Existe un refrán popular que dice que “el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra”. Lamentablemente, esta expresión parece describir con precisión el momento que atraviesa el país tras la aprobación y puesta en vigencia del Decreto Supremo 5503.
El nuevo gobierno no evaluó con la debida profundidad un factor clave para cualquier proceso de reformas estructurales: la gobernabilidad, tanto en la Asamblea Legislativa como, y sobre todo, en las calles. La ausencia de una estrategia política integral abrió el camino a una escalada de movilizaciones sociales que hoy mantienen al país en vilo, con bloqueos en las principales carreteras y pérdidas económicas que superan los 100 millones de dólares diarios.
Este escenario no es nuevo ni imprevisible. Bolivia ya ha vivido episodios similares en el pasado de su historia. Resulta evidente que el Ejecutivo subestimó la capacidad de reacción de grupos sociales y políticos afines al Movimiento al Socialismo, que tras perder el poder no se resignan a abandonar los privilegios acumulados durante dos décadas. Estos sectores, agazapados y a la espera del mínimo error, activaron un aparato de presión y confrontación ampliamente conocido, afectando principalmente a las clases más vulnerables que dicen defender.
Paradójicamente, quienes hoy paralizan el país en nombre de la “economía popular” son los mismos que profundizan la pobreza, encarecen los alimentos y condenan a miles de familias a la incertidumbre diaria. La protesta se ha convertido, una vez más, en un instrumento de chantaje político y no en un mecanismo legítimo de reivindicación social.
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Frente a este panorama, al gobierno no le queda otro camino que rectificar. No se trata de renunciar al fondo del Decreto Supremo 5503, que responde a la urgente necesidad de ordenar la economía y sentar bases para la recuperación, sino de corregir la forma en que fue concebido e implementado. La experiencia demuestra que las reformas necesarias, cuando no son socializadas ni políticamente blindadas, terminan naufragando en medio de la conflictividad.
Nos permitimos sugerir la siguiente propuesta:
El Ejecutivo, en coordinación con la Asamblea Legislativa, debe abrir de inmediato un espacio de diálogo político y social estructurado, no para negociar el rumbo económico del país, sino para mejorar el diseño, el soporte legal y los mecanismos de compensación del decreto, especialmente hacia los sectores más golpeados. Este diálogo debe ir acompañado de una estrategia firme de control del orden público, evitando que minorías radicalizadas sigan secuestrando la vida nacional.
El desafío del presidente Rodrigo Paz es mayúsculo. A la presión de los sectores movilizados se suma la existencia de actores internos dentro de la propia estructura de gobierno que, por acción u omisión, terminan facilitando la estrategia desestabilizadora. Sin embargo, el gobierno cuenta con una ventaja que no debe desperdiciar: la mayoría silenciosa de la población urbana, que rechaza los bloqueos, la violencia y el retorno al caos como método político.
Esta es, sin duda, una lección dura para el nuevo gobierno. La salida a la crisis exige inteligencia política, audacia en la toma de decisiones y rapidez en la corrección de errores. Si no se actúa con prontitud, el conflicto puede tornarse incontrolable y arrastrar consigo el proceso de recuperación económica que aún mantiene viva la esperanza de millones de bolivianos.
El país necesita orden, liderazgo y visión de Estado. Persistir en el error sería, esta vez, tropezar conscientemente con la misma piedra, pero a un costo mucho mayor para todos.
Fernando Crespo Lijeron