En 1966, la exiliada del comunismo soviético Ayn Rand publicaría una colección de ensayos sobre economía, titulada “Capitalismo: El ideal desconocido”. En uno de sus capítulos, Rand nos regalaba una reflexión que era tan necesaria en los Estados Unidos de mediados del siglo XX como en la Bolivia del siglo XXI, a saber: Cuando veas que existe una minoría que sea perseguida, odiada de manera irracional y sometida constantemente a la injusticia, buscá quién se beneficiaría de esa situación; a menudo, se trata de un chivo expiatorio para exculpar los propios errores de otro grupo.
La reflexión de Rand podía aplicarse, por ejemplo, a los judíos en la Alemania nazi. En cambio, ella nos invitaba a mirar otra minoría que, salvando las diferencias de grado, estaba sometida al acoso y el abuso: el empresario. El hombre de negocios, a su entender, era la minoría más perseguida de Estados Unidos, pues mientras el movimiento de los derechos civiles denunciaba –con justa razón– la irracionalidad detrás de la segregación, aquel que abocaba su vida a emprender sufría un estigma todavía mayor, tanto por parte de sus propios conciudadanos como del propio Estado.
Bolivia se ha convertido en un perseguidor sistemático de aquellos que, se espera, empleen su ingenio para producir riqueza. No debe sorprendernos, luego, que nuestro país apenas y hubiera experimentado cambios significativos en su nivel de vida en los últimos veinte o treinta años. El éxito es penalizado, el lucro condenado y el aspirar a una vida mejor, visto como un pecado a ser contenido con una fotocopia o una licencia. Se levantan banderas por los indígenas, el medioambiente y las mujeres, todas causas nobles. En contraste, nadie pareciera preocuparse de manera honesta por esta minoría de empresarios.
Los medios por los cuales toda situación se materializa son claros: La Aduana, Impuestos Nacionales, la ASFI, la ATT y un sinfín de otras instancias autonómicas. Todas estas instituciones se han encargado de erigir un auténtico laberinto burocrático que asfixia a los emprendedores. Bajo la excusa de la regulación, como si el progreso pudiera estar sujeto a una decisión administrativa, un tecnócrata termina decidiendo, por medio de implacables reglamentos y códigos, quién gana y quién pierde en este juego que, desde hace tiempo, dejó de interesarse por quién es más ingenioso o productivo.
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En cambio, el crecer en un entorno de esta naturaleza se ha convertido en una competencia, no por menores precios y mejor calidad, sino para aceptar, de manera resignada, las imposiciones que vienen de afuera. Un medio con estas características, por supuesto, no podía ser sino caldo de cultivo para otro de los males que, desde hace ya mucho tiempo, han calado hondo en la cultura boliviana: la corrupción. No es trivial, es la simple lógica económica detrás de los incentivos que fuerzan a los empresarios a demandar mecanismos irregulares —y a los funcionarios a ofrecerlos— para hacer más llevadero el hacer empresa. Capturar rentas, no el beneficio, se vuelve el norte que guía su acción. Se vive de crear excepciones, no valor real.
No puedo decidirme por el mayor perjuicio que esta lógica perversa genera. Por un lado, esta dinámica genera incontables ineficiencias. Los recursos —tiempo, dinero, creatividad— que podrían estar destinados a usos ciertamente más útiles y productivos, se emplean para cubrir salarios de funcionarios y pagar sobornos para, parcialmente, asomar la cabeza por sobre el laberinto burocrático. Por otro lado, al operar en un sistema con incentivos perversos, los agentes acomodan su comportamiento a ese conjunto de reglas. Las instituciones moldean la acción. Entonces, más allá de la pérdida de eficiencia económica, encontramos una degradación moral que enfrenta a los que buscan construir el futuro con los que, simplemente, buscan someterlos a una licencia o un permiso. En esta pulseta, los primeros terminan comprándoles el juego a los segundos. El empresario, de pronto, se separa de la lógica económica y cae víctima de la lógica política.
No hay que mirar muy lejos para encontrar ejemplos de lo anterior. Hace unos días, un importante empresario se mostraba preocupado por la posibilidad de que Bolivia abriera sus cielos y que los demás países no respondieran con reciprocidad. Imagine el lector que Juan le dice a usted: “Vos podés comprarme lo que sea que yo produzco, pero yo decido no comprarte nada de lo que vos producís”. ¿Quién se pega el tiro al pie? ¿Quién es, realmente, el perjudicado, aquel que decide comerciar, incluso de manera unilateral, o aquel que decide no comerciar?
Nótese que esto ya no se trata de competir en igualdad de condiciones, sino en perseguir un privilegio estatal que lo libre de la amenaza de un negocio que lo podría estar haciendo mejor o más barato. ¿Quién sería el principal afectado de esta medida? El consumidor boliviano, al que se le priva de un vuelo de mejor calidad o precio. ¿Qué pasaría si aplicáramos esa misma lógica, digamos, al resto de productos que no sean aeronáuticos? Nada menos que un empobrecimiento generalizado de la población boliviana.
Recordando a Bryan Caplan, quien recientemente estuvo por Santa Cruz, “me gustan los mercados porque la competencia hace que los empresarios codiciosos y amorales trabajen por el bien social”. Necesitamos empresarios enfocados en lo que mejor saben hacer: dinero. Está en nuestro interés como consumidores que así sea, aunque la narrativa vigente busque vendernos una guerra de clases entre trabajadores y empresarios. Todo lo demás —responsabilidad social incluida— es añadidura.
Oscar M. Tomianovic
Centro de Estudios Populi