Bolivia atraviesa un momento en el que ya no basta administrar la urgencia ni apagar incendios sociales con medidas improvisadas. El país necesita una orientación estratégica que combine tres pilares inseparables: la reconstrucción de la unidad nacional, la recuperación de la seguridad jurídica y una reforma parcial, precisa y responsable de la Constitución que haga posible un nuevo ciclo de estabilidad política y de desarrollo económico.
La ciudadanía está fatigada de la confrontación permanente, de la incertidumbre y de la sensación de vivir en una crisis que se recicla con nuevos rostros, pero con los mismos resultados: estancamiento, pobreza y desconfianza generalizada en las instituciones. Esta fatiga social obliga a repensar la forma de ejercer el poder y a abandonar la lógica de la guerra política como método normal de gobierno.
La unidad como condición de la fuerza creadora
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La unidad de los bolivianos no puede seguir siendo un recurso retórico utilizado en discursos coyunturales; es la condición real para transformar la protesta dispersa en fuerza organizada capaz de generar trabajo, inversión y riqueza. Un país dividido, atrapado en pequeñas guerras de todos contra todos, no solo pierde tiempo y energías, sino que destruye oportunidades que muy difícilmente se repetirán.
La experiencia de los últimos años —hecha de bloqueos, paros, amenazas cruzadas y episodios de violencia— demuestra que el costo de la polarización se mide en empleos que se pierden, proyectos que se paralizan e inversiones que optan por destinos más previsibles. Cada jornada de conflicto es un día sin producción, un eslabón que se rompe en la cadena de pagos, una pequeña empresa que se acerca al cierre definitivo.
- La unidad nacional no significa unanimidad ni silencio frente a los abusos, sino la capacidad de construir consensos básicos sobre objetivos irrenunciables: estabilidad, respeto a la ley, promoción del empleo y reducción de la pobreza.
- La sociedad boliviana debe transitar de la lógica del enemigo interno a la lógica del adversario democrático, en la que se puede disentir sin destruir, criticar sin paralizar el país y negociar sin renunciar a los principios.
- Solo sobre ese piso de cohesión es posible convertir el esfuerzo individual en proyecto colectivo que genere más trabajo productivo y, como consecuencia, mayor riqueza para todos.
En este sentido, la unidad no es un fin en sí mismo, sino la base para que surja una fuerza social capaz de sostener reformas difíciles, atraer confianza e impulsar proyectos de largo plazo. Sin esa fuerza, cualquier política pública, por bien diseñada que esté, queda expuesta al vaivén del conflicto y a la fragilidad de los acuerdos de ocasión.
Del conflicto permanente al gobierno por acuerdos
El reciente giro hacia una lógica de diálogo y pactos sociales, expresado en acuerdos puntuales entre el Gobierno y actores como la COB, revela que incluso el poder político ha comenzado a reconocer los límites de la confrontación perpetua. La sustitución de medidas resistidas por normas concertadas, así como la canalización de demandas sociales mediante mesas de negociación, muestran que el unilateralismo y el abuso del decreto ya no son sostenibles como única forma de gestión.
Sin embargo, este viraje convive con tensiones internas que lo ponen en riesgo. Cuando desde el propio vértice del Ejecutivo surgen voces que reintroducen la lógica del choque, alimentan la desconfianza y construyen agendas personales basadas en la confrontación, se envía a la ciudadanía un mensaje contradictorio: se invoca el diálogo, pero se practica la disputa pública.
- En un sistema presidencialista, la dupla presidencial está llamada a la corresponsabilidad y a la coherencia, no a convertirse en dos polos enfrentados que compiten por la conducción política mediante gestos de ruptura.
- La división visible en la cúpula del poder debilita cualquier intento de gobernar mediante acuerdos, y refuerza la percepción de que las élites privilegian sus pugnas internas sobre las necesidades del país.
