El debate sobre la redistribución de recursos reabrió la discusión sobre competencias y obligaciones fiscales. Analistas coinciden en que el proceso debe definirse con cifras claras, responsabilidades compartidas y una negociación diferenciada entre el nivel central y las regiones.
Fuente: Brújula Digital
La distribución de los recursos 50/50 en Estado y regiones, pero basada en la corresponsabilidad, planteada por la viceministra Andrea Barrientos, halló respaldo en el analista Diego Ayo; otros especialistas advierten que este debate se debe llevar adelante mediante una negociación entre el nivel central del Estado y las regiones.
Ayo defendió la postura de la autoridad y consideró que la discusión no puede reducirse a una transferencia automática de recursos. “Sin quitarle peso al empuje de Santa Cruz y su espíritu empresarial» dijo que la posición de la dirigencia de esa región «se ha simplificado en exceso», dijo en el programa Encontrados que conduce junto al periodista Raúl Peñaranda.
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Expresó en se sentido que Barrientos tiene razón en señalar que los recursos que vayan del nivel central a las regiones deben tener un correlato con las responsabilidades: «Las regiones deben tener más ingresos, pero se requiere establecer y negociar también el aumento de las competencias».
Advirtió que esa negociación, para terminar en el 50/50, será largo y complicado, pero debe enfrentarse. En el programa, Peñaranda tuvo una opinión similar y expresó que esta reforma implicará una reingeniería estatal completa. «Yo no veo que Barrientos haya dicho nada extraordinario, lo que dijo fue racional, es decir que los nuevos recursos de las regiones deben acompañarse de nuevos deberes, en salud, educación, infraestructura, etc.».
Por su parte, el analista Germán Molina pidió cautela y transparencia antes de adoptar decisiones sobre transferencia a regiones. “Tenemos que ver las cifras que no sabemos”, afirmó, al referirse a las diferencias en los datos sobre el superávit fiscal anunciados por autoridades del área de economía.
“El siguiente año se vienen los bonos soberanos, tenemos que pagar más de 2.000 millones de dólares. ¿De dónde se va a pagar eso?”, cuestionó, al advertir que cualquier modificación en la coparticipación tributaria debe considerar la sostenibilidad del Tesoro General del Estado.
Desde una perspectiva económica, Fernando Romero consideró que la discusión fue mal planteada. “La viceministra de Autonomías se olvidó el objetivo principal que es fomentar y consolidar las autonomías”, indicó. A su juicio, ofrecer el 50/50 “fue un error político y económico”, ya que los recursos son generados por las propias regiones. “El gobierno debería aclarar a qué se refiere específicamente el 50/50. ¿50 % de los ingresos, de los gastos, de las inversiones, de las competencias?”, preguntó.
En la misma línea Gonzalo Colque recordó que la propuesta ya había sido anunciada por el Ejecutivo. “El propio gobierno prometió varias veces aplicar esa idea”, afirmó, aunque explicó que la mayor parte del gasto público está concentrada en salud, educación, policía y subsidios. “Básicamente sería traspasar el dinero para que las regiones paguen esos sueldos. Es decir, lo mismo que nada”, señaló, al afirmar que no serían recursos de libre disponibilidad.
El jueves, la viceministra Andrea Barrientos cuestionó la interpretación del 50/50 como una simple transferencia directa de recursos, señalando que el modelo debe basarse en la corresponsabilidad entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas. El Ministerio de la Presidencia emitió posteriormente un comunicado en el que atribuyó lo sucedido a un “error de comunicación” y aseguró que la posición oficial del gobierno respalda un modelo autonómico sustentado en el diálogo y el respeto a las regiones. Barrientos también pidió disculpas públicas y lamentó haber generado malestar.
El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho afirmó que la autonomía es una conquista regional y que el 50/50 constituye una exigencia que debe concretarse. Legisladores y líderes políticos cruceños solicitaron explicaciones formales e incluso demandaron la renuncia de Barrientos.
En ese contexto, la directiva del Comité Pro Santa Cruz fue convocada a una reunión de emergencia. Su presidente, Stello Cochamanidis, sostuvo que las disculpas públicas no fueron suficientes y afirmó que, si no existe convicción con el proceso autonómico, corresponde que la autoridad dé “un paso al costado”.
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Fuente: Brújula Digital