Mientras se aguarda el pronunciamiento oficial del Tribunal Constitucional, el TSE ratificó que actuará únicamente sobre la base de notificaciones formales
Por Mauricio Quiroz Terán
Fuente: eldeber.com.bo
En medio de la incertidumbre jurídica que rodea a Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y la amenaza de quedar fuera del mapa del sistema de partidos, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, lanzó una doble ofensiva: por el lado de la campaña, un programa municipal de impacto social para aliviar el costo de vida; y por otro, un plan B político para evitar la desaparición de su fuerza si se concreta la pérdida de personería jurídica.
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“Pueden tumbar una sigla, pero no van a tumbar el amor ni la solidaridad por el pueblo”, afirmó Fernández, al confirmar que UCS ya trabaja en alternativas políticas ante un escenario adverso. “Si se da esa jugada política, vamos a buscar otra sigla y vamos a continuar. No nos vamos a echar a llorar. Vamos a ser protagonistas y vamos a ganar elecciones”, aseguró.
Combo solidario y control de precios
Desde la gestión municipal, Fernández presentó la segunda fase del plan para proteger la economía popular, una respuesta directa a las denuncias de amas de casa por el encarecimiento de los alimentos básicos. Según explicó, entre el productor y el mercado existe un sobreprecio de hasta Bs 11, lo que eleva el costo final de productos de consumo diario.
La medida central es el “combo solidario de verduras”, que incluye 3 libras de papa, 3 de cebolla y 3 de zanahoria por Bs 15, cuando en los mercados ese mismo conjunto llega a costar alrededor de Bs 30. El programa se ejecutará mediante venta directa, en coordinación con productores y organizaciones de mujeres.
El plan se complementa con la venta del corte único de carne a Bs 37, que se ofrecerá tanto en el matadero municipal como en los distritos. Las ferias comenzarán a las 7:30 de la mañana en subalcaldías y barrios, y se mantendrán de martes a sábado.
Además, Fernández anunció un componente solidario: Bs 1 de cada venta será destinado a la compra de medicamentos para niños con cáncer, con desembolsos semanales conforme se recauden los fondos.
Incertidumbre jurídica y presión electoral
La activación del plan B se produce mientras el Tribunal Supremo Electoral informó que no ha sido notificado oficialmente por el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre ninguna resolución vinculada a la situación jurídica de UCS. El partido obtuvo 1,67% de los votos en las elecciones generales de agosto de 2025, por debajo del 3% exigido por la Ley de Organizaciones Políticas.
De manera extraoficial, trascendió que el TCP habría rechazado dos recursos constitucionales presentados por UCS —una acción abstracta y una concreta—, lo que dejaría expedito el camino para la cancelación de su personería jurídica y su eventual exclusión de las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026. El TSE reiteró que solo actuará sobre la base de notificaciones formales.
“No es la primera vez”
Fernández apeló a la historia del partido para relativizar el golpe. Recordó que Max Fernández, fundador del proyecto político, enfrentó en el pasado la pérdida de siglas como UCB y UCN, y aun así logró reconstruir su presencia con alcaldes, parlamentarios y prefectos.
“Ya nos tumbaron dos veces y aquí estamos. Hoy puede pasar lo mismo, pero no nos van a sacar del escenario político”, afirmó. Incluso dejó abierta la posibilidad de volver a postular personalmente, si el contexto lo exige.
Llamado a transparentar el financiamiento político
En paralelo, el alcalde exigió al Órgano Electoral control previo del financiamiento de campañas, en referencia a recientes escándalos que salpican al proceso electoral. “No se puede investigar después de las elecciones. Hay que saber ahora de dónde sacan millones los candidatos”, demandó.