El viceministro Ernesto Justiniano respondió un cuestionario de preguntas a EL DEBER, en el que aseguró que el silencio que guardó el Gobierno por 72 horas fue “por responsabilidad, no por complicidad”
Por Ariel Melgar Cabrera

Fuente: El Deber
72 horas después de que se destapó el escandaloso caso del ingreso irregular de 32 maletas por el Aeropuerto Internacional de Viru Viru que involucra a una exdiputada y a un juez, se pronunció el Gobierno nacional, por intermedio del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.
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El viceministro respondió un cuestionario de preguntas a EL DEBER, en el que aseguró que el silencio que guardó el Gobierno fue “por responsabilidad”, puesto que se evitó interferir en la investigación que desarrolla la Fiscalía y Policía.
1.- ¿Por qué el Gobierno guardó silencio más de 72 horas?
Porque hablar antes habría significado interferir en una investigación en curso. El silencio fue responsabilidad, no complicidad.
2.- ¿El Gobierno protegió al juez Heberth Z.?
No. Si hubiera protección, no habría declaración, no habría allanamientos y no habría medidas. Los hechos demuestran lo contrario.
3.- ¿Hay más funcionarios involucrados?
Eso lo determinará la investigación. Lo que está claro es que no hay intocables.
4.- ¿El caso de las maletas está conectado con el del juez?
Esa es una hipótesis que se investiga. No adelantamos conclusiones que corresponden a la Fiscalía.
5.- ¿Por qué recién se pronuncian ahora?
Porque ahora hay hechos verificables. Antes hubiera sido una imprudencia.
6.- ¿Este caso afecta la imagen del Gobierno?
Lo que afecta a un Gobierno es encubrir. Actuar con la ley fortalece la institucionalidad.
7.- ¿Qué mensaje le deja a la ciudadanía?
Que en este país no hay cargo, pasaporte o fuero que esté por encima de la ley.
Pronunciamiento de la Cancillería
Este pronunciamiento del Gobierno se da luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmara la anulación de oficio del pasaporte diplomático de la exdiputada suplente Laura R. A., quien fue citada a declarar en calidad de testigo por el ingreso de las 32 maletas a Viru Viru, proveniente de un vuelo privado desde Estados Unidos.
La Cancillería informó este jueves que inició acciones penales por el uso ilícito de documentación diplomática contra la exdiputada, tras detectarse la portación y utilización de un pasaporte diplomático anulado para evadir controles aduaneros en un vuelo chárter privado que arribó al país con 32 maletas.
De acuerdo con el comunicado oficial, el pasaporte diplomático fue otorgado el 8 de septiembre de 2022 a solicitud de la Cámara de Diputados y condicionado al ejercicio del cargo. Al concluir su función parlamentaria, la exautoridad debía devolver obligatoriamente el documento; sin embargo, omitió su restitución pese a gestiones formales y a un compromiso firmado, incurriendo en una irregularidad.
Ante ello, la Cancillería anuló de oficio el pasaporte y reportó la medida el 13 de noviembre de 2025 ante Interpol y la Dirección General de Migración, dejando el documento invalidado para cualquier tránsito fronterizo o uso oficial. El ministerio remarcó que usar un pasaporte diplomático anulado o invocar prerrogativas estatales inexistentes para eludir controles constituye un hecho sujeto a investigación y sanción, además de las responsabilidades que pudieran derivarse por la carga transportada.
La Cancillería instruyó a su Dirección General de Asuntos Jurídicos iniciar de inmediato las acciones penales correspondientes y exhortó al Ministerio Público y a la Policía Boliviana a profundizar la investigación sobre cómo se permitió el ingreso de la exautoridad y de las 32 maletas sin la debida fiscalización en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, pese a una alerta previa emitida por esta cartera de Estado.
Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso con la legalidad y la transparencia y advirtió que no tolerará el uso de instrumentos oficiales ni privilegios diplomáticos para encubrir intereses particulares o posibles actividades ilícitas.
Este viernes, fue aprehendido el juez Heberth Z. por el delito de tráfico de sustancias controladas, pues se lo sindica de ser propietario del galpón de la empresa de seguridad en la que se secuestró varias maletas con 79 kilos de marihuana. Por este mismo caso, debe declarar en calidad de testigo la exdiputada Laura R. el lunes.
Las investigaciones continúan bajo dirección fiscal, mientras distintas instituciones del Estado aseguran que coadyuvan para esclarecer responsabilidades y determinar cómo se permitió el ingreso del equipaje sin los controles de rigor.
Redacción: Guider Arancibia/Ariel Melgar
Fuente: El Deber