Se cuestiona la legalidad de los cambios al plan de manejo realizados desde 2014, los cuales habrían sido diseñados para priorizar la actividad petrolera sobre la protección de la reserva.
Guerrero lamentó que, durante las últimas dos décadas, la Reserva haya sido progresivamente vulnerada mediante la manipulación de su plan de manejo. Según explicó, entre las gestiones 2000 y 2004 se contaba con un instrumento técnico que protegía de forma integral el área, sin embargo, en 2014 se aprobó un nuevo plan de manejo sin socialización, sin procesos de consulta pública y sin estudios hidrológicos, lo que —a su criterio— permitió habilitar de manera irregular la actividad hidrocarburífera.
La legisladora afirmó que estas modificaciones se realizaron al margen de la normativa nacional y denunció la existencia de intereses económicos detrás de estos cambios. “El claro ejemplo es el Pozo Astillero, Churuma y San Telmo, y ahora quieren hacer lo mismo con el Domo Oso X-3”, señaló.
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En esa línea, Guerrero informó que la solicitud de auditoría presentada ante la Contraloría apunta directamente a las modificaciones del plan de manejo, identificando como uno de los principales responsables al Director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), quien deberá explicar los fundamentos técnicos y legales que avalaron dichos cambios.
La senadora advirtió que los mapas actuales de la Reserva, tras las modificaciones al plan de manejo, reflejan el cambio del núcleo de protección para priorizar la actividad extractiva de hidrocarburos, además de una alteración en la delimitación de la cuenca hídrica, favoreciendo intereses petroleros.
“Se ha realizado una zonificación completamente diferente y adulterada respecto al plan de manejo aprobado en 2004”, denunció. Asimismo, Guerrero indicó que la auditoría solicitada no solo debe concentrarse en el plan de manejo, sino también en el proceso de categorización de la evaluación de impacto ambiental y en la consulta pública.
Según explicó, inicialmente el Ministerio de Hidrocarburos habría solicitado una categorización ambiental nivel I, que exige estudios integrales sobre toda la afectación al sistema ambiental, los cuales nunca se realizaron.
De manera posterior, añadió, la categorización fue cambiada sorpresivamente a nivel II, lo que redujo los estudios exigidos y permitió una mayor flexibilización, incluso para la tramitación de licencias ambientales vinculadas al manejo de sustancias peligrosas.
“Por la información que ha llegado a la Brigada Parlamentaria, se pretende manejar sustancias peligrosas en Tariquía, lo que obligaba a una categorización nivel I. Sin embargo, esto fue obviado y manipulado”, afirmó.
Además, la legisladora pidió que se establezcan responsabilidades no solo en instancias técnicas, sino también políticas, mencionando al expresidente Evo Morales, al Sernap, al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Planificación y al Ministerio de Hidrocarburos, por haber ocultado información y suscrito contratos que permitieron la intervención en la Reserva.
Guerrero instó a la Contraloría General del Estado a dar prioridad a este caso y a disponer que el plan de manejo de la Reserva de Tariquía vuelva a “foja cero”, elaborando un nuevo instrumento con participación social y paralizando toda actividad exploratoria mientras se esclarecen las presuntas irregularidades.