Bolivia experimenta una extravagante crisis macroeconómica caracterizada por aparente carencia de divisas, bajo crecimiento, presiones inflacionarias, y un gobierno que busca desesperado sostener la economía formal con créditos y precariedad política y administrativa generalizada. Sin embargo, el comportamiento social no se encuadran con la narrativa descrita por los expertos en economía. Los mercados no han perdido su vigor moro; sorprendentemente, la gente hace fila por combustible, y a la vez, se preparan para celebrar el carnaval con desenfreno, el carnaval. Es más, el efectivo circula, el consumo no cae como debería ser en una recesión “como describen los analistas”. Pero esto no es extraordinario si desentrañamos el modo de ser del boliviano, cuando digo boliviano me refiero a todos los habitantes histórico de los hoy llamamos Bolivia.
Históricamente crisis económicas las vivimos desde que somos república, en estas crisis colapsa el Estado formal no la sociedad boliviana; lo que se resquebraja cíclicamente, con gran nitidez, es ella forma estatal y su economía de papel. La vida económica real se sostiene de manera “paralela” y se autogesta en circuitos que interactúan al margen del fisco, y en gran medida, de la ley.
En América Latina esto no es extraordinario, en los años ochenta y noventa -tema abordado en mi tesis de licenciatura- el colapso macroeconómico expresado en hiperinflaciones, motivo que se activen remotas paracticas comunitarias basada en la autogestión y economías paralelas. Estudios comparados del FMI a esto le llaman economías “sombras”, ubicando a Bolivia entre los casos más extremos del mundo (con estimaciones muy altas en proporción al PIB 1980-2017). Y al revisar datos sobre Suramérica, los mismos estudios muestran a Bolivia como el valor más alto para 2015, frente a un promedio regional menor en países como Chile, país que destruyó sus estructuras sociales precoloniales. En general la región experimenta la informalidad como pilar para el sostenimiento de sus aparentes modelos económico, por ello cíclicamente se manifiestan rasgos de estas economías, que en mi entender no son sombras sino el alter social que preferimos vender como curiosidad antropológica o contenido para redes sociales, empero encarnan peso sistémico e histórico. Ejemplos sobre estas economías abundan, el sistema de trueque en la hiperinflación argentina de los noventas, el surgimiento del narcotráfico en los años ochentas en Bolivia, la redes de contrabando, la corruptela política organizada, las favelas gobernadas por mafias en el Brasil industrial, las organizaciones criminales en la Provincia Esmeraldas en Ecuador, la violencia territorial en Colombia y las redes de tráfico que controlan negocios en Venezuela, un largo etecetera. Lo más grave es que muchas de estas expresiones, han sido alentadas por las estructuras de los regímenes de gobierno para gestionar la política y el control territorial.
Todos esto que tecnocráticamente denominan economía sombra, es economía política y relaciones de poder. Se expresa en poderes que habitan en la frontera de la ilegalidad y la emergencia social, según estimaciones, estas economías mueven miles de millones de dólares, rozando el 30% del PIB de muchos países latinoamericanos. Para Bolivia, solo en contrabando, según el Swissinfo, se mueven alrededor de 3.300 millones de dólares anuales. En minería, el sector productivo más gris, incluso tomando registros de exportación, el valor puede superar los 5.500 millones de dólares (incluyendo el oro como componente crítico y conflictivo). En coca, los datos técnicos oficiales/ONUDI muestran la expansión reciente del área cultivada solo las zonas bajo control (35.000 hectáreas en 2025), lo que no prueba por sí solo montos monetarios, sino confirma la base material de una economía ilegal con alta capacidad de derrame económico. Sobre narcotráfico, hay un problema de cifras muy complejo, los montos “exactos” suelen ser dependientes del tipo de interés de la información, no hay dato fundamentado en evidencias; empero la literatura especializada coincide en algo más importante que el número, los volúmenes y la clandestinidad. La narcoeconomía tiende a crear liquidez no controlada y presiones macroeconómicas difíciles de modelar desde la política pública, la UIF del gobierno de Morales en 2019, coincidiendo con los estudios del CEDLA 2023, sostenían que en el sistema financiero formal hay más de 2800 millones de dólares que circulan sin determinación del origen, y que estos recursos están vinculados a la economía ilegal del narcotráfico. Ese “dinero paralelo” sostiene en gran medida el consumo, el mercado de inmuebles y la construcción, al mismo tiempo, corroe instituciones, seguridad y capacidad fiscal. En consecuencia, esto se explica por qué en las cuentas nacionales la crisis es evidente, pero a la vez, hay dinamismo en el mercado más allá del endeudamiento de emergencia del gobierno. La clave es que el dinamismo no se explica en los indicadores macroeconómicos del Estado, sino en la microeconomía de las comunidades y territorios ligados a un múltiple sistema de estrategias económicas articuladas a la ilegalidad o, por lo menos, a la irregularidad.
