Por: Ronaldo Terrazas
Lo ocurrido en Venezuela en los últimos días no admite lecturas simples ni reacciones reflejas. La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha sido presentada, según el observador, como una victoria moral largamente esperada, como una violación intolerable de la soberanía o como la confirmación de viejas lógicas imperiales. Todas esas lecturas contienen fragmentos de verdad, pero ninguna, por sí sola, alcanza para comprender lo que realmente está en juego. Cuando los hechos se reducen a consignas, el análisis desaparece.
Conviene partir de un punto que ya no es controversial en la literatura ni en la evidencia empírica. El régimen venezolano dejó de ser una democracia funcional hace más de una década. La erosión progresiva de los contrapesos institucionales, la persecución sistemática de la oposición, la manipulación electoral, el control del sistema judicial y el uso del miedo como mecanismo de disciplina política están ampliamente documentados por organismos internacionales, académicos y centros de investigación. El colapso social que empujó a más de siete millones de venezolanos a emigrar no fue una abstracción ideológica ni un relato interesado: fue una experiencia concreta de empobrecimiento acelerado, descomposición institucional y ruptura masiva de proyectos de vida. Ignorar este punto invalida cualquier análisis que pretenda ser mínimamente serio.
Ahora bien, reconocer el carácter autoritario del régimen no equivale —ni debe equivaler— a asumir que una acción externa de esta naturaleza es automáticamente deseable, legítima o eficaz. La historia contemporánea ofrece abundante evidencia de que las intervenciones impulsadas por Estados Unidos rara vez han tenido como objetivo central la reconstrucción democrática de los países afectados. Desde América Latina hasta Medio Oriente, estas acciones han respondido de forma consistente a cálculos estratégicos, intereses geopolíticos, consideraciones de seguridad y dinámicas de política interna estadounidense. Pensar que esta vez es distinto no es optimismo informado; es una forma de voluntarismo político que confunde deseos con análisis.
Aquí aparece el primer error frecuente en el debate: la mirada celebratoria que confunde la salida de un dictador con la solución del problema. La caída de una figura autoritaria puede generar alivio inmediato y hasta una sensación de justicia histórica, pero la evidencia comparada muestra que no garantiza, por sí misma, ni la reconstrucción institucional, ni la estabilidad política, ni la recuperación económica. Los casos de Irak, Libia o incluso Afganistán ilustran un patrón recurrente: sin reglas claras, sin legitimidad interna y sin acuerdos mínimos sobre el orden político, el vacío de poder suele ser tan costoso —o más— que el régimen que colapsa. El problema no es solo quién se va, sino qué queda cuando se va.
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El segundo error es simétrico y no menos problemático. El rechazo automático a cualquier intervención externa, invocado en nombre de una soberanía abstracta, tiende a minimizar —cuando no a relativizar— el daño causado por el autoritarismo interno. Confundir soberanía formal con bienestar efectivo de la población es una trampa conceptual frecuente en el debate latinoamericano. Ningún país es verdaderamente soberano cuando su población vive bajo miedo, hambre o exilio forzado, y cuando las decisiones públicas no admiten corrección política ni rendición de cuentas. Defender regímenes autoritarios en nombre de la no intervención no es una postura principista; es una renuncia a pensar en las condiciones reales de vida de la sociedad.
Ambos errores se alimentan de identidades, no de evidencia. De un lado, el discurso que celebra la intervención como redención histórica y cierre definitivo del conflicto. Del otro, el anti-intervencionismo reflejo que reduce toda responsabilidad al “imperio” y elimina la agencia interna de quienes gobernaron, decidieron y reprimieron. En ambos casos, el análisis cede ante la consigna, y la complejidad es reemplazada por comodidad ideológica.
Un balance riguroso obliga a sostener varias afirmaciones al mismo tiempo, aunque resulten incómodas. Es cierto que el régimen venezolano es el responsable central de la destrucción institucional, económica y social del país. Es cierto también que Estados Unidos no actúa movido por altruismo democrático, sino por intereses estratégicos claramente identificables. Es cierto que una parte de la población puede sentir alivio ante el fin de un liderazgo autoritario. Y es igualmente cierto que las intervenciones externas suelen generar costos políticos, económicos y regionales que rara vez se anticipan correctamente y que se pagan durante años.
La pregunta relevante, entonces, no es quién gana el debate ideológico, sino qué tipo de transición puede emerger de este episodio. La evidencia comparada sugiere que solo hay una salida mínimamente viable: un proceso con reglas claras, legitimidad interna, participación amplia y un horizonte institucional creíble. Sin una autoridad de transición acotada, sin garantías políticas básicas, sin una ruta electoral verificable y sin un marco mínimo de estabilización económica, el riesgo no es la continuidad del pasado, sino la sustitución de un fracaso institucional por otro, ahora más frágil y dependiente.
Venezuela no es un símbolo, ni un trofeo geopolítico, ni un campo de prueba para narrativas externas. Es una sociedad real, exhausta, que necesita reconstruir confianza, reglas e incentivos desde dentro. El acompañamiento internacional puede ser útil, pero no puede reemplazar la política ni imponerla por la fuerza. Castigar no es gobernar. Presionar no es construir instituciones. Y confundir justicia con estabilidad es una receta conocida para el fracaso.
Reducir lo ocurrido a una victoria o a una tragedia absoluta, empobrece el análisis y engaña al lector. Pensarlo con rigor exige aceptar que la realidad no cabe en consignas, y que la salida —si existe— será más compleja, más lenta y más costosa de lo que prometen tanto los celebradores como los indignados. Esa es, probablemente, la única posición intelectualmente honesta hoy.