El ex director del Sepdavi, Marcelo Alcázar, señaló al ex gerente de BoA, a una actual funcionaria de la Cancillería y a otro de Mi Teleférico como parte de una “organización criminal” que entre 2015 y 2020, facilitó 37 encuentros entre la víctima y el expresidente.
Fuente: eldeber.com.bo
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La Fiscalía de La Paz admitió una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales y otras once personas, a quienes se les acusa de “autores y cómplices” de trata de personas. De acuerdo con el memorial —admitido el 30 de diciembre— los hechos se produjeron entre 2015 y 2020. La presunta víctima fue identificada como Noemí Meneses Chávez, quien —según la acusación— fue trasladada por vía aérea desde los 14 años a distintos destinos del país para sostener encuentros íntimos con el entonces jefe de Estado.
EL DEBER tuvo acceso a la denuncia, registrada con el Código Único de Caso (CUD) N° 201102012509349. El documento fue presentado en 2020 por Marcelo Alcázar, exdirector del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), quien se declaró “perseguido político” por haber impulsado la investigación durante el gobierno de Jeanine Áñez. En su exposición ante el Ministerio Público, Alcázar sostuvo que, tras iniciar las indagaciones, fue apartado de sus funciones y sometido a presiones por tocar un caso que involucraba directamente al mandatario de entonces.
En el memorial, el exfuncionario describió la existencia de una presunta “organización criminal” integrada por quienes, en su tiempo, fueron autoridades y funcionarios públicos. El objetivo de esa red —según la acusación— era garantizar la logística, el traslado y el encubrimiento de los encuentros entre Morales y la adolescente. Según la denuncia, Meneses realizó al menos 37 viajes aéreos para reunirse con el exmandatario mientras él se encontraba en funciones. Varios de esos viajes se hicieron sin cumplir los requisitos legales exigidos para menores de edad.
Alcázar acusó al actual dirigente cocalero de estupro tras señalar que él pudo abusar de una adolescente. En ese punto, el documento sostiene que la propia víctima reconoció ante la Policía el vínculo con Morales, aunque afirmó que la relación formal comenzó el 24 de mayo de 2020, cuando ella tenía 19 años, ya mayor de edad. Hizo esa declaración a pesar de la diferencia de edad de más de cuatro décadas con el exlíder del Movimiento al Socialismo (MAS). Para el denunciante, ese argumento no desvirtúa los hechos previos ni los cargos de trata y tráfico de personas que deben ser esclarecidos.
La denuncia solicita que Morales y los demás involucrados sean procesados y sancionados con penas que pueden alcanzar hasta 15 años de cárcel, conforme a la legislación penal boliviana vigente para este tipo de delitos.
Entre los cómplices, el memorial menciona al exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, además de otras diez personas que, según Alcázar, facilitaron el traslado de la entonces menor desde Cochabamba hacia otros departamentos del país. En la lista figuran funcionarios y exfuncionarios públicos, así como personas vinculadas a distintas reparticiones estatales.
También se menciona a Rodolfo Castro, actual funcionario de Mi Teleférico; a Luis Hernán Soliz Morales, quien en 2020 figuraba como asistente personal del exmandatario, dependiente del Ministerio de la Presidencia, y a servidores públicos relacionados con la Gobernación de Cochabamba y la Caja de Salud. Uno de los nombres que resalta en el documento es el de Carla Lorena Sandy, abogada que ocupó diversos cargos durante los gobiernos del MAS, entre ellos el de viceministra de Igualdad de Oportunidades en 2022 y directora de unidad en el Ministerio de Educación. Actualmente, según la denuncia, se desempeñaría como segunda secretaria de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entidad en la que recientemente impulsó la declaración del “Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Indígenas”.
Respecto a Casso, la denuncia recuerda que fue gerente de BoA durante las gestiones de Morales y de Luis Arce, y menciona además que su hermano, un excoronel de la Policía, fue asesor del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, lo que, en criterio del denunciante, refuerza la hipótesis de una red de influencias que permitió facilitar los traslados.
Alcázar sostuvo que allegados a Morales compraron los pasajes para Meneses y que, con apoyo interno, se burlaron los protocolos de seguridad. La denuncia señala que ni BoA ni las terminales aéreas de Cochabamba, Santa Cruz y, principalmente, La Paz exigieron el permiso para esos viajes.