Los asambleístas destacaron que el Órgano Legislativo atraviesa un momento decisivo para recuperar su rol constitucional.
Por Boris Góngora
Inicio de la nueva legislatura constitucional de la Asamblea Legislativa. (Foto: Cámara de Diputados)
Fuente: La Razón
Tras el receso legislativo, la Asamblea inició su trabajo con una agenda marcada por una fuerte acumulación de temas pendientes, en algunos casos heredados del anterior gobierno y otros que se han ido generado de acuerdo a la coyuntura del país.
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Legisladores del oficialismo y la oposición coincidieron en que la agenda de la Asamblea debe estar marcada por reformas estructurales a la Constitución, designación de autoridades clave del Estado y la atención de la situación económica, desafíos que figuran para arrancar el periodo legislativa en medio de fisuras internas, ausencia de planificación y reclamos por falta de liderazgo desde la Presidencia de la Asamblea.
Los asambleístas destacaron que el Órgano Legislativo atraviesa un momento decisivo para recuperar su rol constitucional, garantizar seguridad jurídica y responder a una población que demanda estabilidad, institucionalidad y soluciones concretas a los problemas económicos y sociales.
Pese a ello, advirtieron que la pugna política entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara, sumada a la fragmentación de la bancada oficialista, condiciona el normal desarrollo del trabajo legislativo.
Uno de los ejes centrales de la agenda legislativa y en la que coincidieron los legisladores es la designación de autoridades que actualmente ejercen funciones en condición de interinato, entre ellas figuran el Contralor General del Estado, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), de Impuestos Nacionales, de Aduana Nacional y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Así mismo, está pendiente una norma para la convocatoria a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego que en diciembre de 2024 se desarrolló unos comicios de manera parcial.
Aunque antes de esa elección, la Asamblea debe buscar, a través de una ley, dar las facultades al TCP para que su sala plena esté conformada de manera excepcional y transitoria por cuatro magistrados. Esta instancia debe tomar decisiones administrativas y jurisdiccionales por simple mayoría de votos ante la acumulación de recursos presentados.
El diputado Rafael López, jefe de bancada de Libre en la Cámara Baja, señaló a La Razón que no existe una planificación legislativa clara por parte del bloque mayoritario y que la agenda está siendo manejada de forma unilateral.
Señaló que la falta de acuerdos internos ha impedido avanzar en procesos de designación fundamentales para la institucionalidad del Estado.
“No podemos seguir normalizando los interinatos. Eso debilita a las instituciones y las vuelve funcionales al poder político de turno”, sostuvo López, quien resaltó que la Constitución establece claramente la participación de la Asamblea en la selección de autoridades mediante ternas y procesos transparentes.
El diputado explicó que su bancada trabaja en una agenda legislativa estructurada en tres niveles. En el corto plazo, dijo, se debe cumplir con los plazos constitucionales, especialmente en materia electoral y judicial; en el mediano plazo, avanzar en leyes regionales y sectoriales; y en el largo plazo, encarar reformas de fondo al Estado, como una nueva ley agraria, una nueva ley de hidrocarburos y cambios estructurales al sistema político y judicial.
La diputada María Esther Góngora (APB Súmate) puso énfasis en los problemas vinculados a la elección de vocales electorales departamentales y magistrados judiciales. Si bien confirmó que la Asamblea tiene previsto debatir la designación de vocales pendientes en varios departamentos, expresó su preocupación por la falta de criterios de meritocracia en algunos procesos.
La legisladora también cuestionó la falta de coordinación desde la Presidencia de la Asamblea y aseguró que no existe una agenda legislativa consensuada. Pese a ello, destacó que su bancada presentó proyectos de ley concretos, entre ellos una norma contra los bloqueos y otra orientada a la digitalización del sistema de salud a nivel nacional, como respuesta a demandas sociales urgentes.
En esa línea, la senadora Claudia Mallón (APB Súmate) recordó que decisiones clave como la aprobación de créditos internacionales, especialmente los provenientes de organismos multilaterales, deben ser debatidos y autorizados por el Legislativo para evitar repetir experiencias pasadas de mala gestión y falta de control.
Desde la bancada de Unidad, el diputado Alejandro Reyes señaló que, aunque ambas cámaras trabajan en agendas propias, no existe una línea temporal ni una planificación articulada desde la Presidencia de la Asamblea, instancia, según dijo, llamada a coordinar el trabajo bicameral.
En ese marco, afirmó que el Legislativo debería concentrarse en reformas estructurales largamente postergadas.
Entre estas mencionó nuevas leyes de hidrocarburos, ley de litio y de minería, una ley de inversiones, normas sobre asociaciones público-privadas y una reforma integral al sistema de justicia.
A su juicio, estas reformas son fundamentales para generar certidumbre económica, atraer inversiones y responder a las demandas ciudadanas.
“La ausencia de una agenda clara genera vacíos de coordinación y retrasa consensos políticos necesarios para aprobar reformas de fondo, en un contexto económico complejo”, advirtió Reyes.
El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Ricardo Rada coincidió en que la principal misión de la Asamblea debe ser devolverle institucionalidad al país, tras años de subordinación de las instituciones al poder político.
El legislador señaló que las designaciones, reformas legales y eventuales cambios constitucionales deben responder a criterios de independencia, transparencia y servicio a la ciudadanía.
El diputado oficialista sostuvo que, si bien existen avances en algunos temas urgentes, aún queda un largo camino por recorrer para ordenar la agenda legislativa y priorizar las reformas estructurales.
En ese sentido, consideró que cualquier modificación constitucional debe ser cuidadosamente planificada y priorizada antes de ser sometida a un eventual referéndum constitucional.
Por su parte, el diputado Rolando Pacheco (Alianza Popular) alertó que la improvisación y la falta de liderazgo están afectando no solo a la Asamblea, sino al conjunto del país. Señaló que actualmente se sesiona poco y que muchos proyectos de ley permanecen estancados por falta de coordinación política.
Pacheco insistió en que la Asamblea debe priorizar reformas profundas en justicia, salud, educación y el sistema tributario, además de avanzar de manera urgente en la designación de autoridades nacionales mediante procesos constitucionales.
“Ya basta de autoridades puestas a dedo. Es momento de institucionalizar el Estado”, afirmó.
Pese a las tensiones internas, varios legisladores reconocieron que existe predisposición al diálogo y al consenso entre bancadas para avanzar en los temas prioritarios.
No obstante, coincidieron en que sin una agenda legislativa clara, una conducción efectiva desde la Presidencia de la Asamblea y una coordinación real entre el Ejecutivo y el Legislativo, el periodo parlamentario corre el riesgo de dilatar decisiones fundamentales
Fuente: La Razón