Por Ricardo V. Paz Ballivián
Con más de cinco décadas analizando, y a veces participando, de los vaivenes de la política boliviana, uno aprende a distinguir entre la protesta legítima y la presión corporativa que, amparada en consignas falaces, termina secuestrando el interés general.
Bolivia vuelve a encontrarse hoy ante ese dilema. El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta un pulso complejo: minorías sindicales altamente organizadas —pero claramente no representativas del conjunto de la sociedad— mantienen al país bloqueado, exigiendo la abrogatoria del Decreto Supremo 5503. La pregunta de fondo no es técnica, sino política y ética: ¿debe un gobierno democráticamente elegido ceder ante quienes paralizan la economía y vulneran derechos fundamentales para imponer su agenda?
Mi respuesta es no. Y no por capricho ideológico, sino por una razón elemental: ceder en estas circunstancias sería abdicar de la responsabilidad de gobernar.
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Las llamadas minorías eficaces han sido un rasgo persistente de la política boliviana. Son grupos con alta capacidad de movilización, acceso a recursos organizativos y una narrativa de legitimidad histórica que les permite actuar con una eficacia desproporcionada respecto a su representatividad real. No expresan al conjunto de los trabajadores, ni mucho menos al conjunto de la ciudadanía; sin embargo, logran imponer costos económicos, sociales y humanos que terminan afectando principalmente a los sectores más vulnerables: pequeños productores, comerciantes, estudiantes, enfermos y trabajadores informales.
En los últimos 20 años, las minorías eficaces han sometido a Bolivia a una tiranía corrupta que ha dejado al país colapsado. No quieren abandonar sus privilegios y sus prebendas y por eso luchan con uñas y dientes para preservar su poder.
El Decreto Supremo 5503 puede —y debe— ser debatido, evaluado y eventualmente corregido si se demuestra que es injusto o ineficaz. Pero ese debate debe darse en los marcos institucionales, no bajo la extorsión del bloqueo. Gobernar no consiste en reaccionar al ruido más estridente, sino en preservar el interés general, incluso cuando ello implica asumir costos políticos en el corto plazo.
La historia boliviana ofrece un antecedente elocuente. En 1985, el país se encontraba al borde del colapso económico: hiperinflación, desabastecimiento y un Estado virtualmente quebrado. Víctor Paz Estenssoro, un líder con autoridad histórica y conciencia del momento crítico, tomó una decisión que nadie podía calificar de popular: imponer la Nueva Política Económica mediante el Decreto Supremo 21060. Lo hizo enfrentando una oposición sindical feroz, protestas masivas y el desgaste inmediato de su capital político. Pero lo hizo porque entendió que gobernar no es complacer, sino decidir.
El 21060 no fue un decreto perfecto ni exento de costos sociales —sería intelectualmente deshonesto afirmarlo—, pero logró estabilizar la economía y sentar las bases para la recuperación del país. Lo más relevante, sin embargo, fue el mensaje político: el Estado recuperó la iniciativa y dejó claro que la política pública no se define en la calle, sino en el marco de la legalidad y la responsabilidad histórica.
Rodrigo Paz enfrenta hoy un desafío distinto en forma, pero similar en esencia. Si cede ante el chantaje del bloqueo, no solo debilitará su propio gobierno, sino que establecerá un precedente peligroso: que basta paralizar el país para derogar cualquier norma. Ese camino no conduce a la justicia social, sino a la anarquía funcional y al vaciamiento del Estado democrático y probablemente al retorno de la dictadura del neopopulismo autoritario.
La firmeza no es autoritarismo. La decisión no es soberbia. Escuchar no implica someterse. Un gobierno democrático debe dialogar, sí, pero desde la autoridad que le confiere el mandato popular, no desde la debilidad que imponen grupos de presión. Defender el decreto mientras se abren canales técnicos y políticos de evaluación es una señal de madurez institucional.
Bolivia necesita liderazgo responsable. La historia no suele ser amable con los gobiernos que confunden gobernabilidad con complacencia. Víctor Paz Estenssoro lo entendió en 1985. Hoy, Rodrigo Paz tiene la oportunidad de demostrar que gobernar sigue siendo, ante todo, un acto de responsabilidad con el país entero, no con las minorías más ruidosas.