Fernando Untoja
La medida anunciada por el Gobierno, referida a la devolución de ahorros en dólares, representa un esfuerzo inicial por atender las tensiones de liquidez y la pérdida de confianza en el sistema financiero. No obstante, su alcance resulta limitado desde una perspectiva económica estructural. El tope de devolución de 1.000 dólares, el carácter excepcional del mecanismo y su cobertura restringida —aproximadamente 75.000 familias— reducen significativamente su impacto macroeconómico y su capacidad de recomponer los flujos financieros en moneda extranjera hacia el sistema bancario.
Desde el punto de vista de los incentivos económicos, la medida no corrige las distorsiones que han llevado a los agentes económicos a retirar y mantener dólares fuera del sistema financiero formal. Mientras persistan restricciones al ahorro, a la remuneración del capital y a la libre disponibilidad de depósitos en dólares, los agentes continuarán percibiendo un riesgo regulatorio elevado, lo que desincentiva la intermediación financiera en moneda extranjera.
En este contexto, se propone permitir plenamente el ahorro en dólares, el pago de intereses en dólares y el retiro libre e irrestricto de depósitos en dólares desde el sistema bancario. La implementación de esta propuesta generaría señales claras de respeto a los derechos de propiedad financiera y de previsibilidad regulatoria, elementos fundamentales para la recuperación de la confianza.
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Desde una perspectiva macrofinanciera, esta medida podría facilitar el retorno de los dólares actualmente atesorados por hogares y empresas al sistema financiero, ampliando la base de depósitos en moneda extranjera, fortaleciendo la liquidez del sistema bancario y mejorando su capacidad de intermediación. Asimismo, contribuiría a reducir la presión sobre los mercados informales de divisas y a mejorar la eficiencia en la asignación de recursos, sin recurrir a mecanismos administrativos de corto plazo.
En síntesis, una liberalización efectiva de las operaciones en dólares dentro del sistema financiero formal resultaría más consistente con los objetivos de estabilidad, confianza y profundización financiera, en comparación con medidas parciales y transitorias que, si bien tienen valor simbólico, carecen de impacto estructural.