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Ahora, cuál es la diferencia de la economía irregular de Bolivia y Perú frente a otros países de la región, como Chile, que es del 25% de economía informal; por una parte, el peso histórico y político de la economía paralela en Bolivia se caracteriza no solo por tener economía irregular de precariedad y subsistencia; se trata de un ecosistema con capacidad de financiar circulación, movilidad social, patronazgos, campañas, prestigio, fiesta, y también violencia. Por otra parte, controlan territorios, la informalidad boliviana y peruana no solo nace de un Estado endeble desde siempre; nace de países físicamente desestructurados y con mercados nacionales sin control efectivo. Se trata de archipiélagos económicos soportados en estructuras políticas y sociales paralelas al orden estatal.
Ambos países no están hechos en una estructura geográfica articulada e integrada. Sus pisos ecológicos entrañan no solo diferencias en su condición natural: puna, valles, cabeceras de monte, semiáridos y trópicos infinitos. No comparten “un mismo paralelo geográfico” productivo. No comparten una continuidad geográfica que facilite especialización regional con integración fluida. Esto no solo desintegra las regiones, sino que crea modos de ser, hacer y pensar diferentes. John Murra, en los setentas llamó desde el análisis cultural son “archipiélagos verticales”, sociedades que, para sobrevivir y prosperar, no se expanden en sentido continuo, sino se encierran en enclaves complementarios distintos a través de pisos ecológicos, interconectados por corredores intermitentes e interacciones conflictivas. Esa racionalidad histórica produce una política económica de redes dispersas, parentescos extendidos, ferias, trueques, rutas, mediaciones complejas. Es decir, produce sociedades cerradas y desintegradas, archipiélagos, con Estados incapaces de dar cuenta de las lógicas internas de esos territorios socioculturales y geográficos.
En Europa, con todas sus guerras por recursos y territorios, hubo una ventaja material fundamental, según Jared Dyamond, la mayor continuidad de climas y llanuras en amplias zonas, y una conectividad más “barata” para consolidar mercados nacionales y, luego, mercados supranacionales. Europa pudo apropiarse y adaptar técnicas, productos y conocimientos del Asia y Africa por rutas relativamente estables y, sobre todo, por la capacidad de convertir esas transferencias en instituciones duraderas decantando del capitalismo occidental.
En los Andes y Amazonía, el territorio fragmenta el intercambio. Las montañas y selvas no son metáfora, son infraestructura natural que encarece la acción del Estado unitario y autoritario. Y si el Estado se vuelve caro e ineficaz, la sociedad hace lo que siempre hizo, inventará atajos, es por instinto natural que ante la dominación el dominado resista de formas insospechadas.
A eso se suma un hecho “técnico” que es político, ser mediterráneo es el sino del encierro y la incapacidad de mirar horizontes amplios. Informes de Naciones Unidas sobre países sin litoral muestran, de manera consistente, que el aislamiento y la dependencia de corredores externos elevan costos logísticos y reducen competitividad. En Bolivia eso se traduce en algo muy completo más incentivos al contrabando (porque el diferencial de costos y tiempos lo vuelve racional), más tolerancia social a la informalidad (porque la formalidad no entrega beneficios equivalentes), y más distancia entre economía de la gente y economía fiscal.
Por eso las celebraciones populares no “leen” la crisis como el Banco Central, ministerio ni de los intelectuales. No porque el pueblo sea irresponsable o poco “patriota”, sino porque la fiesta y el derroche es también economía, redistribuye, activa servicios, mueve cadenas comerciales, condensa capital social, y opera como válvula de un orden donde el Estado no cumple el contrato, solo vigila. En un país donde el Estado fue imperial, colonial o republicano sin presencia efectiva en el bienestar cotidiano, la sociedad desarrolló un músculo, autogestión para superar al estado lastre, no tranca.
El problema es que esa autogestión y ese despilfarro, cuando se apoya en circuitos ilícitos, extractivos y explotadores, produce dinamismo efímero. Sostiene el presente, pero erosiona el mañana, desinstitucionaliza, normaliza violencia económica, la explotación y reemplaza ciudadanía por supervivencia y la gente por objetos.
Si queremos que esta paradoja no termine en distopía (un Estado débil administrando una economía dinámica pero paralela), el debate tampoco es no es moralizar al informal con retóricas artificiosas como la “patria” y el capitalismo para todos. Es reconstruir incentivos y capacidades, logística e integración territorial, productividad real, tributación con legitimidad, y un Estado que deje de ser un aparato que llega tarde para dar y proteger y temprano para prohibir y cobrar.
PhD. José Luis Laguna Quiroga/Sociólogo con Doctorado en Psicología Educativa por la Universidad de Barcelona y Máster en Antropología Social por la FLACSO del Ecuador