Expertos coinciden en que la Justicia boliviana no solo sigue en crisis, sino que urge una reforma integral, que contemple la reversión de los retrocesos en materia de libertades civiles.
Fuente: ANF-Sumando Voces / La Paz
El reciente viraje en el ciclo político boliviano ha desencadenado una sucesión de eventos en la administración de Justicia, configurando un escenario de expectativa y escepticismo sobre el rumbo que tomará este órgano del Estado cuya independencia se encuentra, una vez más, bajo la lupa.
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Entre el cese de los prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la liberación de los procesados por el denominado “caso golpe” de 2019, el cierre del Ministerio de Justicia, el desarrollo de una cumbre, y la detención de exautoridades del régimen de Luis Arce, los nuevos magistrados acaban de cumplir un año en funciones.
El diagnóstico del estado de la Justicia sigue siendo crítico: sumisión al Ejecutivo y falta de debido proceso. El abogado penalista y litigante Eusebio Vera y el responsable de Incidencia en Derechos Humanos del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Miguel Miranda, coinciden en que la Justicia no solo sigue en crisis, sino que urge una reforma integral, que contemple la reversión de los retrocesos en materia de libertades civiles.
El fin de los prorrogados
Catorce días antes de la segunda vuelta electoral, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, arremetió contra los magistrados prorrogados en un escenario donde el fin de 20 años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) era inminente.
Con el aval de la administración de Luis Arce, los exmagistrados prorrogados del TCP permanecieron en sus cargos por casi dos años, pese a que la Constitución Política del Estado establece que su gestión es de solo seis.
Torpedearon las Elecciones Judiciales en 2023 y 2024, hasta el límite de crear las condiciones para ampliar su mandato; bajo amenazas, se pusieron por encima del Tribunal Supremo Electoral (TSE) afectando el principio de preclusión. Al final, ellos mismos dieron un paso al costado y dejaron sus funciones.
Fue solo a la luz del cambio de gobierno, cuando Arce dejó el poder, que las nuevas autoridades del TCP, electas en 2024, rompieron su silencio para denunciar con vehemencia la ilegalidad de sus colegas autoprorrogados. Surgieron entonces denuncias en su contra por la vía ordinaria y para la activación de juicio de responsabilidades; incluso se emitieron órdenes de aprehensión.
Exmagistrados prorrogados del TCP y del TSJ. Foto: ABI.
“Se tuvo administradores (de justicia) que, lejos de llevar adelante un Estado de derecho en apego a la Constitución, se prorrogaron y atropellaron la Ley de leyes en favor de sus propios intereses”, afirma Vera.
Miranda advierte que la crisis que se generó a partir de la politización de la Justicia, no solo afectó al sistema judicial en su conjunto, sino al ejercicio de los derechos humanos.
Sostiene que, en un Estado en el que se degradan, devalúan y erosionan derechos fundamentales, como la libertad de expresión o la libertad de asociación, se generan desbalances que reflejan un retroceso en materia de libertades civiles.
Saucedo ¿“el justiciero”?
En agosto de 2025 —tras la primera vuelta electoral y al conocerse que la población elegiría entre Rodrigo Paz y Jorque Quiroga al nuevo presidente de Bolivia—, el TSJ ordenó la revisión de los procesos en contra de la expresidenta Jeanine Añez, el gobernador Luis Fernando Camacho y el exdirigente cívico de Potosí Marco Antonio Pumari.
Los tres eran investigados por los luctuosos sucesos de la crisis de 2019 y poco tiempo después recobraron su libertad. Al respecto, Vera explica que desde el inicio “no hubo materia justiciable sólida” y, en consecuencia, se produjeron “vicios de nulidad”.
Sobre las causas abiertas contra Añez opina que se cometió una “aberración” porque todas siguieron la vía ordinaria cuando correspondía un juicio de responsabilidades.
Desde el otro lado, los familiares de las víctimas temen que la impunidad se imponga, demandan que se sancione a los responsables y se conozca la verdad de los hechos. “Las víctimas no tienen color político” y en este caso es importante considerar a sus familiares, reflexiona Miranda.
Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez tras lograr su libertad. Foto: redes sociales.
El experto en derechos humanos lamenta que el comportamiento oscilante de los jueces se constituya en la expresión de la “grave crisis del sistema judicial”, incapaz de darle garantías a la ciudadanía.
“Ahora que ha cambiado la correlación de fuerzas en el Gobierno”, de repente, los operadores de justicia “se acuerdan” de hacer su trabajo. “No se puede esperar nada de jueces que estaban bien con el poder político”, añade.
Los impulsores de los procesos en el “caso golpe” consideran que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia tomó decisiones “políticas”, pese a que la autoridad defendió sus actos argumentando que se obró en base a la norma.
La duda es si las nuevas autoridades tendrán posturas políticas por encima de las normas. “Nadie está obligado a hacer lo que la Constitución Política no manda; en otras palabras, lo que la Constitución Política no prohíbe, está permitido”, exclamó el presidente del TSJ, Romer Saucedo.
