El economista Fernando Romero concluyó que los decretos 5547 y 5548 responden a problemas urgentes y tienen un carácter claramente coyuntural, mientras que el 5549 apunta a cambios de mediano y largo plazo.
Miguel Ángel Roca Villamontes
En el marco de sus primeros 100 días de gestión, el presidente Rodrigo Paz promulgó una serie de decretos supremos orientados a enfrentar problemas urgentes de la economía. El economista Fernando Romero realizó un análisis a tres de las cuatro normas, destacando avances puntuales, pero advirtiendo que sus efectos serán limitados si no se acompañan de reformas estructurales.
Romero explicó que los decretos abordan áreas sensibles como el abastecimiento de alimentos, la seguridad energética y la transición hacia energías renovables, aunque con alcances y horizontes distintos.
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Arancel cero a la importación de soya
El Decreto Supremo 5547 establece arancel cero para la importación de grano de soya hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de fortalecer la producción de subproductos y contribuir a la seguridad alimentaria.
Entre los aspectos positivos, el analista destacó la reducción de costos para la agroindustria, la estabilización de la producción de derivados y la mejora en la competitividad del sector. Sin embargo, advirtió que la medida podría desincentivar la producción nacional si se prolonga en el tiempo, además de generar dependencia de importaciones y afectar la recaudación arancelaria.
Desde el punto de vista económico, Romero calificó la norma como coyuntural, útil para contener presiones inflacionarias en el corto plazo, pero insuficiente para resolver los problemas estructurales del sector agrícola. Recomendó complementar la medida con programas de productividad y una salida gradual que proteja a los productores nacionales.
Importación excepcional de petróleo crudo
El Decreto Supremo 5548 autoriza de manera excepcional a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a las refinerías a importar petróleo crudo para garantizar el abastecimiento de combustibles, en el marco de la emergencia energética.
Romero valoró que la medida asegure la continuidad del suministro interno y permita un mejor uso de la capacidad instalada, reduciendo la presión sobre la importación de combustibles terminados. No obstante, observó que profundiza la dependencia externa de hidrocarburos y reduce a cero los ingresos fiscales por la aplicación temporal del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) para los productos resultantes.
En su evaluación, señaló que se trata de una decisión necesaria para evitar desabastecimientos y shocks inflacionarios, aunque insistió en que debe ir acompañada de un plan agresivo de exploración y de una reforma gradual del esquema de subvenciones.
Impulso a las energías renovables
El Decreto Supremo 5549 modifica el marco normativo de generación distribuida, incorporando proyectos de mediana escala y facilitando la inyección de energía renovable a las redes de distribución.
A diferencia de los otros decretos, Romero consideró que esta norma tiene un enfoque estructural, ya que incentiva la inversión privada, diversifica la matriz energética y reduce la presión sobre el sistema eléctrico central. Sin embargo, alertó sobre posibles costos adicionales para las distribuidoras y el riesgo de distorsiones tarifarias si la retribución no es bien calculada.
Como recomendación, planteó la creación de líneas de financiamiento verde para pequeños y medianos generadores y un diseño técnico adecuado de las tarifas.