El Gobierno busca transformar el sector eléctrico. Foto: Archivo.
El ministro de Planificación de Desarrollo y Medio Ambiente, Fernando Romero, alertó que Bolivia podría enfrentar apagones eléctricos en sus principales ciudades a partir de 2029 si no se modifica el actual esquema de provisión de energía y se mantiene el ritmo de consumo sin nuevas fuentes de respaldo.
“La matriz energética fue basada en el gas, entonces, por muchísimos años no se hicieron exploraciones. Si seguimos en este ritmo de consumo, para el 2029 no tendremos gas y tendremos apagones en nuestras ciudades”, afirmó la autoridad en una entrevista en Bolivia Tv, al referirse a los riesgos que enfrenta el sistema eléctrico nacional.
Actualmente, la generación eléctrica del país depende en gran medida del gas natural. De acuerdo con datos oficiales de junio de 2025, el 65% de la electricidad se produce en plantas termoeléctricas que funcionan con este recurso, mientras que solo el 35% proviene de fuentes renovables como hidroeléctricas, solares y eólicas.
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Sector eléctrico
Este esquema permitió cubrir la demanda durante años, pero ahora enfrenta presiones por el crecimiento del consumo urbano e industrial y la reducción de reservas de gas.
Romero explicó que el sistema eléctrico requiere un equilibrio permanente entre generación y demanda, ya que la electricidad no se almacena a gran escala y debe producirse en el mismo momento en que se consume.
Por ello, la falta de nuevas fuentes o de combustible suficiente puede derivar en cortes del suministro cuando la demanda supera la capacidad de generación disponible.
Ante este escenario, el ministro señaló que el Gobierno impulsará un cambio progresivo de la matriz energética, con mayor énfasis en energías renovables, para reducir la dependencia del gas y fortalecer la seguridad energética del país. Estas fuentes, remarcó, permiten diversificar la generación y disminuir la vulnerabilidad ante la caída de las reservas.
De manera paralela, indicó que se intensificarán las tareas de exploración de hidrocarburos, con el objetivo de reducir los plazos exploratorios a un máximo de tres años. La meta es asegurar nuevas reservas que permitan sostener la generación termoeléctrica mientras se consolida la transición hacia una matriz más diversificada y sostenible.