Un auténtico gobierno de acuerdos no se limita a firmar actas para salir del paso en momentos de crisis, sino que institucionaliza el diálogo social a través de mecanismos permanentes, previsibles y transparentes. Ello supone que la negociación con organizaciones sindicales, empresarios, regiones y otros actores no dependa solo de la intensidad del conflicto en las calles, sino de reglas claras para concertar políticas de mediano y largo plazo.
Seguridad jurídica: fundamento del desarrollo y de la confianza
Sin seguridad jurídica no hay inversión, y sin inversión no puede haber empleo sostenible ni crecimiento económico consistente. En la realidad boliviana, la inseguridad se hace visible cuando decisiones de enorme impacto económico se adoptan por decreto sin respaldo legislativo suficiente, cuando las reglas cambian con frecuencia y cuando la justicia aparece como un instrumento impredecible o politizado.
La seguridad jurídica no se agota en la existencia de leyes escritas; exige que esas normas sean coherentes, estables y aplicadas por autoridades independientes. Para un ciudadano, significa que sus derechos y contratos serán respetados; para un inversor, que las reglas no se modificarán arbitrariamente y que eventuales controversias se resolverán por vías institucionales con criterios jurídicos, no oportunistas.
- Para la persona común, la inseguridad se traduce en trámites interminables, decisiones discrecionales y desigualdad de trato ante la administración y los tribunales.
- Para el capital, nacional o extranjero, se manifiesta en el riesgo de expropiaciones, cambios súbitos de políticas, impuestos o regulaciones, así como en la falta de confianza en la imparcialidad de los jueces.
Recuperar la seguridad jurídica supone reconducir el uso del decreto supremo a su función propia —ejecutar la ley y regular detalles— y reservar las grandes decisiones estructurales para la Asamblea Legislativa. También exige fortalecer la institucionalidad parlamentaria, clarificar competencias y asegurar que las normas de mayor impacto surjan de debates amplios y transparentes, no solo de decisiones de corto plazo tomadas en el círculo cerrado del poder.
Reforma judicial: piedra angular del nuevo pacto institucional
Ningún esfuerzo por restablecer la seguridad jurídica será verdaderamente eficaz si no se acomete, con decisión y seriedad, una reforma profunda del sistema de justicia. La percepción ampliamente extendida de que la justicia está capturada por intereses políticos o corporativos ha erosionado la confianza ciudadana en el Estado de derecho y ha alentado la idea de que los conflictos se resuelven mejor en las calles que en los tribunales.
Una reforma parcial de la Constitución debería abordar al menos tres aspectos:
- Selección de altas autoridades judiciales: El mecanismo vigente ha demostrado ser insuficiente para garantizar independencia, idoneidad y legitimidad social. Es indispensable rediseñar cómo se eligen, evalúan y renuevan los magistrados, introduciendo filtros técnicos, transparencia y controles que reduzcan el peso de la negociación partidaria.
- Carrera judicial y estabilidad: Jueces y fiscales necesitan condiciones institucionales que les permitan decidir con libertad, sin temor a represalias políticas, pero sometidos a sistemas rigurosos de evaluación de desempeño y ética.
- Acceso real a la justicia: Un sistema lento, costoso y distante equivale, en los hechos, a denegación de justicia para la mayoría de la población. Resulta urgente simplificar procedimientos, acercar los servicios judiciales a la ciudadanía y fortalecer mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Sin una justicia confiable, ningún compromiso del Estado con la inversión, con el empleo o con la protección social tendrá credibilidad duradera. La reforma judicial se convierte así en piedra angular de un nuevo pacto institucional orientado a consolidar la seguridad jurídica como base del desarrollo y de la convivencia democrática.
Apertura constitucional para atraer capitales extranjeros
La magnitud de la crisis económica boliviana y la ambición de superar el mero manejo de la escasez exigen un volumen de inversión que supera ampliamente la capacidad del sector público. Para generar empleo masivo, diversificar la matriz productiva y modernizar la infraestructura, se requiere la participación decidida del capital privado, incluido el extranjero.
