que en la Asamblea Legislativa –en las cámaras alta y baja – se analizan al menos tres propuestas normativas cuyo común denominador es catalogar esta actividad como un delito penal para todas las personas que participen activamente, financien y/o promuevan los bloqueos de caminos.
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Entre ellos está el proyecto de “ley antibloqueos” que tipifica el corte intempestivo de rutas en áreas urbanas o rurales, y el empleo de violencia extrema con el uso de explosivos, como la dinamita o armas de fuego, como un delito penal y cuya sanción va desde los tres años de cárcel hasta llegar a una pena sumatoria de 30 años de privación de libertad que es el castigo máximo que establece la Constitución Política del Estado (CPE).
Hasta el momento este es el proyecto de ley con más respaldo en la Comisión de Justicia Plural de Diputados, y también goza del respaldo del Gobierno tras que el presidente, Rodrigo Paz, subrayó que en movilizaciones de protesta, la persona que active explosivos de dinamita irá a la cárcel. El proyectista es el diputado Carlos Alarcón de la alianza Unidad.
“Ley antibloqueo”
Este proyecto establece los delitos y penas contra toda persona que bloque una ruta e impida la libre circulación, además da garantías para el uso de la fuerza policial y si fuera necesario, militar, para reestablecer el orden.
Por ejemplo, establece una pena de tres a seis años de cárcel para los bloqueadores. La sanción aumenta de cinco a ocho años de cárcel para los que “promuevan, instiguen, planifiquen, organicen, financien, colaboren o dirijan los bloqueos”.
Si en medio del bloqueo los movilizados cometen actos violentos contra civiles, policías o militares o atentan a bienes públicos o privados, la sanción penal será de 10 a 20 años de cárcel, pero eso no es todo, ya que esta pena se ejecutará sin perjuicio de la aplicación de las sanciones por los otros delitos cometidos en las movilizaciones, “las que se sumarán a esta sanción hasta el límite máximo de 30 años de privación de libertad”.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Manolo Rojas plantea un incentivo económico a los policías que sean enviados a la primera línea para frenar los bloqueos. “Nuestros policías están a expensas de delincuentes cuando se pasa la raya de lo legal. Entonces deben ser premiados con un bono, con un incentivo económico porque arriesgan su vida”, dijo Rojas a EL DEBER.
Las otras propuestas
En la Cámara Alta, la senadora Claudia Mallón (Súmate), presentó el 26 de noviembre de 2025 el “proyecto de ley que modifica el artículo 213 del Código Penal para agravar las penas por atentados contra la seguridad de los medios de transporte y castigar toda forma de bloqueo”.
Esta propuesta plantea castigar con cárcel de ocho a diez años a los bloqueadores.
Como este proyecto no fue analizado en el plazo establecido por la Comisión de Constitución del Senado, el pleno aprobó conformar una “comisión integrada” por las comisiones de Constitución y de Justicia Plural para analizar dicho proyecto, emitir un informe y coordinar con Diputados para “unificar” todos los proyectos en torno a este tema.
La tercera propuesta es el anteproyecto de “ley de garantía de la libre circulación y la gestión democrática de la protesta”, elaborado por el diputado Luis Laredo. La principal característica de esta propuesta es lograr un “equilibrio constitucional que protege la protesta pacífica” y evitar las medidas de presión extremas que atenten a la libre circulación y provoquen un daño masivo a la productividad, salud y libre circulación.
Mientas, la Central Obrera Boliviana emitió un comunicado en el que rechaza la criminalización del bloqueo que es una medida extrema que se toma como último recurso porque “el Estado ha cerrado los canales efectivos de atención y diálogo”, por lo que el bloqueo de caminos “no puede leerse de manera simplista como un delito”, sino como “la última carta cuando ya no hay otro modo de ser escuchados”.
Las últimas movilizaciones de la COB en contra del Decreto 5503 (abrogado el 13 de enero) que anulaba la subvención a los carburantes, ocasionaron una pérdida de al menos $us 120 millones en los seis días de bloqueo de caminos, medida extrema de los cobistas tras dos semanas de diálogos improductivos con el Gobierno nacional.
Fuente: El Deber