Además de los precios de los combustibles al consumidor boliviano, se han modificado los precios que se pagan a las petroleras que operan en Bolivia y que se financiaban con dinero confiscado del IDH
Fuente: El País.bo
Más allá del debate sobre la publicación incompleta del Decreto Supremo 5503, el ajuste de precios de los combustibles reabre una cuestión estructural poco discutida en el país: la vigencia y el alcance real de los subsidios a las petroleras establecidos en la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, promulgada en diciembre de 2015, y más conocida como “Ley de Incentivos petroleros”.
La Ley 767: el “gasolinazo inverso”
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La Ley 767 fue aprobada cinco años después del fallido “gasolinazo” de 2010 dispuesto por el gobierno de Evo Morales. Su lógica fue distinta: en lugar de subir directamente los precios al consumidor, el Estado decidió pagar un incentivo adicional a las empresas petroleras (un subsidio) y continuar manteniendo bajos los precios internos.
La norma estableció que, además del precio base de 27,11 dólares por barril de petróleo fijado en 2004, el Estado pagaría entre 30 y 55 dólares adicionales por barril de petróleo crudo o condensados, siempre que la producción se destine al mercado interno.
Ese incentivo se financia con el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), recursos que corresponden a gobernaciones, universidades públicas y gobiernos municipales y que fue entendido como una confiscación bajo el argumento de lograr mayor producción en el futuro.
En los hechos, se trató de un subsidio cruzado: entidades subnacionales financiando a petroleras nacionales y extranjeras para sostener el precio interno de los combustibles.
Un fondo millonario y poco transparente
Los recursos del incentivo conforman el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), administrado por el Banco Central de Bolivia. La ley autoriza al BCB a invertir estos recursos en instrumentos financieros, bajo lineamientos similares a los de las Reservas Internacionales, en tanto que a las petroleras se les pagaría en Notas de Crédito (Nocres).
Pese a que el fondo debía incentivar la producción, el propio sector reconoce que los resultados han sido limitados. En agosto de 2025, según una publicación en la página web de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), el Gobierno de entonces, al mando de Luis Arce Catacora, hoy preso, admitió que ni siquiera con estos incentivos se logró incrementar de manera significativa la producción de petróleo crudo y condensados.
El punto crítico: el precio en boca de pozo
El DS 5503 abroga el decreto que fijaba el precio de 27,11 dólares por barril para el mercado interno y, según el Ministerio de Hidrocarburos, modifica el precio en boca de pozo, lo que tendría un efecto directo sobre regalías, ingresos subnacionales y YPFB.
El ministro del área, Mauricio Medinaceli, afirmó que el nuevo esquema fortalece los ingresos de alcaldías y gobernaciones; incrementará regalías y mejorará la situación financiera de YPFB.
La analista económica Edith Gálvez señala un problema central: no se ha publicado el nuevo precio en boca de pozo ni la metodología exacta de cálculo, ni se ha aclarado cómo interactúa ese nuevo precio con los subsidios establecidos por la Ley 767.
Gálvez se pregunta si la Ley 767 sigue plenamente vigente o quedó suspendida de facto por el DS 5503; también qué pasará con el incentivo de hasta 55 dólares si el precio ha subido y pide que se aclare cuánto se está pagando por barril a cada petrolera que destina la producción al mercado interno.
De momento el Ministerio no se ha pronunciado, pero tampoco en las Gobernaciones y Alcaldías quieren hablar sobre ello, aunque como concepto general, siempre han cuestionado el mecanismo del Fondo.
“Mientras el Gobierno habla de una “arquitectura de la cadena de valor de los precios”, esa arquitectura no es pública, no es verificable y no puede ser auditada por los consumidores que pagan el combustible cada día, ni por las entidades subnacionales a las que se sigue descontando el 12% del IDH”, señala Gálvez, que además recuerda que el barril WTI de referencia para Bolivia acaba de cerrar el año en 57,57 dólares, uno de los precios más bajos de los últimos años.
Bolivia y los proyectos que nunca fueron
La lógica del entonces ministro de Hidrocarburos indicaba que prometiendo un precio superior, las petroleras se esforzarían más y acelerarían inversiones. Bajo ese nuevo esquema el Gobierno de Evo Morales “logró” que Shell acelerara el Jaguar, que fracasó, y que Repsol se embarcara en el proyecto de Boyuy, que resultó ser el más profundo e improductivo del mundo, y que además acabó pagando YPFB porque fue quien insistió en continuar el trabajo pese a que los primeros reportes fueron negativos.
La confiscación del IDH se detuvo durante algunos meses en la pandemia, pero después se reanudó sin que hasta la fecha se hayan dado reportes positivos de las inversiones.
Fuente: El País.bo