Fuente: https://www.vision360.bo
El uso de un pasaporte diplomático por parte de autoridades, entre ellas exdiputados, después de que concluyeron su mandato, compromete la seguridad del Estado, porque, en el caso de la exdiputada por Creemos, Laura Rojas, fue utilizado para cometer delitos, como traer 32 maletas que posiblemente contenían droga, afirmó a Visión 360 la experta en temas de seguridad, Gabriela Reyes.
Esto pone en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones, según el experto en seguridad Jorge Santiesteban, quien sostuvo que también “se pone en riesgo la credibilidad del país, la seguridad del Estado e incluso la soberanía nacional, porque ese documento puede estar mal manejado por organizaciones criminales de alto nivel”.
Lo sucedido significa que la seguridad del Estado enfrenta muchísimos riesgos, porque ese documento diplomático ha sido utilizado para traer 32 maletas con droga, pero se podría utilizar para otros fines, sostuvo Reyes.
“Un pasaporte diplomático permite que no se revisen maletas. Habrá que ver lo que han hecho las exautoridades que siguen teniendo un pasaporte diplomático, porque si bien hoy nos hemos enterado de lo sucedido, no sabemos el uso que se le ha dado a ese documento”, planteó.
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La experta opinó que lo sucedido es muy delicado: “compromete la seguridad del Estado en todo tipo de delitos, como el tráfico de armas, drogas e incluso contrabando, porque no se sabe cuántas personas siguen teniendo pasaporte diplomático”.
Significa que el sistema consular y el sistema de Cancillería están fallando, al igual que el sistema de identificación nacional, “porque se otorgan credenciales y no se realiza ningún tipo de control sobre el registro de fechas de caducidad”, y se deja a criterio y buena fe de quienes han sido avalados con esta acreditación, según Santiesteban.
Mejorar el control
El experto recomendó que es necesario mejorar este sistema de control; con esta mala experiencia se deben tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir.
“Hay que hacer un control estricto de los documentos que se otorgan a las personas y, principalmente, del carácter de investidura que se les da. Esa es una gran debilidad, porque no hay control”, manifestó a Visión 360 Santiesteban.
El pasado miércoles, la exdiputada Rojas denunció el allanamiento de su domicilio por el delito de asociación delictuosa y tráfico de armas, después de que se reveló que había realizado un vuelo chárter entre Estados Unidos y Bolivia, junto a otra persona y 32 maletas, el 29 de noviembre de 2025.
El Ministerio Público informó este jueves sobre un allanamiento a un domicilio por un presunto caso de tráfico de armas, en el que se encontraron 79 kilos de marihuana, mientras que Rojas denunció que su casa había sido allanada de forma ilegal.
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La Cancillería en el ojo de la tormenta
Reyes sostuvo que el documento fue entregado a la exparlamentaria cuando cumplía un mandato que feneció el año pasado, por lo que no debería tener ese documento en su poder y debería haberlo devuelto a la Cancillería.
Consideró que la no devolución oportuna del documento fue “el primer filtro que no se cumplió”, por lo que demandó que la Cancillería explique por qué todavía estaba en su poder.
“Cuando una persona deja de ser autoridad, la Cancillería, que es la que otorga esos documentos, debería retirarle ese pasaporte diplomático. La pregunta es por qué estaba vigente un documento que ella no debía portar”, afirmó.
Hasta el momento, la Cancillería no se ha pronunciado respecto al caso de la exdiputado Rojas.
Rojas ha violado la normativa, porque ahora no está ejerciendo un cargo, y ello se constituye en una infracción sobre este tema, manifestó la experta.
Otra falta pudo ser cometida por Migración, que es la encargada de revisar los pasaportes; sin embargo, podría no tener información oficial sobre la conclusión del mandato de Rojas, explicó.
“Habría que verificar la fecha de vencimiento del pasaporte, porque Cancillería debe otorgar una fecha de caducidad, que coincide con la fecha en la que ella dejó el cargo, y el documento estaba vencido”, dijo.
“Sin embargo, según mi punto de vista, un pasaporte diplomático deja de estar en vigencia una vez que concluye el mandato; tienen que devolver el documento a Cancillería. De todas formas, es algo que se debe investigar”, planteó.
Reyes se preguntó para qué otros usos ha sido utilizado ese pasaporte, cuando ella ya no era autoridad. “No se realiza ningún tipo de control”, dijo.
Santiesteban, por su parte, consideró que la Cancillería “tiene toda la obligación de controlar todo el sistema desde el momento en que emite una documentación o un aval de esta naturaleza hasta que termina, de manera que la Cancillería del Estado juega un rol importante”.
Afirmó que, en este caso, “hay responsabilidad de ambas partes: tanto de la Cancillería, en el sistema de control que se debe tener sobre la credencial que otorga a los connacionales y a los extranjeros —porque aplica también para los extranjeros—, como de la persona que hace uso del documento de forma ilegal”.
Fallaron los protocolos
La Cancillería debe tener un protocolo para retirar los pasaportes diplomáticos cuando los funcionarios dejan de ejercer un cargo, porque es muy delicado esperar a que un político o una persona con cargo electo entregue el pasaporte diplomático, opinó Reyes.
Santiesteban, por su parte, manifestó que al término de una misión diplomática se debe hacer la devolución del documento al día siguiente, para que quede anulado por la Cancillería.
“La Cancillería deja sin efecto el documento, y el funcionario que concluyó su misión se descarga, porque ya no forma parte del cuerpo diplomático”, dijo.
El no hacerlo, es decir, ejercer sin ser diplomático aun estando avalado por un documento que no ha expirado, es grave, porque la falta a la normativa se agrava al estar al margen del término de funciones. Estar ejerciendo funciones de manera ilegal se considera una “prolongación de funciones” y está penado en el Código Penal, afirmó.