El edificio del INRA en Santa Cruz. Foto: UAGRM.
El Gobierno anunció el cambio total de las autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz y la ejecución de una auditoría a los títulos de propiedad emitidos en ese departamento, como respuesta a las protestas por avasallamientos y a la reciente agresión a un cacique en San José de Chiquitos.
La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, informó que la decisión fue asumida luego de reuniones con representantes cívicos, autoridades indígenas de la Chiquitania y dirigentes provinciales, con quienes se acordó la adopción de medidas inmediatas frente a las irregularidades detectadas.
“El acuerdo es, primero, cambiar a todas las autoridades del INRA en Santa Cruz y el segundo generar un proceso de auditoría y de evaluación de los títulos que se han ido entregando”, señaló.
Avasallamientos
Barrientos advirtió que las revisiones preliminares revelaron indicios graves de corrupción institucional. “Dentro de las irregularidades que hemos detectado en el INRA tenemos tráfico de tierras y duplicación de títulos”, afirmó, al subrayar que estos hechos explican en parte la conflictividad persistente en el departamento.
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Respecto a los avasallamientos, la viceministra precisó que en Santa Cruz existen al menos 145 solicitudes registradas por este tipo de conflictos. No obstante, explicó que la capacidad de acción del INRA es limitada cuando los predios ya cuentan con títulos ejecutoriados.
“Cuando se trata de tierra fiscal no disponible o en proceso de saneamiento el INRA sí tiene competencia, pero cuando los títulos ya han sido otorgados corresponde actuar al Ministerio Público, al Tribunal Agroambiental y a la Policía Boliviana”, aclaró.
INRA
La autoridad también indicó que la Policía Boliviana activó operativos para liberar algunas zonas en conflicto, en coordinación con la Gobernación cruceña, aunque reconoció que la magnitud del problema impide una intervención simultánea en todo el país.
Las decisiones gubernamentales se dan en un contexto de fuertes cuestionamientos desde el sector productivo. El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, denunció la existencia de “mafias incrustadas” en el INRA que, según dijo, permiten la continuidad de los avasallamientos. “Aquí hay una mafia organizada que está incrustada en el INRA y en otras instancias que permiten estas barbaridades”, sostuvo.
Con el cambio de autoridades y la auditoría anunciada, el Gobierno busca frenar las irregularidades en la administración de tierras y recuperar la confianza institucional en una región marcada por conflictos agrarios recurrentes.