Demandan que instancias como la Defensoría actúen de forma inmediata poniéndose del lado de los verdaderos afectados por los bloqueos. Califican como penoso que familias enteras estén siendo perjudicadas, maltratadas y amenazadas en su integridad y su salud por culpa de “bloqueos criminales” convocados por la COB y organizaciones pertenecientes al denominado Pacto de Unidad, afín al “masismo”. Lamentan que la dirigencia de la Central Obrera insista en salir en defensa de privilegios e intereses mezquinos, a costa de una gran mayoría de la población que busca trabajar para superar la crisis.
Fuente: El Diario
Lamentando que la radicalización de medidas de presión por parte de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores que persiguen intereses políticos, provoque sufrimiento de la población en distintas carreteras del país, el analista José Luis Bedregal reprochó la pasividad de la Defensoría del Pueblo ante esta situación, observando que esta instancia prioriza los derechos de bloqueadores.
En criterio del especialista, es penoso que familias enteras estén siendo perjudicadas, maltratadas y amenazadas en su integridad y su salud por culpa de “bloqueos criminales” convocados por la COB y organizaciones pertenecientes al denominado Pacto de Unidad, afín al “masismo”.
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A esto se suma el papel lamentable que ha asumido la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, saliendo en defensa de privilegios e intereses mezquinos, a costa de una gran mayoría de los bolivianos que buscan trabajar y salir adelante en medio de una crisis generada por veinte años de un fallido modelo socialista.
“Grupos minoritarios conculcan y violan los derechos de familias, de mujeres que están con sus hijos y de trabajadores. Es una lástima que el bloqueo aún esté permitido en el país y que este se haya institucionalizado”, sostuvo Bedregal, calificando como una vergüenza que este tipo de actos y medidas radicales sean permitidas y tengan lugar en un Estado civilizado.
En ese contexto, Bedregal reprochó que instituciones como la Defensoría del Pueblo no se movilice para gestionar un cuarto intermedio en las medidas de presión o posibiliten que los bloqueadores permitan el paso de niños, adultos mayores y otras personas que requieren trasladarse con urgencia por las carreteras del país para llegar a sus diferentes destinos.
“En este momento, la Defensoría del Pueblo y las Defensorías de la Niñez deben actuar de manera inmediata poniéndose del lado de los verdaderos afectados por los bloqueos que, en este caso, son los niños que sufren mientras se pone en riesgo su salud en medio de las carreteras”, sostuvo.
En esa línea, cuestionó que el ente defensorial no coordine con otras instancias del Estado para asumir una acción rápida que posibilite una asistencia urgente para las personas que han quedado atrapadas en los bloqueos, o se generen acercamientos con los grupos movilizados para posibilitar una pausa humanitaria o un cuarto intermedio que permita a miles de familias poder llegar a su destino.
“Es necesario que se coordine con instituciones como la Cruz Roja o la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, además de todas las instancias posibles, para permitir que los derechos de niños, mujeres y adultos mayores, actualmente atrapados en nuestras carreteras, sean respetados”, finalizó.
Desde el inicio del conflicto por la vigencia del Decreto Supremo 5503, con movilizaciones en distintos puntos del país en demanda de la abrogación de dicha norma, el ente defensorial a destacado un “monitoreo permanente” de las protestas para el resguardo de los derechos humanos, acompañando marchas convocadas por la Central Obrera y verificando piquetes de huelga de hambre para constatar las condiciones de salud de huelguistas.
“Desde tempranas horas de hoy, un equipo de la Defensoría del Pueblo, hizo monitoreo a la primera jornada de recorrido de la Marcha Nacional convocada por la Central Obrera Boliviana en rechazo al Decreto Supremo 5503. La columna partió desde la localidad de Calamarca rumbo a la ciudad de La Paz”, señala una nota de prensa emitido por la Defensoría al inicio de una marcha que días después llegó hasta la Sede de Gobierno y derivó en varias agresiones físicas contra la ciudadanía y enfrentamientos con la policía por el uso de material explosivo.
La Defensoría también destacó su rápido actuar tras la aprehensión de 12 personas movilizadas, arrestadas y conducidas hasta dependencias policiales tras protagonizar enfrentamientos con las fuerzas del orden en el centro paceño.
“Se realiza el seguimiento a que se cumplan las salvaguardas legales en los primeros momentos del arresto, principalmente acceso a abogado y revisión médica y se realizará el seguimiento a la situación jurídica de los arrestados, con el fin de velar por el respeto de sus derechos humanos”, indica el documento.
Por otra parte, el ente defensorial también sostuvo acercamientos con personas adultas mayores, personas con discapacidad, comerciantes y transeúntes en la ciudad de La Paz, para conocer sus preocupaciones ante los efectos de las movilizaciones, identificando dificultades para el libre tránsito, el desarrollo de actividades cotidianas y el ejercicio del trabajo, donde la población expresó la necesidad de priorizar el diálogo y evitar medidas extremas y el uso excesivo de la fuerza.
Fuente: El Diario