El alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió que Teherán ponga fin a las detenciones masivas, las ejecuciones extrajudiciales y las torturas.
Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos en la sede europea de Naciones Unidas, en Ginebra (REUTERS/Denis Balibouse)
Fuente: Infobae
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió este viernes al régimen de Irán que ponga fin de inmediato a la represión contra los manifestantes, durante una sesión de emergencia del Consejo de Derechos Humanos respaldada por más de 50 países y convocada tras varias semanas de protestas masivas en el país asiático.
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“Llamo a las autoridades iraníes a reconsiderar, a dar marcha atrás y a terminar con su brutal represión”, expresó el jefe de derechos humanos de la organización internacional, quien manifestó su preocupación por las detenciones masivas y por la situación de miles de personas arrestadas.
El encuentro fue solicitado por una coalición de países europeos y africanos tras informes de organizaciones no gubernamentales que documentaron miles de muertes y heridos, así como denuncias de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Payam Akhavan, ex fiscal de la ONU de nacionalidad iraní-canadiense, intervino ante el Consejo y calificó los acontecimientos recientes como “la peor matanza en la historia contemporánea de Irán”.
Akhavan pidió la creación de un mecanismo internacional que permita juzgar a los responsables, comparando la situación con los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial.
Según datos presentados en la sesión, el saldo de las protestas supera las 3.000 víctimas mortales, incluyendo menores de edad y numerosos heridos. El régimen iraní atribuyó el estallido social a la acción de “terroristas y alborotadores” apoyados por opositores en el exilio y gobiernos extranjeros, entre ellos Estados Unidos e Israel.
El representante de Irán ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, declaró que su país “no reconoce la legitimidad ni la validez de esta sesión especial ni de su resolución”. Bahreini defendió la respuesta de su teocracia y reiteró la cifra oficial de fallecidos durante los disturbios, rechazando cualquier tipo de injerencia internacional.
El texto aprobado por el Consejo de Derechos Humanos, con el apoyo de 25 de sus 47 miembros, exige a Irán detener las ejecuciones extrajudiciales y la tortura contra manifestantes, así como garantizar que los juicios y sentencias se realicen en tribunales independientes e imparciales. Además, insta a que ninguna persona sea condenada a muerte ni ejecutada por delitos cometidos antes de los 18 años o por acusaciones que no alcancen el umbral de los crímenes más graves según el derecho internacional.
La resolución también prorroga por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán, un organismo creado en 2022 para documentar violaciones graves de derechos humanos en el país. El Consejo solicitó una investigación urgente sobre los crímenes cometidos desde el inicio de las recientes protestas, con el objetivo de recopilar pruebas para eventuales procesos judiciales a nivel internacional.
Entre los países que votaron a favor de la resolución se encuentran Francia, Reino Unido, España, México, Japón, Italia, Colombia y Países Bajos. Siete miembros, entre ellos Cuba, China, India y Pakistán, rechazaron la medida, mientras que otras delegaciones expresaron dudas sobre la viabilidad y la financiación de la prórroga del mandato de la misión, dada la crisis presupuestaria que enfrenta actualmente el sistema de Naciones Unidas.
Durante el debate, varios Estados, como Ghana y Francia, manifestaron su preocupación por el uso excesivo de la fuerza y la magnitud de la represión en Irán.
El embajador de China, Jia Guide, sostuvo que la situación constituye “un asunto interno” del país persa, mientras que representantes de Pakistán, Cuba y Etiopía también cuestionaron la utilidad de la sesión especial y de la propuesta de investigación.
La continuidad de la misión de investigación dependerá de la obtención de fondos en un contexto de restricciones presupuestarias en la ONU, lo que podría afectar la capacidad de documentar y procesar adecuadamente las denuncias de violaciones graves de derechos humanos.
(Con información de EFE, AFP y Reuters)