El expediente se refiere a la detención ilegal, tortura y muerte de tres personas bajo custodia policial, hechos ocurridos a inicios de los años 2000
Fuente: Infobae
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso contra el Estado ecuatoriano por la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial de tres personas, hechos ocurridos durante un operativo policial a inicios de la década de los 2000 y que, según el organismo regional, permanecen marcados por la impunidad. La remisión del expediente se realizó el 27 de octubre de 2025 y fue informada públicamente el 29 de diciembre del mismo año.
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El caso, identificado con el número 13.167, se originó a partir de una petición recibida por la CIDH en julio de 2004. En ella se denunció la detención de Pedro Baque Tuárez y de los hermanos Carlos Enrique y Pedro Jorge Jaramillo Mera, quienes fueron aprehendidos bajo el argumento de ser sospechosos de la muerte de un agente policial. De acuerdo con la Comisión, durante el tiempo en que estuvieron bajo custodia estatal se produjeron graves violaciones de derechos humanos: los hermanos Jaramillo fueron ejecutados extrajudicialmente, mientras que Pedro Baque fue sometido a actos de tortura y recibió múltiples impactos de bala.
Según el análisis de fondo realizado por la CIDH, las víctimas no fueron informadas de las razones de su detención ni puestas a disposición de una autoridad competente, en contravención de las garantías básicas del debido proceso.
Además, la investigación inicial de los hechos fue llevada a cabo por órganos vinculados a los propios agentes acusados, lo que comprometió seriamente su independencia e imparcialidad. El organismo regional también constató que se omitieron diligencias esenciales, como la práctica de autopsias y el reconocimiento oportuno del lugar de los hechos, lo que impidió esclarecer plenamente las responsabilidades penales.
En el ámbito judicial interno, en 2002 cinco agentes policiales fueron condenados a doce años de prisión por estos hechos. No obstante, la CIDH advirtió que la sentencia solo se ejecutó de manera parcial: únicamente uno de los condenados fue capturado, mientras que los demás permanecieron prófugos. Esta situación derivó en la prescripción de sus penas en 2015, tras más de una década sin que el Estado lograra hacer efectivas las condenas. Para la Comisión, la falta de diligencia y de control en la captura de las personas sentenciadas constituyó una violación del deber estatal de garantizar justicia.
En su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 333/22, la CIDH concluyó que Carlos Enrique y Pedro Jorge Jaramillo fueron privados de la vida por agentes estatales mientras se encontraban bajo custodia, lo que configura ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, determinó que los actos sufridos por Carlos Jaramillo y Pedro Baque fueron intencionales, causaron un intenso sufrimiento físico y tuvieron como propósito obligarlos a confesar delitos que no cometieron, por lo que calificó estos hechos como tortura. La Comisión también señaló que las detenciones arbitrarias, las torturas y las ejecuciones generaron sufrimiento y angustia en los familiares de las víctimas, afectando su integridad psíquica y moral.
Con base en estos hallazgos, la CIDH estableció que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial, consagrados en los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación general de respeto y garantía prevista en su artículo 1.1, en perjuicio de Pedro Baque Tuárez, Carlos Enrique y Pedro Jorge Jaramillo Mera y de sus familiares.
Al remitir el caso a la Corte IDH, la Comisión solicitó que el tribunal interamericano ordene medidas de reparación integral. Entre ellas se incluyen compensaciones económicas y medidas de satisfacción, así como la provisión de atención en salud física y mental para Pedro Baque y los familiares de las víctimas, de manera voluntaria y concertada. También pidió que se dispongan investigaciones completas y efectivas para determinar y sancionar a todos los responsables, sin que la prescripción sea utilizada como un obstáculo, y la implementación de garantías de no repetición, como programas de capacitación para funcionarios judiciales y fiscales en estándares internacionales sobre investigación de ejecuciones extrajudiciales.
Fuente: Infobae