El presidente del TSE· presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura al considerar que un juzgado sin competencia admitió un amparo que podría afectar las elecciones.
Fuente: eldeber.com.bo
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El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura contra el juez del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas, por haber admitido una acción de amparo constitucional que busca frenar la cancelación de la personería jurídica de Acción Democrática Nacionalista (ADN), pese a no tener competencia territorial ni electoral, una actuación que -según el Órgano Electoral- pone en riesgo el principio de preclusión y el normal desarrollo de las elecciones subnacionales previstas para marzo de 2026.
En el memorial remitido al Consejo de la Magistratura, Ávila expone que el juzgado de Cuatro Cañadas admitió y pretende conocer una acción de amparo constitucional interpuesta por un ciudadano contra la Sala Plena del TSE en abierta contradicción con las reglas constitucionales y legales de competencia territorial.
El presidente del Órgano Electoral informó que el mismo 19 de enero el TSE planteó una declinatoria de competencia con carácter previo, advirtiendo de manera expresa al juez que insistir en el conocimiento del caso daría lugar a la activación de acciones legales y disciplinarias.
Sin embargo, según la denuncia, el juzgado habría persistido en tramitar la causa, pese a la advertencia formal.
Entre las irregularidades detectadas, el TSE señala notificaciones extemporáneas vía WhatsApp, sin respetar los plazos mínimos para la preparación de defensa; la inobservancia de las reglas de competencia territorial, dado que los hechos denunciados habrían ocurrido en La Paz, sede del TSE, y que la organización política presuntamente afectada tiene domicilio en Santa Cruz; además del desconocimiento de la legitimación activa en materia electoral, ya que la acción fue presentada por un ciudadano a título individual, sin acreditar representación legal de la alianza política involucrada.
La denuncia también advierte sobre el riesgo de afectar el principio de preclusión electoral, ya que el accionante solicita medidas que podrían suspender actos del calendario electoral de las subnacionales 2026, un extremo que -según el TSE- vulnera compromisos institucionales asumidos para garantizar la continuidad del proceso democrático.
Ávila fundamenta su denuncia en la posible comisión de faltas disciplinarias graves, conforme a la Ley del Órgano Judicial y la normativa disciplinaria vigente, por desconocimiento manifiesto de normas constitucionales, jurisprudencia vinculante y por asumir una competencia que no corresponde en un proceso electoral en curso.
Como antecedente, el presidente del TSE recordó que existe un acuerdo entre los órganos del Estado para que ninguna acción judicial o constitucional paralice el proceso electoral.
“El pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral es claro, no vamos a permitir que se vulnere el principio de preclusión. Las actividades del calendario ya tienen un avance significativo”, afirmó Ávila en declaraciones a EL DEBER, dejando en claro que el Órgano Electoral no está dispuesto a poner en riesgo las elecciones subnacionales de marzo.