Desde YPFB Transporte advirtieron que la estación fue tomada por sindicatos agrarios, tema que puede acarrear consecuencias legales y de seguridad, según el criterio del exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos
La toma de la planta es impulsada por la Central Única de Trabajadores Campesinos de Manuel María Caballero
Fuente: Unitel
Después de que YPFB Transporte reportara la toma de la Estación de Compresión y Bombeo Oconi, perteneciente al Gasoducto al Altiplano (GAA) y al Oleoducto Santa Cruz-Cochabamba OSSA1, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, advirtió que estas acciones implican una afectación directa a la población.
Ríos explicó que este desde la planta se transporta tanto GLP como petróleo, lo que puede afectar tanto a la llegada del gas al consumidor final como a la producción de gasolina y diésel que se da en territorio nacional, respectivamente.
“A los que están haciendo esto, los únicos perjudicados con esto no es el Gobierno, es el pueblo boliviano, que posiblemente tenga menor cantidad de GLP en sus hogares, en sus comercios y en sus industrias”, sostuvo la exautoridad.
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Según YPFB Transporte, la estación fue tomada por comunarios de sindicatos afiliados a la Central Única de Trabajadores Campesinos de Manuel María Caballero, quienes presionaron para paralizar las operaciones, lo que implica un freno a la continuidad del servicio y representa un riesgo para la seguridad de las personas próximas a las instalaciones.
El exministro Ríos consideró que el Gobierno no debe permitir este tipo de actos que implican el freno al acceso de un servicio público y de energía a la población, recordando que hay sanciones establecidas en la normativa vigente ante este tipo de actos.
La Ley 3740 establece que toda persona que promueva la interrupción de las actividades contempladas en el Artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos (entre ellas el transporte y la distribución), será sancionada conforme a lo establecido en el Artículo 214 del Código Penal.
A su vez, el artículo 214 del Código Penal reseña que quien atentare contra la seguridad o el funcionamiento normal de los servicios públicos de agua, luz, substancias energéticas, energía eléctrica u otras, y la circulación en las vías públicas, incurrirá en privación de libertad de dos a seis años.
“Nadie debe atentar contra la seguridad del abastecimiento del país y el Gobierno tiene que ponerse duro en este sentido. Decirle también a la población boliviana que tomando estaciones o cerrando válvulas, lo único que vamos a dañar es más al pueblo boliviano y que esto no contribuye en nada a que el país esté abastecido”, resaltó el exministro.
Además, Ríos precisó que la toma o el ingreso de personas ajenas a la estación puede implicar un accidente o afectación al tema de seguridad, otro tema a tener en cuenta.