La Constitución debe ofrecer un marco claro, equilibrado y previsible para esa participación. No se trata de renunciar a la soberanía ni de entregar recursos estratégicos sin contrapesos, sino de diseñar reglas que permitan:
- Definir campos de inversión abiertos al capital extranjero con garantías suficientes de estabilidad y respeto a los contratos.
- Establecer límites y salvaguardas que protejan el medio ambiente, los derechos laborales y las comunidades, asegurando que el desarrollo no se construya sobre nuevas formas de exclusión o depredación.
- Prever mecanismos de solución de controversias confiables, ya sean internos o internacionales, que otorguen a los inversores seguridad jurídica y al Estado herramientas para defender el interés público.
Una reforma parcial en esta materia puede convertir a Bolivia en un destino atractivo para proyectos de largo aliento en sectores donde el país tiene ventajas comparativas, pero que hoy se ven frenados por la inseguridad regulatoria. Bien diseñado, este proceso de apertura puede traducirse en más trabajo, mayor incorporación de tecnología, transferencia de conocimiento y, en última instancia, más riqueza puesta al servicio de políticas sociales efectivas.
Rodrigo Paz, la segunda vuelta y la necesidad de acuerdos
La actual administración llega al poder con una legitimidad electoral clara, pero también con restricciones políticas contundentes: Rodrigo Paz fue elegido Presidente en segunda vuelta, en un escenario de fragmentación electoral y parlamentaria que hace poco probable la ejecución íntegra del plan de gobierno propuesto en campaña. Un mandato nacido de la segunda vuelta combina adhesión y prevención, apoyo y reserva; no otorga cheques en blanco, sino que impone la obligación de gobernar con prudencia, diálogo y sentido de realidad.
En estas condiciones, cualquier intento de imponer unilateralmente un programa maximalista está condenado al desgaste prematuro y al bloqueo institucional. Para avanzar, el Presidente debe necesariamente construir mayorías funcionales en la Asamblea Legislativa y tejer acuerdos con diversos sectores de la sociedad civil: organizaciones sindicales, empresariado, gobiernos subnacionales, academia y movimientos ciudadanos.
Solo a través de esta red de consensos será posible encauzar una reforma judicial creíble, habilitar una apertura constitucional responsable para atraer inversiones y traducir la unidad nacional en más trabajo y mayor riqueza para las familias bolivianas. La combinación de un mandato surgido en segunda vuelta, un Parlamento sin mayorías absolutas y una sociedad cansada de la confrontación obliga a abandonar la ilusión del gobierno solitario y abre paso a una nueva cultura política basada en acuerdos, corresponsabilidad y respeto efectivo a la Constitución.
Unidad, reformas y salida de la crisis
La salida responsable de la crisis no provendrá de una sola decisión ni de un liderazgo providencial, sino de la articulación de tres planos que se refuerzan mutuamente: unidad social, seguridad jurídica y reforma constitucional parcial. La unidad de los bolivianos debe convertirse en plataforma para impulsar reformas que, aunque difíciles, sean percibidas como indispensables para evitar un deterioro mayor; la seguridad jurídica debe ser el compromiso común que vincule al Estado, los inversores y la ciudadanía; y la reforma constitucional, cuidadosamente delimitada en materia judicial y de apertura a la inversión, debe funcionar como el instrumento que haga sostenibles en el tiempo estas transformaciones.
Si Bolivia logra alinear estos elementos, la crisis actual puede convertirse en un punto de inflexión hacia un modelo de democracia menos fatigada, un Estado más respetuoso de la ley y una economía capaz de generar riqueza con inclusión y dignidad. Esa es la tarea histórica que hoy interpela a gobernantes, opositores, organizaciones sociales y ciudadanía: pasar de la confrontación estéril a la construcción paciente de un futuro compartido, donde la unidad, la seguridad jurídica y la reforma constitucional parcial sean los pilares de un nuevo horizonte republicano.