Bolivia tiene una obsesión enfermiza con los “momentos históricos”. Desde hace 200 años, cada generación se convence de estar protagonizando una gesta heroica, una lucha decisiva o un sacrificio inevitable. Y mientras tanto, el país no avanza. Literalmente, se paraliza. Bolivia es una larga y lamentable historia de oportunidades perdidas.
La discusión sobre la ley que prohíbe los bloqueos como método de protesta es el mejor ejemplo de esta decadencia normalizada. Me resulta grotesco ver a tantos sectores de aquí y de allá, defendiendo sin un peso de sentido común, el derecho a bloquear carreteras, estrangular el comercio y pisotear la libertad de circulación de millones de personas que lo único que quieren es trabajar y vivir sin que nadie los moleste.
Durante siglos, la humanidad resolvió sus conflictos a golpes, a sangre y fuego. Hoy eso es ilegal y no porque el conflicto haya desaparecido, sino porque entendimos que no todo medio es válido. Con los bloqueos pasa exactamente lo mismo. Son una forma primitiva, violenta y extorsiva de presión política. Y como toda práctica o cultura primitiva, debería quedar atrás.
Es cierto que el centralismo fue brutal con Santa Cruz. Las luchas por regalías, autonomías, infraestructura y reconocimiento fueron totalmente legítimas. Pero ese argumento no puede ser una patente eterna para paralizar al país cada vez que algo no nos gusta. No podemos vivir en permanente modo de resistencia.
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No se construye un país serio desde la lógica del “todo o nada”. Esa lógica binaria y divisora que en Bolivia se ha disfrazado muchas veces en consignas como “patria o muerte” o “ferrocarril o nada”, donde el que no acompaña es enemigo y el país entero queda rehén de una sola causa.
Lo más absurdo es ver a sectores cruceños oponiéndose a esta ley con los mismos argumentos que históricamente han utilizado la COB, los movimientos indígenas o los gremios sindicales más retrógrados del país. Defender el bloqueo porque “a veces funciona” es como defender la corrupción porque “a veces destraba trámites”. Es una confesión de fracaso institucional, indecencia cívica e ignorancia deliberada.
Un país decente no permite que un grupo reducido secuestre a la mayoría. No permite que el derecho a protestar anule el derecho a trabajar, a producir, a circular y a vivir. Esa regla debe aplicar para todos, sin excepciones y sin romantización regional o sindical.
Incluso me atrevo a decir sin miedo que el escenario ideal es no necesitar más comités cívicos, ni centrales obreras, ni estructuras sociales de presión que nacieron como respuesta a un Estado ausente y opresor y terminaron convirtiéndose en obstáculos permanentes. Fueron necesarias alguna vez, pero hoy son parte principal del problema.
Yo, como la gran mayoría de bolivianos, estoy podrido de vivir momentos históricos. Quiero vivir normalidad, instituciones, reglas claras, protesta sin chantaje y política sin bloqueo. Quiero un país donde nadie tenga el poder de limitar la libertad de los demás para imponer su agenda. Eso sería verdaderamente histórico.
Roberto Ortiz Ortiz
MBA con experiencia corporativa en banca y telecomunicaciones