El país recibió el año nuevo, ayer, con pompa y sonaja. Sin embargo, tras las tensiones generadas por el D.S. 5503, la expectativa sobre lo que vendrá para el gobierno de Rodrigo Paz es alta y, al mismo tiempo, inquietante. El Ejecutivo enfrenta múltiples asperezas —sociales, políticas e internas— que hoy se sienten como la resaca de un festejo anticipado por haber triunfado en las pasadas elecciones.
Los problemas comienzan con la resistencia de diversos sectores frente al levantamiento de la subvención a los hidrocarburos. Si bien las reacciones iniciales no fueron tan explosivas como se temía, el malestar existe y amenaza con incrementarse con el paso del tiempo. El diálogo se vuelve no solo necesario, sino urgente, si se busca preservar la estabilidad del país antes de que el descontento derive en una reacción en cadena difícil de contener.
A este escenario se suma el rumbo hacia el primer gran termómetro de simpatía del gobierno: las elecciones subnacionales. El panorama político se transforma ante la ausencia de un partido hegemónico; la papeleta electoral se diversifica y la incertidumbre se profundiza. Este contexto se vuelve aún más complejo cuando el gobierno necesita asegurar espacios de poder territorial para hacer viable el anunciado esquema del “50/50”, una de las medidas insignia de la campaña de Rodrigo Paz, cuya implementación requiere algo más que voluntad discursiva.
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La incertidumbre se agrava ante alianzas frágiles y pasos en falso que el propio gobierno ha dado, especialmente frente a discursos y acciones que algunos sectores ya califican como una posible “persecución política”. Más allá de si estas acusaciones tienen sustento o no, el solo hecho de que se instalen en la opinión pública evidencia una preocupante informalidad en el accionar gubernamental, donde la falta de claridad estratégica termina alimentando sospechas y debilitando la institucionalidad.
Como si el cuadro no fuera suficiente, la crisis legislativa se agudiza. Las rupturas en las bancadas se vuelven cada vez más evidentes, los respaldos se tornan frágiles y los legisladores comienzan a expresar abiertamente su molestia. Los reclamos se acumulan y la imagen de gobernabilidad del presidente empieza a erosionarse, no por un solo conflicto, sino por la suma de varios frentes abiertos al mismo tiempo.
Y para coronar el cóctel, la relación con la vicepresidencia parece un capítulo perdido. Edman Lara ya se declara, sin matices, en oposición al gobierno, aprovechando cada ocasión para criticar y arremeter contra el Ejecutivo. Aunque por momentos el escenario recuerde a una telenovela de bajo presupuesto, el cuestionamiento constante al presidente no es un asunto menor: instala dudas, debilita la cohesión institucional y alimenta la percepción de inestabilidad.
Cada uno de estos problemas, por separado, podría ser manejable. El verdadero riesgo surge cuando comienzan a entrelazarse. Lo que inicia como un simple dolor de cabeza va tomando la forma de una migraña persistente que puede terminar llevando al gobierno a una atención de emergencia política.
Así, el gobierno recibe el 2026 con una resaca que urge ser tratada, pero no con ligereza, sino con estrategia y paciencia. No hay margen para pasos en falso ni para sobrerreaccionar ante cada conflicto, porque la acumulación de errores y tensiones podría terminar por enterrar una confianza que, aunque todavía existe, es tan frágil como reciente.