Su afirmación se produjo en un contexto de críticas al Gobierno por los decretos supremos 5515 y 5503. Lo que provocó cuestionamientos a sus declaraciones que se interpretaron como un apoyo al gobierno de Rodrigo Paz.
El nuevo Gobierno y el cierre del ministerio
Con la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia, el Ministerio de Justicia tuvo una agonía breve. Tras el paso de dos autoridades en menos de tres semanas, el mandatario finalmente cumplió su promesa de campaña y disolvió la cartera el 20 de noviembre de 2025. “El Ministerio de Justicia ha muerto”, sentenció Paz, argumentando que el despacho funcionó como un brazo de persecución política del MAS.
Por su parte, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, caracterizó a esa cartera de Estado como el “capataz” de la Justicia; en su opinión era la que movía los hilos de la administración de Justicia en una clara intromisión política.
En criterio de Vera, en todo Estado constitucional de derecho, la administración de Justicia es una prioridad en las políticas públicas, pero la existencia o no de un ministerio no garantiza su implementación.
Miranda y Vera coinciden en que, independientemente del cierre del ministerio, los servicios que prestaba esta cartera deben seguir funcionando, entre ellos los que brindaba el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima y el Registro Público de Abogados.
La persecución penal como mecanismo de “venganza”
El responsable de Incidencia del Cedib observa que, en esta coyuntura, también hay señales de la falta de garantías para un debido proceso en algunas causas abiertas por el Ministerio Público.
Cita como ejemplo el caso de Lidia Patty. “¿Por qué se focalizan en Patty y no empezaron por otros? Y no es que la señora Patty no haya actuado como una operadora de la persecución política, lo era”, afirma.
En este caso, después de 15 años, la Fiscalía abrió una investigación por el desfalco de recursos del Fondo Indígena contra la principal acusadora de Añez y Camacho.
Miranda advierte en esta acción una forma disimulada de castigo para que en el futuro nadie haga lo mismo. “Eso no es justicia, tiene más características de venganza”. De igual manera percibe un “sesgo político” respecto a lo sucedido con el expresidente Luis Arce, que en 15 años nunca fue investigado por ese tema y a solo un mes de su alejamiento del poder fue aprehendido e imputado por esta causa.
Compara el tratamiento que se le da a Arce, quien no tiene una base social que lo sostenga, con el expresidente Evo Morales, sobre quien pesa una orden de aprehensión sin ejecutar desde el año pasado y se arropa en miles de seguidores que lo custodian día y noche en el corazón del trópico cochabambino. “Le siguen perdonando muchos casos más. La pregunta es dónde están los fiscales, los jueces y la policía”, cuestiona.
Vera ve que existe un cambio en la administración de la Justicia porque varios casos se están reencaminando; Miranda piensa que siempre será causa de alegría que se cumpla el debido proceso, independientemente quién sea la persona investigada.
No obstante, se observa la diligencia del Ministerio Público en casos que fueron denunciados antes del cambio de gobierno, pero que recién están tomando impulso; es el caso de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos en el que fueron detenidos el exgerente general Franklin Flores y dos exministros, Néstor Huanca y Zenón Mamami, entre otros.
O el caso Botrading, denuncias que surgieron durante el gobierno de Arce, pero el Ministerio Público se dio su tiempo para investigar los presuntos hechos de corrupción en torno a la creación de esa empresa y el “sobreprecio” en la importación de combustibles.
Mientras la Fiscalía iniciaba las investigaciones, el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, huyó del país a Brasil. En tanto que una denominada Comisión de la Verdad indaga, por su lado, estos hechos de presunta corrupción.
Sin embargo, los giros de los jueces y fiscales en sus actuaciones siguen siendo una preocupación, porque dan claras señales de responder a los ciclos político-partidarios, según el gobierno de turno y burlando el cumplimiento de las normas.
La reforma judicial un tema pendiente
Vera apuesta a una reforma judicial real que acabe con el sometimiento. Desde su perspectiva, eso solo será posible a través de una reforma parcial de la Constitución Política del Estado.
“Que sea una reforma parcial, no total, solamente en los capítulos que correspondan a la administración de justicia a partir del artículo 180 y siguientes”, precisó.
Miranda, por su parte, ve un riesgo en abrir la norma fundamental para una reforma parcial, porque considera que varios actores de la sociedad querrían aprovecharse de esta decisión para buscar modificaciones en otros temas. “Ahí está siempre el temor”.
Por ello, considera saludable iniciar el debate de los diferentes temas vinculados a la Justicia para que cuando exista madurez en los planteamientos se sugiera abrir la Constitución.
Autoridades de la Cumbre de Justicia de noviembre de 2025. Foto: TSJ.
En una cumbre de Justicia, organizada de forma rápida en noviembre de 2026 a iniciativa de TSJ, se concluyó la necesidad de realizar modificaciones a la Constitución en el largo plazo, contar con una norma específica para la jurisdicción agroambiental y revisar la Ley de Deslinde Jurisdiccional.
Asimismo, se planteó una reforma del sistema penal, la asignación de un presupuesto acorde a las necesidades del órgano (que le dé autonomía) y otros temas vinculados a la modernización del procesos y al fomento a la carrera judicial.
ANF para Sumando Voces