Ampliación de plazo solicitada por Hugo León retrasa inspección y audiencia pública mientras Petrobras avanza con obras en pozo exploratorio.
El presidente Rodrigo Paz y el procurador General del Estado, Hugo César León La Faye. Foto: El País
Fuente: El País
La inspección técnica programada para el 9 de febrero en Chiquiacá y la audiencia pública del 13 de febrero en el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos han sido postergadas tras la solicitud del procurador General del Estado, Hugo César León La Faye, quien argumentó que los tiempos no fueron suficientes para que las entidades demandadas y Petrobras presentaran informes en la Acción Ambiental Precautoria que busca detener el proyecto Domo Oso X-3.
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Ampliación de plazos y argumentos
El 29 de enero, el juez agroambiental Clever Marcelo Osorio Guerrero amplió el plazo de 10 a 20 días hábiles para la presentación de informes y dejó sin efecto las fechas de audiencia. La resolución señala que la Procuraduría fue citada el 27 de enero, cuando el plazo original ya estaba vencido, y que las comunidades de Chiquiacá aún no han sido citadas como terceros interesados.
León La Faye argumentó que la notificación llegó 11 días después del Auto Interlocutorio, que la sede de la Procuraduría está en El Alto y que el caso es “complejo, de relevancia e interés social”. Solicitó “tiempos razonables” invocando el “principio de igualdad procesal” y el derecho a la defensa.
“Una estrategia dilatoria”
El Comité de Defensa de Tariquía cuestiona la postergación. “Evidentemente este tipo de accionar genera mucha susceptibilidad en la población. La información en controversia tiene muchas observaciones de legalidad, transparencia y legitimidad”, señala un defensor.
“Se diría que es una estrategia para permitir que Petrobras y YPFB Chaco avancen con las obras mientras extienden el proceso judicial”, afirma. “Los documentos que se les solicitaron los tienen a mano. No hay motivo para tardar tanto”.
Juan Mendoza, del Comité de Defensa, denunció que, pese a la orden judicial de paralización, “trabajadores de Petrobras llegan en horas de la noche” a comunidades de Chiquiacá para reunirse con dirigentes pro-petroleros, profundizando la división interna. “De momento no están trabajando con maquinaria, pero sí operando con autoridades y dirigentes que apoyan el ingreso de las petroleras”.
Medida cautelar cuestionada
El Auto Interlocutorio del 16 de enero dispuso pausa de 30 días en el proyecto Domo Oso X-3, ampliada por 10 días más a solicitud del Procurador. Sin embargo, defensores denuncian que vehículos y personal siguen ingresando a la zona.
Tras la medida cautelar, los comunarios levantaron el punto de vigilia en Quebrada Las Vacas, aunque permanecen en estado de alerta. Las nuevas fechas de audiencia “serán señaladas una vez las instituciones demandadas remitan sus informes o venza el plazo otorgado”.
Contexto
La Acción Ambiental Precautoria fue presentada por el Defensor del Pueblo Pedro Francisco Callisaya Aro contra el Ministro de Hidrocarburos, el Ministro de Medio Ambiente, el Viceministro de Medio Ambiente y el presidente de YPFB.
El 6 de enero, un convoy de 13 vehículos de Petrobras escoltado por 40 policías ingresó al pozo Domo Oso X-3 en Chiquiacá, sobrepasando el punto de vigilia comunario. Este hecho desencadenó movilizaciones y la acción judicial.
La Fiscalía activó un segundo proceso penal contra 17 personas (16 comunarios y un concejal) por asociación delictuosa y atentados contra la libertad de trabajo, a denuncia del asesor de Petrobras y YPFB. El 26 de enero, el Ministerio Público emitió resolución de rechazo a favor de todos los procesados. Petrobras tiene cinco días para objetar; si no lo hace, el proceso quedará cerrado. Un primer proceso penal de 2024 está en etapa de juicio.
La Reserva de Tariquía (246.870 hectáreas) alimenta con agua al valle central tarijeño. El pozo Domo Oso X-3 está a 1,5 km fuera de los límites formales, pero organizaciones ambientales advierten que impacta el ecosistema completo. Las 22 comunidades resisten desde 2018 y denuncian consulta fraudulenta.