El viceministro Hormando Vaca Díez Jiménez afirma que durante los últimos 20 años el avasallamiento fue tolerado y facilitado desde el poder público, generando impunidad, persecución a propietarios y una sistemática vulneración del Estado de Derecho.
El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez. Foto: Daniel Revollo
Fuente: El Deber
El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, denunció que Bolivia vivió durante dos décadas un “terrorismo de Estado” en materia agraria, en el que el avasallamiento de tierras fue promovido, encubierto y protegido desde instancias del propio Estado, con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) como principal operador.
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“Se generó un terrorismo de Estado tremendo respecto a la tierra y una impunidad total hacia los avasalladores. El INRA fue el brazo ejecutor de ese sistema”, afirmó la autoridad en entrevista en el programa ¡Qué Semana!, de EL DEBER, al referirse a un esquema que —según dijo— combinó tráfico de influencias, uso político de la institucionalidad y paralización deliberada de procesos judiciales.
Vaca Díez explicó que funcionarios del INRA filtraban información técnica sensible —como planos y coordenadas— a grupos irregulares, facilitando la toma ilegal de predios que estaban en proceso de saneamiento. Una vez producido el avasallamiento, el propio Estado declaraba “conflicto de intereses” entre supuestos propietarios, congelando los trámites y dejando a los dueños legítimos fuera de sus tierras.
“El propietario quedaba afuera, el avasallador adentro y el Estado mirando al techo”, resumió.
El viceministro sostuvo que este mecanismo no solo afectó a propietarios privados, sino también a pueblos indígenas, reservas naturales y unidades productivas estratégicas, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y provocando desplazamientos forzados. Citó como ejemplos los casos del pueblo chimán en Beni, Las Londras y Guarayos en Santa Cruz, además de hechos similares en Cochabamba y Tarija.
Según la autoridad, el terrorismo de Estado también se expresó en la manipulación del sistema judicial. Denunció presiones políticas para frenar investigaciones, impedir acciones policiales y dilatar procesos hasta el desgaste de las víctimas. “La justicia tardía se convirtió en una forma de castigo. A la gente la cansaron, la empobrecieron y la obligaron a abandonar sus denuncias”, afirmó.
El caso de Las Londras fue mencionado como emblemático, no solo por la violencia ejercida contra civiles y periodistas, sino por la forma en que los procesos judiciales fueron sistemáticamente postergados. “Esa era otra forma de intimidación: no solo amenazas, sino retardación de justicia”, señaló.
Vaca Díez aseguró que esta etapa “se acabó” y que el actual Gobierno tiene el mandato de desmontar ese sistema. Anunció auditorías al INRA, cambios de autoridades y el impulso de procesos penales contra quienes resulten responsables. “Nunca más el Poder Ejecutivo del lado de los que cometen delitos. El avasallamiento es un delito penal y tiene que tener condenas”, dijo.
Finalmente, afirmó que la recuperación del Estado de Derecho pasa por restituir la autoridad del Estado sin parcialización política y por garantizar la separación de poderes. “La tierra no puede seguir siendo un instrumento de terror, chantaje y tráfico político. Eso es lo que vamos a revertir”, concluyó.