El TSE instruyó a sus direcciones técnicas cambiar el estado de las candidaturas, ajustar las papeletas de sufragio con un tramado especial en la franja que correspondía a UCS y excluir a sus aliados del material electoral.
El proceso de las elecciones subnacionales 2026 avanza en medio de la aplicación de inhabilitaciones a las organizaciones políticas que perdieron su personería jurídica, procedimientos que, según la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), responden a un proceso previsto expresamente en la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.
Recientemente, el ente electoral rechazó la impugnación presentada para frenar la cancelación de la personería jurídica de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), ratificando la cancelación de la personería jurídica e inhabilitando a sus candidatos tanto los que van solo con el partido como los que van con alianza, entre estas las candidaturas de Rafael ‘Tata’ Quispe a la Gobernación paceña y de Luiciano Negreta a La Alcaldía cruceña.
Anteriormente, también se dio la misma figura con Acción Democrática Nacionalista (ADN), dejando fuera de la carrera a la alianza SAO – ADN, que promocionaba a Juan Carlos Medrano para la Gobernación cruceña, y así como la candidatura de Lino Condori al Gobierno departamental de La Paz.
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Tanto desde la interna ADN como la de UCS presentaron acciones legales para frenar estas determinaciones; sin embargo, el TSE precisó que estos recursos “no tienen efecto suspensivo” y no pueden ser utilizados para modificar argumentos de fondo ya resueltos.
Como consecuencia directa, todas sus candidaturas quedaron inhabilitadas para las elecciones subnacionales y no pueden ser registradas nuevamente por otro partido o alianza, ni en la misma ni en otra postulación, según el ente electoral.
En el plano operativo, el TSE instruyó a sus direcciones técnicas cambiar el estado de las candidaturas, ajustar las papeletas de sufragio con un tramado especial en la franja que correspondía a UCS y excluir a sus aliados del material electoral.
El impacto político se reflejó en las reacciones de candidatos afectados, como Tata Quispe, quien quedó inhabilitado y arremetió contra el presidente del TSE, Gustavo Ávila.
“El Tribunal Supremo Electoral no cederá ante ningún tipo de presión ni amenaza”, afirmó, al señalar que las resoluciones están “debidamente fundamentadas” y se limitan a concluir un procedimiento establecido en la Ley 1096.
Asimismo, la Sala Plena del TSE expresó su respaldo institucional a su presidente y rechazó cualquier intento de amedrentamiento o deslegitimación.