Los empresarios de la construcción exigen al Gobierno central el pago de las deudas que tiene con el sector por las obras públicas, que ejecutaron incluso con sus recursos propios.
Fuente: Correo del Sur
Los empresarios de la construcción exigen al Gobierno central el pago de las deudas que tiene con el sector por las obras públicas, que ejecutaron incluso con sus recursos propios.
El director de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Alberto Gutiérrez, denunció esta semana que existen planillas impagas por tres, cuatro, cinco y hasta seis meses. Añadió que esa falta de liquidez obliga a las empresas a financiar la obra con recursos propios, comprometiendo su estabilidad financiera.
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En tal sentido, la SIB propuso que, una vez aprobada la planilla por fiscales y supervisores, el pago no demore más de diez días, para garantizar flujo de caja y continuidad en la ejecución. El sector espera que una nueva normativa corrija distorsiones y evite más cierres de empresas y pérdida de empleos.
Según Gutiérrez, la presión aumenta cuando, pese a estos retrasos, el Estado aplica sanciones. El incumplimiento de plazos deriva en la ejecución de boletas de garantía, respaldadas muchas veces con el patrimonio personal de los empresarios. “Se están quedando sin su herramienta de trabajo, sin su casa, sin su maquinaria”, alertó en una entrevista con El Deber.
Las empresas constructoras que ejecutan obras públicas advirtieron que el desajuste entre los costos reales del mercado y las condiciones contractuales impuestas por el Estado está empujando a decenas de empresas a la quiebra, con un impacto directo en el empleo y la inversión.
El director de la SIB explicó que los precios unitarios vigentes en los contratos públicos ya no reflejan la realidad del mercado. Puso como ejemplo el cemento, un insumo clave en casi todas las obras. “En los contratos sigue figurando a 50 bolivianos la bolsa, pero hoy no se encuentra por menos de 80 o 90. Esa diferencia alguien la está absorbiendo, y son las empresas”, afirmó.
El problema se agrava cuando los contratos se ejecutan bajo precios obsoletos durante uno, dos o hasta tres años. Las empresas deben asumir incrementos en materiales, mano de obra y obligaciones tributarias, sin que exista una actualización equivalente de los precios unitarios.
Fuente: Correo del Sur