Acusaron a las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba de haber cooptado y degradado históricamente a las organizaciones sindicales bajo la influencia del MAS.
La marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) para exigir la abrogación del Decreto Supremo 5503 derivó este domingo en un episodio de tensiones. Dirigentes del magisterio urbano tomaron la iniciativa y expulsaron de la movilización a representantes de las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba, a quienes acusaron de haber cooptado y degradado históricamente a las organizaciones sindicales bajo la influencia del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La protesta, que rechaza el decreto con el que el Gobierno eliminó la subvención a los hidrocarburos y aplicó otras medidas de ajuste, tuvo como una de sus figuras visibles a la histórica dirigente del magisterio de La Paz Wilma Plata, identificada con el ala trotskista del movimiento obrero. En medio de la marcha, Plata encabezó los reclamos contra exdirigentes sindicales vinculados a los gobiernos del MAS y exigió la salida de los representantes del trópico cochabambino.
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«No aceptamos la presencia de corruptos, de gente que ha gobernado y ha destruido el país», afirmó la dirigente ante los manifestantes y medios de comunicación. Denunció que las Seis Federaciones del Trópico y sus dirigentes no representan a las bases, sino a estructuras que, según dijo, corrompieron a las organizaciones sindicales y promovieron divisiones internas durante años. En ese marco, el magisterio paceño forzó la retirada de los delegados del trópico, mientras se escuchaban consignas de «¡Fuera, masistas!» en la movilización.
Las acusaciones también apuntaron directamente al exsecretario ejecutivo de la COB Juan Carlos Huarachi, a quien Plata señaló como símbolo de la “degeneración” sindical. Huarachi, investigado por enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y concusión, se encuentra actualmente con detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro de La Paz, luego de que un juez estableciera la probabilidad de que abusó de su influencia política para recibir sobornos.
Su figura estuvo rodeada de polémica desde su designación en 2018, por su cercanía con los gobiernos de Evo Morales, Luis Arce e incluso por haber negociado una prórroga de su mandato durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez.
De acuerdo con las imágenes divulgadas por redes sociales, los representantes del trópico, aliados y seguidores de Evo Morales, estaban detrás de la columna de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). La misma Plata los señaló y varios de sus representantes del magisterio pidieron que se retiren de la marcha. Los campesinos y los mineros, que históricamente tuvieron el control de la COB, han tenido varios episodios de confrontación.
Tensiones
Desde la nueva directiva de la COB, las bases han planteado la necesidad de recuperar la autonomía sindical y recomponer la imagen de una organización que históricamente fue emblema de la lucha contra las dictaduras militares, pero que hoy enfrenta cuestionamientos por la cercanía que tuvo con el poder político. Durante los gobiernos del MAS, la COB y varias de las organizaciones sociales recibieron sedes sindicales y vehículos a merced de programas asociados al extinto programa «Evo-Cumple» del Ministerio de la Presidencia, según datos oficiales.
Pese a los incidentes, la marcha denominada «Bolivia no se vende» continuará su recorrido y está previsto que llegue el lunes por la mañana a la ciudad de La Paz, donde se realizará un cabildo en inmediaciones de la cervecería. La dirigencia de la COB anticipó que en el trayecto se sumarán más sectores afiliados para reforzar la demanda central: la abrogación del Decreto Supremo 5503.
Hace algunos días, el actual secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, cuestionó un reportaje de El Deber que reveló los elevados ingresos que perciben los mineros asalariados de empresas estatales, pero evitó responder de manera directa cuánto gana él como dirigente sindical. Ante la consulta explícita, Argollo rechazó dar cifras y desafió a que se presenten documentos que prueben los montos.
El dirigente sostuvo que los aportes salariales están registrados en la Gestora Pública y que una auditoría podría aclarar cualquier duda, aunque volvió a esquivar la pregunta central sobre su ingreso mensual. Defendió los altos salarios del sector minero señalando que se trata de trabajadores productivos que aportan significativamente al Estado, incluso con cargas impositivas de hasta el 37,5 %, recursos que —dijo— financian bonos sociales y el aparato estatal.
El viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Héctor Linares, quien aseguró que el Gobierno cumplió con todas las prestaciones de Argollo y de los mineros, incluidos aguinaldos y bonos de producción. Señaló que los mineros asalariados llegan a percibir hasta 14 salarios al año y que, en muchos casos, sus ingresos duplican el salario del presidente del Estado, fijado en Bs 22.000.
Linares adelantó que el diálogo previsto para este lunes será “por tiempo y materia”, con transmisión abierta por televisión y plataformas digitales. Reconoció que el Decreto 5503 tiene aspectos perfectibles, pero defendió el espíritu de la norma al afirmar que, tras dos décadas de gobiernos del MAS, el país necesita atraer inversión privada y generar recursos para toda la economía, en un contexto donde solo el 25 % de la población en edad de trabajar tiene un empleo formal y la mayoría sobrevive en la informalidad sin prestaciones sociales ni aguinaldo.