Gustavo Pedraza advierte que el destrozo institucional y la entrega irregular de tierras afectan a la Chiquitanía y reservas forestales.
Stefany Beatriz Guzmán Nuñez
Fuente: Red Uno/Que no me pierda
La problemática de los avasallamientos en tierras rurales continúa siendo una preocupación en Santa Cruz. Productores denuncian la existencia de mafias dentro del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y exigen su intervención inmediata.
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En diálogo con el programa Que No Me Pierda, el analista Gustavo Pedraza señaló que la situación “no es nueva” y que el principal obstáculo ha sido la impunidad, que permitió que los delitos se repitan.
“Los fiscales y jueces liberaban a los culpables, quienes volvían a delinquir. La impunidad es el caldo de cultivo del delito”, explicó.
Según Pedraza, el INRA fue utilizado como un instrumento político para distribuir tierras de manera irregular, incluyendo la conversión de tierras forestales a agrícolas y la ocupación de áreas protegidas, como la Chiquitanía, las reservas forestales de Guarayos y Choré, y el parque nacional Noel Kempff.
“El INRA fue prácticamente destrozado y las instituciones como la ABT no cumplieron su rol”, afirmó.
Entre los principales problemas identificados por Pedraza están:
- Avasallamientos de tierras fiscales y privadas.
- Invasión de áreas protegidas y reservas forestales.
- Cambios ilegales de uso de suelo, que afectaron más de 2 millones de hectáreas en la Chiquitania.
- Sobreposición parcial de propiedades y doble titulación, generando conflictos legales entre propietarios.
Sobre la solución, Pedraza sostuvo: “La primera tarea es recomponer la institución. El INRA debe ser técnico, no político. No puede haber predalismo ni tráfico de tierras. Hay que designar profesionales, abogados y técnicos que conozcan a fondo el proceso agrario”.
El experto explicó la importancia del catastro rural: “Cada propiedad rural debe tener su lugar, lindero y colindancia certificados. Si no existe un catastro rural, van a seguir los problemas de sobreposición y doble titulación”.
Finalmente, sobre el rol de la gobernación y la comisión agraria, Pedraza destacó que “solo el imperio de la ley permitirá avanzar. La Comisión Agraria Departamental debe funcionar, y los culpables de los avasallamientos deben recibir sanción penal. Esto es vital para acabar con el negocio de la tierra”.