Como ya se ha expresado en muchas oportunidades, Bolivia no atraviesa únicamente una crisis económica, política o social. La raíz más profunda y corrosiva de nuestra tragedia nacional es, sin duda, una crisis moral. Mientras no se asuma esta realidad con seriedad y valentía, cualquier intento de reconstrucción será frágil, incompleto y condenado al fracaso.
Durante años, los discursos oficiales han prometido cambios, pero los hechos han demostrado una peligrosa tolerancia cómplice frente a la corrupción. Esa permisividad reiterada no solo debilitó al Estado, sino que terminó por institucionalizar la corrupción, mimetizándola en la administración pública y extendiéndola, lamentablemente, a amplios sectores de la actividad privada. El resultado es una sociedad golpeada, desconfiada y cada vez más distante de la ética pública.
Por ello es que el presidente Rodrigo Paz, coherente con su contundente mensaje: “Aquí no hay espacio para maleantes, mafias y corruptos”, como nuevo gobierno asume un gran desafío y compromiso con la Patria, que definitivamente no puede limitarse a la retórica ni a los gestos simbólicos. Se requieren señales claras, contundentes y verificables. Predicar con el ejemplo ya no es una consigna moral, sino una obligación política. No habrá credibilidad posible si quienes gobiernan no demuestran, con hechos, un compromiso inquebrantable con la lucha contra los maleantes, las mafias y los corruptos, sin excepciones ni privilegios.
Es cierto: después de tantos años de deterioro institucional, erradicar este fenómeno no será tarea de una sola gestión. La corrupción es estructural y su desmontaje exigirá tiempo, perseverancia y coherencia. Pero también es cierto que alguien debe iniciar el punto de quiebre, marcar un antes y un después, y demostrar que esta vez la voluntad política es real. No puede haber tregua ni concesiones de ninguna naturaleza cuando se trata de defender el interés colectivo.
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En este proceso, la participación ciudadana es clave. El ciudadano de a pie, haciendo uso de los mecanismos que la Constitución y las leyes le otorgan, debe integrarse activamente a esta lucha. La vigilancia social, la denuncia responsable y el compromiso cívico son pilares indispensables para reconstruir la ética pública.
La lucha contra la corrupción no es solo tarea del Estado, pero el gobierno nacional tiene la obligación de ser el principal referente. Si el poder no da el ejemplo, nada cambiará. Si, en cambio, actúa con firmeza, coherencia y transparencia, Bolivia podrá empezar a salir no solo de su crisis económica y política, sino, sobre todo, de la más peligrosa de todas: la crisis moral.
Fernando Crespo Lijeron