La historia demuestra que ningún nuevo orden se instaura sin resistencia. Quienes se beneficiaron del viejo sistema jamás entregan sus privilegios en silencio. Los cambios reales no se negocian con los ganadores del pasado; se imponen con decisión política y respaldo social. Hoy, el mundo vuelve a confirmar esa regla.
En el plano internacional, el endurecimiento de la política estadounidense bajo el liderazgo de Donald Trump envía una señal inequívoca: los regímenes sostenidos por el narcotráfico, el oro ilegal y las economías criminales dejan de ser actores políticos tolerables. Venezuela se convierte en el epicentro de ese mensaje. La presión directa sobre Nicolás Maduro y su círculo no es solo un episodio diplomático; es la advertencia de que el tiempo de la impunidad se agota y de que el viejo orden autoritario empieza a resquebrajarse.
Ese giro redefine los equilibrios geopolíticos de la región. El silencio cómplice, el relativismo ideológico y la coartada “antiimperialista” pierden eficacia cuando el crimen organizado amenaza la seguridad continental. El tablero cambia, y quienes no se adapten quedarán fuera.
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Bolivia no está al margen de este proceso. El Decreto Supremo 5503 expresaba, en clave nacional, la ruptura con un modelo agotado. No fue un simple ajuste económico ni la eliminación aislada de un subsidio: fue la desarticulación del entramado estatista que alimentó durante años al contrabando de diésel, la minería ilegal del oro y el narcotráfico, un sistema que convirtió al Estado en socio pasivo de las mafias.
Como era previsible, la reacción fue inmediata y cuidadosamente planificada. Los beneficiarios del viejo orden bloquearon y apelaron al miedo. No defienden al pueblo; defienden un negocio multimillonario construido sobre subsidios distorsionados y ausencia de control. El ruido no fue social: fue corporativo y mafioso.
No es una cuestión ideológica ni un dilema de “Patria o muerte”. Fue un bloqueo y una movilización sindical de quienes se resisten a perder privilegios, a resignar los millones que dejaba el contrabando de diésel, los recursos distribuidos por el FONDIOC y los contratos millonarios en obras estatales. En síntesis, es la podredumbre heredada de los gobiernos del MAS. No podemos equivocarnos: la COB y las organizaciones que bloquean y amenazan la estabilidad del país resisten el nuevo orden y buscan reinstalar un pasado funesto.
En ese contexto adverso aparece el factor decisivo: la ciudadanía. Una ciudadanía cansada y hastiada de abusos, corrupción y mentiras; una ciudadanía valiente que se rebeló frente a los excesos de los movilizados. Mujeres y hombres que ya no están dispuestos a aceptar la alteración de su vida cotidiana, la vulneración de su derecho al libre tránsito y de su derecho al trabajo. La consolidación del nuevo orden no dependerá solo de decretos ni de discursos; dependerá del respaldo activo de una sociedad que ya no está dispuesta a seguir financiando privilegios ajenos.
Todo nuevo orden enfrenta sabotaje, desgaste y conflicto. La pregunta no es si habrá resistencia, sino quién se impondrá. O se consolida un Estado que gobierna, o regresan quienes lucraron con su debilidad.
No estamos ante una coyuntura pasajera. Estamos ante una disputa histórica entre dos modelos. Y esta vez, la balanza solo se inclinará si la ciudadanía asume que el cambio también le pertenece.
Porque el nuevo orden no se decreta: se defiende.
Jaime Navarro Tardío
Político y ex Diputado Nacional.