Extrañará el lector que transite por los peligrosos caminos de una intencional maniobra histórica, utilizada con fines políticos e intencionalmente racial, con el propósito de sustentar una interesada ideología racial; sin consideración, respeto ni moral alguna, pretendiendo ignorar evidencias históricas de un pasado no muy lejano, esgrimiendo aspectos sociológicamente regionales, sobre el cual, el propósito político y reivindicatorio ha generado narrativas que, al exagerar o distorsionar hechos de la época colonial, fomentan enfrentamientos regionales en el país, entre el occidente y el oriente boliviano.
Aprovechando esta situación nos vemos en la obligación de revisar y aclarar con certeza el trato que recibieron los pueblos indígenas durante la colonia española; especialmente a la luz de las “Leyes de Indias”, que, promulgadas por la Corona española, constituyeron un vasto cuerpo jurídico dirigido a regular la vida social, política y económica en América. Estas normas buscaban “proteger a la población indígena”, estableciendo disposiciones sobre el “buen trato”, “la prohibición de la esclavitud”, “condiciones de trabajo humanas” y el “respeto a ciertas leyes y costumbres indígenas, siempre que no contradijeran la religión ni las leyes de la Corona”.
Vale la pena, referirnos a instrumentos legales de esa época; como las Leyes de Burgos, las Leyes Nuevas y la Recopilación de 1680, que reflejan el esfuerzo que existió para lograr normar la convivencia entre españoles e indígenas, un hecho Sui Generis para su tiempo. Aunque, luego, era permitido el “sistema de encomiendas”, condicionado a la evangelización y al trato humano de los nativos. Su incumplimiento, generó controversias y modificaciones. Las encomiendas eran un sistema de organización del trabajo y de control poblacional, establecido por la Corona española durante la colonia, principalmente en los siglos XVI y XVII. En este sistema, la Corona encomendaba a un español, un grupo de indígenas para que recibiera de ellos tributo o trabajo. A cambio de ello, el español tenía la obligación legal de: Proteger a los indígenas, Garantizar su evangelización cristiana, Velar por su buen trato y condiciones de vida e Instruirlos en la lengua y costumbres españolas.
Si bien, las Leyes de Indias, sufrieron numerosos cambios a lo largo del tiempo y no siempre se aplicaron de manera efectiva, su existencia demuestra que la Corona española reconoció jurídicamente a los indígenas como “súbditos libres” y procuró regular su protección. Es por ello que analizar este aspecto legal con certeza histórica, permite desmitificar discursos politizados y comprender con mayor equilibrio nuestro pasado colonial.
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El Collasuyo, constituía la región más extensa del Imperio incaico, comprendiendo el altiplano andino, agrupando a pueblos hoy asentados en Cochabamba, La Paz y Oruro, es decir, lo que hoy conocemos como el occidente boliviano; en contraste con las tierras bajas —habitadas por los llamados “cambas”— que corresponden a regiones orientales del Beni, Pando y Santa Cruz, con historias, costumbres y tradiciones sociales distintas. El lograr comprender estas diferencias, resulta esencial, para evitar atribuciones de responsabilidades históricas impropias, que no corresponden a la veracidad de la historia.
Si bien, por una parte, los indígenas no eran esclavos: eran considerados personas libres y súbditos del rey, estaban obligados a tributar o trabajar para el español encomendero; por otra, muchas encomiendas derivaron en abusos y explotación, lo que motivó la promulgación de normas como las Leyes de Burgos y las Leyes Nuevas, que intentaron limitar los excesos, prohibir la esclavitud indígena y, en algunos casos, eliminar o reformar el sistema. Sin embargo, la Corona mantuvo las encomiendas como aspecto clave para la economía colonial de esa época.
Con el tiempo, el sistema fue se fue debilitando y fue reemplazado por otras formas de trabajo, como el “repartimiento y la mita”, de este modo, su impacto social y demográfico sobre las poblaciones indígenas fue profundo y duradero.
se construyen relatos con objetivos políticos y reivindicatorios, apelando a la ignorancia histórica para culpar a ciudadanos de la región oriental, culturalmente distintos en costumbres, historia y tradiciones. Se pretende atribuir responsabilidades a éstos para que asuman las consecuencias de un pasado que no les corresponde. Es lo que ha venido ocurriendo y actualmente ocurre en Bolivia, entre ciudadanos del occidente y el oriente del país. Ello me motivó a conocer y verificar la autenticidad de esta intencional narrativa, que, politizada, ha logrado durante muchas décadas provocar una brecha entre ciudadanos del occidente y oriente boliviano. Por ello me pareció conveniente aclarar este aspecto que divide socialmente al país, desconociendo incluso el esfuerzo de un oriente largamente marginado, que en el caso cruceño logró su desarrollo, por iniciativa propia y su lucha cívica.
Jorge Landívar Roca