“En ninguna parte del informe de la Contraloría se establecieron pavimentos no ejecutados, obras fantasmas, pagos por trabajos no realizados”, señalaron desde la administración de Jhonny Fernández.
[Foto: GAMSC] / Jhonny Fernández se encuentra aprehendido y será puesto ante un juez este jueves
Fuente: Unitel
En un comunicado difundido este miércoles, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra observó que la imputación presentada por el Ministerio Público en el denominado caso pavimento responde a una “interpretación forzada y distorsionada de la realidad”, al considerar que el informe de la Contraloría General del Estado no establece la existencia de delitos ni irregularidades penales.
Desde la administración municipal señalaron que “la imputación presentada por el Ministerio Público, en contra del alcalde municipal Jhonny Fernández, carece de respaldo técnico”, reflejando que la Contraloría realizó una auditoría operacional enfocada en verificar el logro de objetivos del POA 2023.
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“Ratificamos que en ninguna parte del informe de la Contraloría se establecieron pavimentos no ejecutados, obras fantasmas, pagos por trabajos no realizados, ni ninguna irregularidad que pueda derivar en la presunta comisión de delitos”, señalaron desde la administración municipal.
Según la Alcaldía, el propio informe precisa en su objetivo, objeto, alcance y conclusiones que se trató de una evaluación sobre la eficacia en la ejecución de obras y que, además, emitió recomendaciones para asegurar la eficacia de gestión en lo futuro, las cuales actualmente están en proceso de implementación y bajo seguimiento.
En ese marco, indicaron que uno de los criterios aplicados fue el de cantidad, que comprendió mediciones estimadas. De acuerdo con el informe citado por la administración municipal, se concluyó que las cantidades ejecutadas son razonables, en función de los parámetros utilizados en esa verificación.
La Alcaldía también explicó que no se realizó una medición precisa de los pavimentos construidos porque no se emplearon herramientas técnicas idóneas.
“Existe una interpretación forzada y distorsionada de la realidad que demuestra que la denuncia adolece de sustento y no prueba la comisión de ningún delito”, agrega el reporte.